Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid han anunciado que retoman este lunes 25 de agosto la huelga, esta vez sin fecha de finalización, en protesta por la falta de avances en sus condiciones laborales y la ausencia de un convenio propio. La decisión llega en plena temporada de incendios, cuando la presión sobre estos profesionales es máxima y su labor resulta clave para proteger los montes y los municipios cercanos.
Los trabajadores denuncian que llevan años reclamando una mejora sustancial de sus condiciones, sin que la empresa pública Tragsa —encargada de gestionar el servicio— ni la Comunidad de Madrid hayan ofrecido soluciones concretas. La plantilla mantiene una situación laboral caracterizada por la temporalidad, salarios insuficientes y carencias en infraestructura y seguridad laboral. “No hemos recibido ninguna respuesta clara ni compromisos firmes”, aseguran desde el comité de empresa.
Rechazo al convenio de las BRIF
Uno de los puntos de mayor conflicto es la propuesta de adherirse al convenio de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF), gestionadas por el Ministerio para la Transición Ecológica. Los bomberos madrileños han rechazado de plano esta opción, argumentando que los servicios y las condiciones de las BRIF son distintos a los de la Comunidad de Madrid. Según el comité, acogerse a este convenio solo aumentaría la inseguridad jurídica y no resolvería los problemas de precariedad que arrastran desde hace años.
Los sindicatos UGT, Firet y CGT coinciden en que la negociación de un convenio propio es ineludible. Reclaman la actualización de salarios congelados desde 2010, la reducción de la temporalidad que afecta a alrededor de 200 de los 500 efectivos y la mejora de las condiciones de trabajo para garantizar la seguridad y salud laboral en un puesto altamente expuesto a riesgos físicos y químicos.
Un conflicto con raíces profundas
La huelga de los bomberos forestales madrileños no es nueva. El pasado 15 de julio iniciaron un paro que se prolongó hasta el 15 de agosto, con servicios mínimos del 80% para garantizar la atención de emergencias críticas. Durante ese mes, los trabajadores exigieron el reconocimiento de su categoría profesional, la renovación de bases deterioradas y la creación de una plantilla estable que permita una carrera profesional digna dentro de la administración regional.
Huelga indefinida a la vista: el conflicto laboral de los bomberos forestales madrileños se intensifica
El pasado viernes, la Comunidad de Madrid y Tragsa celebraron una reunión preparatoria para abordar el conflicto, programando un encuentro tripartito con el comité de empresa el jueves 28 de agosto. Sin embargo, los bomberos han decidido iniciar la huelga antes de esta cita, alegando que aún no se ha comunicado ningún avance tangible y que las promesas anteriores no se han materializado.
“Necesitamos certezas y compromisos claros. No basta con promesas de mejora: queremos un convenio que refleje nuestro trabajo y nos permita vivir dignamente en la región más cara de España”, explican desde el comité.
Condiciones laborales
En Madrid trabajan unos 500 bomberos forestales, de los cuales 350 lo hacen en temporada baja. Gran parte de la plantilla tiene contratos temporales que no cubren todo el año, lo que genera inestabilidad y dificulta la planificación profesional y personal de estos trabajadores. Además, los bomberos denuncian que la exposición a humo, productos químicos y altas temperaturas no está acompañada de la protección adecuada frente a riesgos de salud a largo plazo, como la toxicidad o la penosidad de su labor.
Otro aspecto reclamado es la modernización de las bases y la mejora de las instalaciones, muchas de ellas sin renovaciones significativas en más de dos décadas. Los bomberos argumentan que estos espacios deben ofrecer condiciones seguras y funcionales para garantizar tanto su seguridad como la eficiencia en la respuesta ante incendios.
El papel de Tragsa y la Comunidad de Madrid
Tragsa, empresa estatal que depende de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), gestiona la contratación de los efectivos y asegura que implementará las mejoras que se recojan en el nuevo encargo del servicio. La Comunidad de Madrid, por su parte, ha señalado que la actualización presupuestaria para 2026 incluirá 32 millones de euros destinados a la prestación del servicio durante todo el año, con un aumento de 4 millones respecto al gasto actual.
A pesar de estas declaraciones, el comité insiste en que sin un convenio colectivo que garantice derechos, salarios y condiciones, cualquier medida sigue siendo insuficiente. La discusión sobre la posibilidad de aplicar el convenio de las BRIF ha generado fricciones con la Consejería de Medio Ambiente, que defiende la legalidad de esta opción, aunque reconoce que su aplicación no resolvería la temporalidad ni la precariedad de los trabajadores locales.
Los bomberos forestales han dejado claro que la huelga será indefinida hasta que se logren avances concretos y verificables. El encuentro del jueves 28 se percibe como un paso necesario, pero no suficiente, para alcanzar una solución definitiva. Mientras tanto, la población madrileña sigue dependiendo de unos profesionales que, a pesar de la situación de conflicto, continúan garantizando la protección ante incendios en la región.
El conflicto pone sobre la mesa la dificultad de conciliar la gestión pública con la estabilidad laboral en servicios esenciales y evidencia la necesidad de actualizar convenios antiguos, mejorar las condiciones salariales y garantizar la seguridad en entornos de alto riesgo. Para los bomberos forestales, la huelga no es una elección, sino una necesidad ante años de promesas incumplidas y precariedad laboral.