En los últimos días, Carlos Mazón ha ido buscando mentiras y coartadas para tratar de explicar por qué no tomó las decisiones que había que tomar y por qué no estuvo a lo tenía que estar durante la riada. Ha sido una cadena de balones fuera: primero dijo que estaba en un almuerzo privado, después que ese almuerzo estaba en la agenda oficial, más tarde que estuvo comunicado todo el tiempo con los técnicos y funcionarios del CECOPI (Centro de Coordinación de Emergencias de Valencia) y finalmente, cuando la prensa aireó que estuvo cinco horas ilocalizable por una comida con la periodista Maribel Vilaplana, se excusó diciendo que no tenía que dar explicaciones a nadie para no causar daños laborales a la expresentadora de Canal 9, a la que quiso dar la dirección de la cadena À Punt. En su intento desesperado por salvar el pellejo llegó a decir que en el CECOPI no había cobertura. ¿Alguien se cree que en la sede de las telecomunicaciones de Protección Civil no funcione la telefonía móvil?
La última patraña es que él no tenía por qué estar en el puesto de mando, ya que la ley no le obliga. Es decir, dicho en otras palabras: según Mazón un presidente de la Generalitat no se siente compelido a ponerse al frente de la mayor crisis de la historia con cientos de muertos porque no figura en los protocolos y reglamentos. Cada paso que da el honorable en este drama lo hunde un poco más en el lodo. Pero, por si acaso cuela, los periódicos de la caverna o fachosfera ya han iniciado una campaña de lavado de imagen del president. Se trata de salvar al soldado Ryan del PP valenciano como sea y hoy mismo un periódico como OK Diario publica que “el Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad Valenciana exime a Mazón de esta obligación: el presidente valenciano no estaba requerido para asistir al CECOPI. Según la normativa, la Generalitat debía estar representada por la titular de la conselleria competente en materia de protección civil y gestión de emergencias, rol que cumplió la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ese martes 29 de octubre”. Y El Debate asegura: “No obstante, la normativa en vigor no recoge la obligación de que el máximo mandatario autonómico esté presente en dichas citas para que su funcionamiento se realice con normalidad. Según documentos de la propia administración regional a los que ha tenido acceso El Debate, el CECOPI ha de estar conformado por un Comité de Dirección, del que dependen al mismo nivel un Comité Asesor, un gabinete de información y el departamento de Emergencias”.
La manipulación de la legalidad alcanza niveles burdos difícilmente imaginables. Querer convencer a la opinión pública de que el presidente de la Generalitat no tiene que situarse al frente de una catástrofe humanitaria es una maniobra que no cuajará. Diga lo que diga la ley, un dirigente político tiene que ponerse al mando en una situación tan grave como la que se desató el pasado 29 de octubre. ¿Dónde si no tendría que estar el honorable, recogiendo premios sobre sostenibilidad e innovación, en comidas privadas al margen de la agenda oficial, jugando al golf? No tiene el menor sentido. Imaginemos que Pedro Sánchez, durante la crisis del coronavirus, se hubiese ausentado para estar a sus cosas. Le hubiesen caído críticas como chuzos de punta y no solo eso: se habría visto obligado a dimitir por incompetencia y por no haber tomado las decisiones políticas oportunas en medio de la calamidad.
Más de una decena de días después de la tragedia, el president de la Generalitat Valenciana ha admitido que hubo “errores” por no haber “prestado más atención al barranco del Poyo” el pasado día 29 de octubre. De esta manera, se trata de la primera vez en la que el popular ha entonado una especie de “mea culpa”. Ante esos errores, Mazón ha asegurado que “va a llegar un momento en el que todas las administraciones” revisen su “actuación” ante este temporal que ya deja más de doscientas víctimas mortales, así como pérdidas materiales prácticamente incuantificables, informa La Sexta. Esas han sido las palabras del president valenciano cuando uno de los periodistas le ha cuestionado sobre si tiene la conciencia tranquila respecto a la gestión que se ha realizado de esta crisis. “Se puede asumir que se han cometido errores sin ninguna duda”, ha admitido Mazón.
Sin embargo, al mismo tiempo que se abre a hacer autocrítica sigue buscando coartadas para salvar la cabeza, algo que tiene casi imposible. El pueblo ha dictado sentencia, “Mazón dimisión”, y además en breve se abrirá una investigación judicial para depurar responsabilidades. Allí, en sede judicial, es donde tendrá que dar todas las explicaciones necesarias. Todo lo que ocurrió el 29-O está documentado, hay papeles oficiales, correos electrónicos, mensajes y chats internos. Le va a resultar complicado al barón valenciano salir airoso del empaste organizado que costó cientos de vidas. No le dio al botón de alerta roja a tiempo y esa es la única verdad. Echarle el muerto a Pedro Sánchez o a la ministra Ribera, buscar subterfugios, hacer juegos malabares retóricos, agarrarse a los resquicios legales o movilizar a la prensa amiga no le servirá para nada. Tendrá que responder a la pregunta de por qué no estuvo donde tenía que estar. Activar la alerta para evitar desgracias personales era su tarea y no la hizo. No hay mucho más que decir.