El apagón eléctrico que afectó a gran parte de España durante el lunes ha dejado al descubierto la falta de capacidad de gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Mientras otras comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana han desactivado el nivel 3 de emergencia tras restablecerse el suministro eléctrico, Ayuso optó por mantener la situación en Madrid en su nivel más alto, una decisión que ha sido duramente criticada por su falta de previsión y por no gestionar la crisis de manera eficiente.
Desde el pasado lunes, varios territorios del país pasaron a niveles inferiores de emergencia una vez que se recuperó la normalidad en sus infraestructuras críticas. Sin embargo, Madrid y Extremadura fueron las únicas comunidades que no solicitaron rebajar la alerta. Mientras que, en la Junta de Extremadura, la presidenta María Guardiola decidió esperar hasta garantizar la estabilidad total del sistema eléctrico, Ayuso argumentó que todavía era "pronto" para dar por solucionado el problema.
Incomprensible que todavía estemos en nivel 3
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, no tardó en calificar de "incomprensible" esta postura. Martín destacó que la Comunidad de Madrid ya había recuperado "la práctica normalidad", lo que hacía innecesaria la prolongación de la emergencia. "Es un claro ejemplo de la incapacidad del Gobierno madrileño para gestionar una emergencia de esta índole", afirmó, refiriéndose a una situación que había sido superada en otras regiones. Además, la crítica se profundizó al señalar que el propio Gobierno regional había sido quien solicitó el nivel 3 de emergencia al inicio de la crisis, pero ahora se negaba a dar el paso hacia su desescalada.
La crítica hacia Ayuso también vino de los socialistas madrileños. Desde el PSOE-M, se sostuvo que la presidenta había solicitado la emergencia nacional porque no podía asumir la gestión de la crisis. "En menos de 24 horas, el suministro eléctrico se restableció en la mayor parte del país, pero Ayuso pidió la emergencia nacional por su incapacidad para manejar la situación", señalaron, agregando que la gestión de la crisis por parte del Gobierno central había sido mucho más eficiente que la de la Comunidad de Madrid. Esta afirmación subraya la desconfianza en la capacidad de Ayuso para manejar situaciones de emergencia, lo que se ve reflejado en su actitud de no asumir las riendas cuando la situación se había estabilizado.
Es mejor esperar para atacar al Gobierno
A pesar de las críticas, Ayuso se mantiene firme en su postura de no rebajar la emergencia. Según ella, "es mejor esperar unas horas para ver cómo evoluciona la situación". Esta decisión, sin embargo, está lejos de ser un acto de prudencia. Más bien, parece reflejar una falta de liderazgo claro, una incapacidad para adaptarse a la normalización de los servicios y una falta de confianza en los propios mecanismos de gestión que debían haberse activado para garantizar la estabilidad. Si bien es cierto que la seguridad de la infraestructura eléctrica es crucial, el mantenimiento de la alerta máxima en Madrid parece más una justificación para no reconocer que la crisis ya ha quedado atrás, sin que se haya generado un plan efectivo para la transición hacia la normalidad.
El panorama de descoordinación se agudiza si se analiza la situación en otros territorios que ya han desescalado la emergencia. En comunidades como Murcia, Castilla-La Mancha y La Rioja, se ha solicitado formalmente la retirada del nivel 3, y el Ministerio del Interior ha dado el visto bueno a la desactivación. Estos territorios, con la situación bajo control, han demostrado una capacidad de gestión que contrasta con la pasividad que parece caracterizar al Gobierno de Madrid. Es especialmente llamativo que el único obstáculo para el fin de la emergencia en Madrid sea la decisión personal de Ayuso, mientras que en otras comunidades autónomas se ha actuado de forma eficiente, reduciendo la incertidumbre y priorizando la normalización cuanto antes.
Ayuso es incapaz de aceptar cambios
Este comportamiento de Ayuso deja en evidencia un patrón recurrente en su gestión de las emergencias, un patrón que subraya la falta de capacidad para adaptarse a los cambios y coordinar con otras administraciones. De hecho, la postura de mantener el nivel 3 de emergencia en Madrid también pone en duda su capacidad para gestionar situaciones similares en el futuro, ya que la crisis eléctrica de la semana pasada, aunque grave, no debería haber representado un desafío insuperable.
Las críticas hacia Ayuso se centran en su continua negación de asumir responsabilidades y en su falta de disposición para compartir el liderazgo de la emergencia con el Gobierno central. A pesar de la rápida resolución de la crisis en muchas otras regiones, la presidenta madrileña ha optado por no liderar el proceso de desescalada, lo que ha generado una sensación de desconcierto e ineptitud. En lugar de fortalecer la gestión autonómica, su actitud parece estar enraizada en un miedo a perder el control político ante el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que obstaculiza una gestión más eficaz y cohesionada.
En este sentido, el papel del Gobierno central también ha sido crucial. Pedro Sánchez y su equipo se hicieron cargo de la situación en las comunidades que lo solicitaron, destacando la agilidad con la que se gestionó la restauración de los servicios esenciales. Sin embargo, Ayuso ha demostrado una vez más que su prioridad no es la gestión del bienestar de los ciudadanos, sino la disputa política. La normalización de la situación en otras autonomías pone de manifiesto la descoordinación en Madrid, donde la crisis parecía convertirse en una oportunidad para mantener el nivel de alerta y con ello justificar la gestión regional.
En conclusión, la postura de Ayuso de no solicitar la degradación del nivel 3 de emergencia es una decisión que pone de manifiesto su falta de capacidad de gestión y su descoordinación en momentos de crisis. En lugar de asumir la normalización de la situación y liderar con responsabilidad, ha preferido mantener el nivel máximo de alerta, lo que solo ha generado más incertidumbre y desconfianza en la Comunidad de Madrid. Esta actitud, que no responde a las necesidades de los ciudadanos, deja claro que la presidenta madrileña sigue siendo incapaz de gestionar una emergencia de forma eficaz.