La decisión del Gobierno andaluz de suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio, sumándose a las medidas tomadas por otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, favorece a las rentas y patrimonios más elevados, no mejora la recaudación en el IRPF, incurre en dumping fiscal de unas comunidades frente a otras e incide en la pérdida de igualdad, de equidad fiscal y de la capacidad de financiar políticas públicas, inversión y gasto público, según informes de Comisiones Obreras. En definitiva, se trata de una medida que atenta claramente contra el Estado de bienestar, ya que esquilma la capacidad recaudatoria del Estado y afecta al funcionamiento de los servicios públicos como la Sanidad, la Educación y los transportes.
El Partido Popular, ante la proximidad de las elecciones, ha iniciado una agresiva y demagógica campaña de propaganda para convencer a los españoles de que se pueden bajar los impuestos sin destrozar el Estado de bienestar, lo cual es rotundamente falso. La desinformación y el bulo vuelven a calar una vez más en el electorado y es preciso analizar, una por una, cada falacia que la derecha propala sobre este tributo.
En primer lugar, es de puro sentido común que tras la eliminación del Impuesto de Patrimonio habrá menos dinero en las arcas oficiales y por tanto menos presupuesto para atender a las necesidades de los ciudadanos. A menor recaudación menos dinero para gastar. No hace falta ser economista para entender esto.
Otro bulo que están propagando los políticos de la derecha española, los líderes mediáticos y la patronal consiste en que el impuesto de Patrimonio es una medida ideológica no técnica, ya que en la práctica supone un porcentaje ínfimo de la recaudación total del Estado español respecto a los demás impuestos como el IRPF, el IVA o Sociedades. También es falso. El impuesto sobre el Patrimonio viene a recaudar más de 1.355 millones de euros anuales, esto es, casi un 1 por ciento de lo que recaudan las comunidades autónomas, un pellizco que constituye una cifra nada despreciable con la que se puede hacer frente al mantenimiento de numerosos servicios públicos. En cualquier caso, de ser cierto que el Gobierno Sánchez aplica este tributo solo por pura ideología, también se podría hacer esta misma interpretación respecto a los gobiernos del PP (Ayuso en Madrid y Moreno Bonilla en Andalucía), ya que la amnistía fiscal a los ricos supone toda una reafirmación de principios políticos e ideológicos y un intento por mantener los privilegios de los que más tienen. Está claro que la política fiscal es, ante todo, ideología, una herramienta ideológica, una forma de entender la redistribución de la riqueza de un país, base de la cohesión yla paz social. El PP pretende concentrarla en unas pocas manos; el Gobierno progresista trata de repartirla. Hay una enorme diferencia.
Otra falacia que rodea a este polémico impuesto es que grava al sujeto pasivo con doble imposición. Mentira, no existe tal doble imposición que justifique la abolición del tributo, como pretenden y aceptan, de forma crítica, algunos opinadores y medios de comunicación. “Aceptar esa tesis, puede llevar a la situación de cuestionar, por ejemplo, que la renta ya gravada en el IRPF no debe asumir imposición indirecta cuando se dedica a consumo, tras su adquisición. Son hechos imponibles distintos que justifican la aplicación de figuras fiscales diferentes”, aseguran las fuentes de Comisiones Obreras.
Otra mentira habitualmente utilizada por la derecha española afirma que aboliendo este impuesto se mejora en la recaudación del IRPF. Nada de eso. Si alguien deslocaliza su residencia para reducir su contribución fiscal a través del Impuesto sobre el Patrimonio simplemente deslocaliza también su contribución fiscal por renta a través del IRPF. Ahora bien, cuando se combina esa medida con la reducción también de los tipos autonómicos del IRPF, especialmente en los tramos más altos, genera un efecto de incremento de recaudación en la comunidad receptora, contrarrestado por la disminución en la de origen, con un saldo neto negativo. Es decir, el resultado no es solo que se contribuye a financiar a otra administración, es que se contribuye menos.
Díaz Ayuso machaca una y otra vez con el falso mito de que suprimir Patrimonio mejora la capacidad de competencia fiscal y estimula el crecimiento económico. Al contrario, genera desigualdad, ya que unas comunidades compiten en unas condiciones más onerosas que otras. La medida favorece descaradamente el dumping fiscal, se instauran paraísos fiscales en unas regiones mientras que otras contribuyen más sin tener en cuenta el poderío económico. Es decir, las reglas del juego no son las mismas para todos. Si a ello se suma que Madrid cuenta con el efecto capitalidad, con un tejido económico potente, y con ventajas administrativas y políticas de todo tipo, se comprende lo desigual del modelo tributario conservador. Siempre tendrán más capacidad de actuación en ese sentido las comunidades autónomas que puedan beneficiarse más de esas situaciones de asimetría institucional, económica o normativa, como es el caso de Madrid o las Haciendas Forales. “Estas medidas toman la dirección contraria a la que precisa nuestra capacidad de intervención pública, que sale mal parada negativamente en la comparación con los países de nuestro entorno (la eurozona, con diferencias anuales equivalentes a 6-7 puntos porcentuales sobre el Producto Interior Bruto), y que con estas medidas de desfiscalización en lugar de aproximarnos a los mismos y reforzar nuestra capacidad de intervención pública, profundizan en la separación y diferencial negativo”, alega Comisiones Obreras.
El Gobierno central ha tratado de reaccionar ante la amnistía fiscal decretada por Andalucía y Madrid (el “bienvenidos al paraíso” con el que Ayuso se felicita cada vez que una comunidad autónoma abraza alguna de estas medidas tributarias regresivas y reaccionarias) anunciando un nuevo impuesto estatal para ricos que supuestamente entraría en vigor en enero del próximo año. Ahora bien, ¿dónde piensa el Ministerio de Economía y Hacienda fijar el nivel de ingresos por el que un millonario estaría obligado a tributar? ¿Afectará el impuesto a quienes ganen más de un millón de euros, más de diez, más de treinta? Ahí es donde está uno de los grandes dilemas por resolver.
Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) recuerda que existen estudios de banca privada y de la revista Forbes que hablan de más de un millón de millonarios en España y que difieren sustancialmente de la estadística de la Agencia Tributaria en base al Impuesto de Patrimonio. “En la última estadística de la Agencia Tributaria que se publicó a cierre del año 2019, antes de la pandemia, se habla de 700 súper ricos en España, que son los que declaran que ganan más de 30 millones de euros, y algo más de 7.200 que declaran ganar entre 6 y 30 millones de euros”. Es evidente que la supresión del impuesto de Patrimonio favorece a las rentas y patrimonios más elevados, con un componente regresivo, sobre el que hay una percepción generalizada, añade Comisiones Obreras.