Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a levantar polémica al celebrar el archivo de la causa contra el productor Nacho Cano con un discurso que mezcló victimismo político, alusiones a la dictadura franquista y acusaciones infundadas de censura. Pero ¿hubo realmente una persecución política o simplemente se trató de un asunto laboral investigado por la Justicia?
Lo que dice Ayuso… y lo que realmente pasó
La presidenta madrileña aseguró este viernes que el compositor sufrió una “censura” como “ni con la dictadura franquista”, y denunció una supuesta “persecución” por sus ideas políticas. Sin embargo, la realidad del caso es mucho más mundana. La denuncia que motivó la investigación tenía que ver con supuestas irregularidades en la contratación de jóvenes mexicanos para su espectáculo ‘Malinche’, algo que cualquier empresa o promotor estaría obligado a explicar ante la ley.
La Audiencia Provincial ha archivado provisionalmente el caso porque considera que no se probó ninguna intención de vulnerar la normativa migratoria. Fin del asunto. No hay condena, pero tampoco se demostró que la denuncia fuera una maniobra política. No hubo censura ni represión. Hubo una denuncia y una investigación que no prosperó. Eso es exactamente cómo debe funcionar un estado de derecho.
Nacho Cano no ha sido silenciado
Contrario a lo que afirma Ayuso, a Nacho Cano no se le ha prohibido hablar. Ha concedido entrevistas, ha llenado titulares, ha mantenido en cartel su espectáculo y, lejos de perder dinero, lo ha rentabilizado con creces. Nadie le ha clausurado el teatro. Nadie le ha multado. Nadie ha censurado sus letras o su escenografía. No ha sufrido ningún tipo de sanción administrativa ni judicial. Entonces, ¿qué tipo de censura es esta?
Si estuviéramos en una dictadura como la que Ayuso menciona, Cano no solo no habría sido investigado, sino que probablemente estaría recibiendo reconocimientos oficiales y recursos públicos. En los regímenes autoritarios, los artistas afines al poder no son molestados: son usados como propaganda.
¿Y las disculpas, señora Ayuso?
La presidenta ha exigido que “muchos deberían pedir disculpas” por haber dudado de Cano. Pero se olvida de su propio historial. Son incontables las veces que Díaz Ayuso ha acusado al Gobierno de España de mentir, de manipular, incluso de actuar contra la Constitución, sin aportar pruebas. ¿Cuántas veces ha pedido perdón cuando sus afirmaciones han sido desmentidas o desmontadas por los hechos?
Ayuso se indigna por una denuncia que ha sido archivada, pero nunca ha mostrado el mismo nivel de preocupación cuando miembros del Gobierno de España han sido víctimas de bulos, campañas de difamación o acoso en redes alimentado desde sectores afines a su partido.
Un caso más de retórica victimista
No es la primera vez que Ayuso acusa a los “poderes del Estado” de actuar contra quienes no piensan como el Gobierno. Es una estrategia conocida: presentarse como víctima de un sistema que, en realidad, ella misma gobierna en su comunidad. Utiliza un lenguaje extremo, cargado de referencias históricas que banalizan las auténticas tragedias del pasado —como la dictadura franquista— para sacar rédito político.
Pero la justicia ha hablado: el caso se archiva no porque Cano haya sido víctima de una conspiración, sino porque no se han hallado pruebas suficientes para procesarlo. Y eso también es una victoria del Estado de Derecho.
Cultura sí, pero con reglas
Nacho Cano es libre de expresar sus ideas políticas y de producir espectáculos como ‘Malinche’, como cualquier otro artista. Pero también está obligado a respetar las leyes laborales y migratorias, igual que cualquier empleador. Que haya sido investigado no es persecución: es garantía de que todos están sometidos a las mismas normas, incluso los amigos de Ayuso.
Reclamar un trato de excepción por ser artista es lo contrario a lo que debe representar una sociedad democrática. La cultura no está por encima de la ley. Lo preocupante sería lo contrario: que por ser famoso, nadie se atreviera a hacerle preguntas.
Un gobierno serio no incendia con fantasmas
Comparar una investigación judicial con la censura de una dictadura es irresponsable. Y más aún si se hace desde una institución pública. Ayuso debería ser la primera en defender la independencia judicial y el funcionamiento normal del sistema. Pero ha elegido la confrontación, la exageración y el revisionismo histórico para tapar lo evidente: que no hay censura, sino una narrativa fabricada para atacar al Gobierno central.
La causa contra Nacho Cano no debería haber generado esta tormenta política. Se trata de un caso más entre miles que examina la Justicia española cada año. Lo que es verdaderamente grave es que desde una presidencia autonómica se utilice este archivo para deslegitimar el sistema democrático con alusiones peligrosas al franquismo. Y, además, que se usen estos discursos para blindar a sus aliados de cualquier tipo de crítica o control legal.
Ayuso no defiende la libertad de expresión, sino la impunidad de sus afines. Y lo hace a costa de confundir a la ciudadanía con conceptos erróneos sobre lo que es censura, justicia y democracia. Porque en este caso, lo que se ha archivado no es una conspiración, sino una denuncia laboral. Y eso, guste o no, también es parte del funcionamiento de un país libre.