El rechazo frontal de las comunidades gobernadas por el Partido Popular a participar en el reparto de menores migrantes o a aplicar políticas sociales acordadas en conferencias sectoriales no es un episodio aislado: es la expresión de una estrategia deliberada de confrontación institucional. La fragmentación territorial ya no viene sólo por la tensión con el independentismo, sino por un uso partidista del poder autonómico desde el interior del sistema. El PP, en su pulso con el Ejecutivo central, ha convertido las autonomías en trampolín de oposición, desnaturalizando su función de gobierno.
Barones insolidarios, la autonomía se convierte en barricada
La negativa de varias comunidades populares a acoger menores migrantes no acompañados —ni siquiera con la financiación garantizada por el Estado— ha sido el último capítulo de una larga serie de desplantes. La política autonómica del PP no responde ya a la gestión de competencias propias, sino a una estrategia de boicot coordinado contra el Gobierno central. Los barones de Madrid, Castilla y León, Andalucía o la Comunidad Valenciana no buscan aplicar su programa, sino entorpecer el del adversario político, aun a costa de desatender sus propias obligaciones constitucionales.
Esa resistencia ha quedado patente también en la aplicación de leyes como la de Vivienda o en programas de impulso a la dependencia. Todo lo que emana del Ejecutivo central se trata como una imposición ilegítima, incluso cuando se debate en órganos multilaterales como las conferencias sectoriales o el Consejo Interterritorial. El mensaje que se lanza es claro: el interés de partido está por encima del bien común. La autonomía, lejos de ser vehículo de autogobierno, se convierte en muro de contención ideológica.
Lo más grave es que esta actitud socava los principios básicos del Estado autonómico, que se basa en la corresponsabilidad y la cooperación. Lo que debería ser una arquitectura flexible y solidaria se pervierte cuando un bloque territorial actúa con lógica de oposición permanente. El PP, que tanto invoca la unidad de España, promueve en realidad un modelo centrífugo, donde el poder autonómico se usa para crear fricciones, no soluciones.
Feijóo y su doble discurso territorial
Alberto Núñez Feijóo, que construyó su perfil político al frente de una comunidad históricamente moderada como Galicia, ha renunciado por completo a un discurso de Estado en materia territorial. Su liderazgo ha sido incapaz de frenar —y en ocasiones ha alentado— una deriva baronal que confunde descentralización con insubordinación. En lugar de establecer una posición común que articule el papel del PP en el marco autonómico, Feijóo ha optado por el silencio o el aplauso, según sople el viento.
Madrid y Castilla y León han impuesto su línea dura, marcando el paso al resto del partido. Mientras Ayuso convierte la capital en un laboratorio de insumisión permanente, Mañueco se suma a la cadena de obstáculos, incluso en cuestiones como la acogida de menores vulnerables, donde el coste político de la oposición debería ser evidente. Ese bloque insolidario ha contaminado el discurso nacional del PP, que ha dejado de aspirar a gobernar para el conjunto del país y se conforma con azuzar las trincheras de sus feudos.
El resultado es un modelo territorial cada vez más disfuncional, en el que el mapa político marca las reglas de convivencia institucional. Las comunidades populares no sólo han roto los puentes con el Gobierno central, sino también con el resto de autonomías, minando la posibilidad de pactos de Estado o acuerdos interterritoriales. En lugar de fortalecer el autogobierno, lo han degradado. En vez de cohesionar el país, lo fragmentan. Y todo, en nombre de una estrategia de desgaste que pone el sistema autonómico al servicio de la polarización.
España no se rompe por los bordes: se deshace desde dentro, cuando quienes tienen la responsabilidad de gobernar deciden usar su poder para bloquear. Y hoy, el mayor peligro para la estabilidad institucional no está en los extremos, sino en el centro de la derecha.