Hoy debería conocerse la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid sobre si ordena al juez Juan Carlos Peinado archivar la instrucción de la causa abierta contra Begoña Gómez por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios o si, por el contrario, decide que el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid continúe con su investigación.
Decida lo que decida la Audiencia, Begoña Gómez ya es culpable, no desde un punto de vista legal, que eso lo tendrá que determina la Justicia, sino desde la moral y la ética que los representantes públicos y sus familias están obligados a respetar. Por salud democrática, la violación de esos principios debería ser causa suficiente para asumir responsabilidades políticas.
Eso sí, si la Audiencia Provincial de Madrid decide ordenar a Peinado el archivo de la causa eso no significará que, desde un punto de vista legal, la esposa de Pedro Sánchez sea inocente ni, por supuesto, que todas las informaciones que fueron el primer soporte de la denuncia presentada contra ella sean falsas. Ya hay una sentencia que demuestra que lo publicado por medios de comunicación serios es cierto y, en consecuencia, la demanda interpuesta por Begoña Gómez contra ese diario digital fue desestimada con condena en costas.
Del mismo modo, el hecho de que la información publicada por El Confidencial sea cierta, tampoco implica que Begoña Gómez haya cometido un delito y que su posicionamiento en favor de un empresario en un concurso público pueda entrar en los límites de lo legal.
Lo que no deja lugar a la duda es que Begoña Gómez es culpable desde la moral y la ética que se exige al cónyuge (sea hombre o mujer) de un presidente, primer ministro o jefe del Estado.
En política los conceptos «legal» y «ético» deberían ir cogidos de la mano aunque, como se ha mostrado en múltiples ocasiones, no es así, al menos en España.
Legal, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa «prescrito por ley y conforme a ella». Ético, por su parte, es definido por la RAE en su segunda acepción como «recto, conforme a la moral». En la política española ya hay demasiados ejemplos de comportamientos que son perfectamente legales pero no éticos y que deberían haber provocado, en primer lugar, el sonrojo y, en segundo lugar, la asunción de responsabilidades políticas y la dimisión.
Sin embargo, en España no ocurre así. Muchos políticos españoles o sus familiares ya se han acostumbrado a tener actuaciones poco éticas pero amparadas por los diferentes códigos legislativos. Esta legalidad es la coartada perfecta para quienes se aprovechan de su cargo para medrar y ganar un dinero lícito pero amoral y en política es mucho más importante la ética de los comportamientos que el ceñirse al espíritu de cualquier ley.
La integridad es uno de los pilares sobre los que se sostiene la confianza ciudadana porque los políticos éticos actúan en base al compromiso de adoptar sus decisiones en base a principios morales sólidos que priorizan los intereses colectivos por encima de los beneficios personales.
En el Caso Begoña Gómez, desde un punto de vista exclusivamente ético y moral, se han traspasado las mismas líneas rojas que los políticos del Partido Popular del pasado. No es ético que la esposa del presidente del Gobierno reciba patrocinios de empresas que, de un modo u otro, tienen relación con el Estado, ya sea por el hecho de ser contratistas, por haber recibido subvenciones o inyecciones de dinero público o por, directamente, tener participación pública en su accionariado. Puede ser legal, pero no es moral.
En el pasado, tampoco lo fue, por ejemplo, que el exdirigente del PP, Vicente Martínez Pujalte, hiciera asesoramientos remunerados a empresas constructoras mientras ocupaba un escaño del Congreso de los Diputados. Era legal, pero, desde luego, no ético.
Sin embargo, esto no es una cuestión ideológica porque si el análisis se hace desde ese punto de vista, se comete un error subjetivo gravísimo, porque los estándares éticos y morales de la clase política y de sus familias se sustentan en la limpieza absoluta de su acción pública. Alfonso Guerra dimitió por los chanchullos de sus hermanos. Ese es el nivel mínimo de ética democrática que se exige a un político.
En España no es así. Las huestes ideologizadas exigen al contrario lo que no hacen a los suyos. Es patético y si se pierde la exigencia propia, entonces todo está perdido porque no habrá un contrapeso ni fuerza alguna para hacer cumplir con lo mínimo que se le exige a un político.
Por eso Begoña Gómez sí es culpable desde la ética y la moral. El resto, lo decidirán los jueces… y eso da mucho miedo.