Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y Justicia, no se ha andado con rodeos en su última intervención en el Congreso. Con un discurso duro y directo, ha lanzado graves acusaciones contra Isabel Díaz Ayuso, su pareja, Alberto González Amador, y el juez Fernando Peinado, a quienes ha señalado como los artífices de un entramado de corrupción que utiliza la justicia para proteger sus intereses y atacar al Gobierno central.
Un discurso contundente contra Ayuso y su entorno
Durante su intervención, Bolaños criticó sin tapujos la estrategia del Partido Popular en Madrid, y en especial la de Ayuso, acusándola de utilizar su posición para manipular la justicia y proteger a su pareja de las acusaciones fiscales que enfrenta. “Lo que estamos viendo es un uso desvergonzado de las instituciones para beneficiar a los amigos del poder”, afirmó el ministro. “La presidenta y su entorno no solo manipulan a la justicia, sino que además utilizan a medios afines para propagar mentiras y bulos, creando un clima de desinformación y crispación”, añadió.
Bolaños acusó a Ayuso y a su pareja, González Amador, de intentar desviar la atención mediática y judicial sobre las irregularidades fiscales de este último. “El empresario no solo cometió delitos fiscales, sino que, además, busca convertir en culpables a quienes cumplen con su deber, atacando directamente a la Fiscalía por hacer su trabajo”, subrayó el ministro.
El respaldo del Gobierno a García Ortiz
En medio de esta controversia, el ministro también defendió al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien ha sido imputado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos. Bolaños respaldó su actuación, justificando que la revelación de ciertos correos electrónicos fue necesaria para desmentir las falsedades propagadas por la pareja de Ayuso. “¿De verdad puede ser delito contar la verdad?”, cuestionó el ministro, señalando que la imputación es un ataque directo a quienes buscan hacer justicia en un contexto de manipulación y mentiras orquestadas desde la Comunidad de Madrid.
El ministro fue claro: “La Fiscalía cumplió con su deber de proteger la verdad, desmintiendo las acusaciones falsas lanzadas desde el entorno de Ayuso y su pareja”. Bolaños dejó claro que el Gobierno se alinea con los fiscales que defienden la justicia y no con “delincuentes confesos”, en una referencia directa a las acciones del empresario González Amador.
Peinado, el juez bajo sospecha
Uno de los puntos más álgidos del discurso de Bolaños fue su ataque al juez Fernando Peinado, a quien acusó de estar al servicio de los intereses políticos del Partido Popular en Madrid. “Es inadmisible que un juez con claras conexiones con el PP actúe como un peón en el tablero político de Ayuso y su pareja”, afirmó el ministro. Según él, Peinado ha demostrado en repetidas ocasiones su parcialidad y su disposición a favorecer las decisiones que benefician a la presidenta madrileña y a su entorno.
Bolaños enfatizó que la independencia judicial en Madrid está en peligro, dado que hay jueces que, en lugar de actuar con imparcialidad, se ponen al servicio de quienes les garantizan un futuro político. “Peinado no está impartiendo justicia, está protegiendo a quienes le conviene. Y eso, en un estado de derecho, es intolerable”, sentenció.
Las maniobras de Ayuso y su pareja: una estrategia calculada
Bolaños también acusó a Ayuso y a González Amador de orquestar una campaña de desinformación para desviar la atención de los delitos fiscales del empresario. “La estrategia es clara: utilizar su posición de poder y sus conexiones mediáticas para atacar a la Fiscalía y a cualquier institución que se atreva a investigar las irregularidades de su entorno”, explicó.
El ministro recordó que el empresario admitió en sus comunicaciones con la Fiscalía haber cometido delitos fiscales, y que fue su abogado quien negoció un pacto de conformidad. “La Fiscalía se limitó a exponer la verdad de los hechos, algo que parece intolerable para quienes están acostumbrados a actuar en la sombra”, insistió.
Además, Bolaños defendió la actuación de la Fiscalía, destacando que la emisión de la nota informativa fue necesaria para contrarrestar las mentiras propagadas por el entorno de Ayuso. “El bulo no forma parte de nuestra política”, afirmó el ministro, criticando duramente el uso de la desinformación por parte del PP para atacar al Gobierno.
El Gobierno se mantiene firme: "Apoyamos a quienes dicen la verdad"
Pese a las críticas y la presión mediática, el Gobierno central, con Bolaños a la cabeza, ha decidido apoyar firmemente al Fiscal General del Estado. En respuesta a las peticiones de dimisión que han surgido desde asociaciones fiscales y partidos de la oposición, Bolaños reiteró su respaldo a García Ortiz y defendió su actuación. “Entre quienes defienden la verdad y quienes construyen un relato falso para proteger a los delincuentes, el Gobierno se queda con los primeros”, aseveró.
La vicepresidenta María Jesús Montero también respaldó a García Ortiz, rechazando las acusaciones de manipulación. “No se puede demonizar a la Fiscalía por hacer su trabajo, por desenmascarar las mentiras de Ayuso y su entorno”, dijo. Montero insistió en que el Gobierno seguirá defendiendo la labor de la Fiscalía, que, según ella, “se limitó a defender la verdad y a desmentir las falsedades propagadas desde la Comunidad de Madrid”.
Un escenario político y judicial en tensión
Las palabras de Bolaños han avivado aún más la batalla política entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid. El Partido Popular, con Ayuso a la cabeza, ha respondido calificando las declaraciones del ministro como “infundadas y desesperadas”, alegando que se trata de un intento por parte del Gobierno de desviar la atención de sus propios problemas judiciales.
Sin embargo, las acusaciones de Bolaños, respaldadas por documentos y pruebas que apuntan a una manipulación de la justicia en favor de la presidenta madrileña y su pareja, han puesto en el centro del debate la independencia del sistema judicial en Madrid. La gravedad de estas afirmaciones y las implicaciones que tienen para el PP en uno de sus bastiones más importantes podrían marcar un punto de inflexión en la política española.