El máster en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) dirigido por Begoña Gómez es una de las cuestiones que están siendo instruidas por el juez Juan Carlos Peinado en la causa abierta por la presunta comisión de los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.
Independientemente de lo que dictamine la Justicia, sea favorable o no a los intereses de Pedro Sánchez, la realidad es que el hecho de que haya un máster en una universidad pública, dirigido por la esposa del presidente del Gobierno, que capta dinero de empresas que, de una manera u otra, tienen relación con el Estado del que su marido es la máxima figura política, no huele muy bien desde un punto de vista ético.
Si además se junta la rentabilidad de dicho programa, entonces el asunto toma otro cariz. La propia Complutense decidió en septiembre no renovar el máster de Begoña Gómez porque la universidad se vio gravemente perjudicada en su prestigio. A esto hay que sumar que la formación ofrecida por el máster de la esposa del presidente del Gobierno tenía «baja demanda y poco interés» por parte del alumnado.
La resolución de la Complutense la hizo pública esta semana la Cadena Ser y en ella se exponen múltiples motivos que justifican que la universidad decidiera quitarse de en medio a Begoña Gómez. El máster en cuestión tenía tan poco interés que sufrió múltiples cancelaciones de cursos por falta de demanda social.
Hay que recordar que la matrícula para el máster de Begoña Gómez tenía un coste para los alumnos de 7.200 euros. Según la información de La Ser, los cursos online y semipresenciales de todas las ediciones fueron cancelados por falta de alumnos y en las cuatro ediciones presenciales el número de matriculados siempre se ha quedado por debajo de la oferta de 20 alumnos. 14 en la primera edición, 10 en la segunda y 10 en la cuarta.
A todo lo anterior hay que sumar que no era rentable desde un punto de vista económico. El máster de Begoña Gómez provocaba pérdidas a una universidad pública que tiene que lidiar cada día de su existencia con los recortes presupuestarios.
La Comisión de Formación Permanente de la Universidad afirmó que el dinero recibido por el canon «no llegan a cubrir los costes directos e indirectos generados por la actividad del Máster». En consecuencia, «no concurren las condiciones mínimas necesarias de interés público que este órgano entiende precisas para justificar el desarrollo del Título», afirma contundentemente la Complutense.