La instrucción del caso Begoña Gómez llevada a cabo por el juez Peinado es la más polémica de los últimos años. Informes de la Guardia Civil que se saltan a la torera, peticiones de la Fiscalía que se rechazan, actuaciones que rayan el abuso judicial contra los investigados y la sombra de lawfare y de la investigación prospectiva planeando todo el rato. La Audiencia Provincial de Madrid ya le ha dado varios tirones de oreja al controvertido magistrado, como cuando le dijo claramente que dejara al margen causas adyacentes como el rescate de Air Europa y se limitara a indagar en la organización del máster para la Universidad Complutense de Madrid, en la que tomó parte la esposa del presidente del Gobierno, o cuando le afeó la orden de patada en la puerta que el instructor dio en las oficinas del empresario Juan Carlos Barrabés, a quien le ha registrado propiedades y bienes por financiar la cátedra de Gómez.
Todo ello por no hablar de que estamos ante el primer juez de la historia que entró en Moncloa a pedir explicaciones y no por un asunto de corrupción sangrante o de crimen organizado (lo cual tendría su sentido), sino para ver quién y cómo había organizado un curso para la universidad y de paso para preguntarle a Pedro Sánchez si Begoña Gómez era su esposa. El ánimo de notoriedad, el deseo de popularidad y el afán de estrellato del juez a punto de la jubilación quedó patente, en evidencia, notorio y palpable, desde entonces.
Todo es un cúmulo de sospechosas irregularidades que apuntan a un juez con demasiadas conexiones con el Partido Popular. La última de ellas la ha vuelto a poner encima de la mesa la propia Audiencia madrileña, que en las últimas horas ha acordado anular el análisis del teléfono móvil y los dispositivos informáticos del empresario Barrabés autorizados por el juez. Esta medida fue un nuevo asalto a los derechos constitucionales de los investigados, en este caso el derecho al secreto de las comunicaciones. La decisión tiene lugar después de que hace una semana trascendiera que el tribunal había anulado la entrada y registro en las oficinas del industrial, donde el juez se incautó de dichos dispositivos.
En un auto, los magistrados de la Sección 23 estiman los recursos de apelación que presentaron la Fiscalía y el propio Barrabés contra la decisión del instructor Juan Carlos Peinado de autorizar el pasado 27 de agosto “el desprecinto, clonado y volcado de los efectos informáticos en la diligencia de entrada y registro de los domicilios de Barrabés y de su grupo de empresas”, según informa El Plural.
“Según consta en la resolución, el instructor había autorizado el desprecinto y análisis de una tablet, dos portátiles y un iPhone, así como el acceso y descarga del contenido de tres cuentas de correo electrónico. Ante esto, la Audiencia Provincial ordena ahora la destrucción de las copias obtenidas y ha avisado de que se deben dejar fuera de la causa cualesquiera informes o documentos relacionados con dichos volcados”, añade el citado medio.
“Los magistrados de la Audiencia Provincial explican que adoptan esta decisión toda vez que la entrada y registro en la casa y las oficinas de Barrabés vulneró el derecho fundamental del empresario porque no estaba debidamente justificada y argumentada por Peinado. De la misma forma que entienden que lo hallado en los dispositivos móviles no se puede utilizar en la causa porque se adquirió vulnerando los derechos del investigado”, según El Plural.
“El auto que ahora se recurre es complementario del que acordó la entrada y registro en los domicilios de Juan Carlos Barrabés y en el del grupo de sus empresas, por tanto, adolece de la misma insuficiente motivación que el auto principal”, señala la Audiencia.
Manos Limpias acusaba a Gómez de haber actuado “prevaliéndose de su estatus personal” como esposa del presidente del Gobierno y que uno de los empresarios “beneficiados por sus recomendaciones o avales” había sido Barrabés, al que se habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de diez millones de euros.
En el marco de las pesquisas, la UCO informó al juez de que Innova Next SLU (de forma individual o conformando UTE con terceras empresas) “ha sido la sociedad en la que más se han concentrado la adjudicación de contratos públicos dentro del Grupo Barrabés”. “Concretamente, un total de 28 contratos por un importe conjunto de 22.857.805,49 euros y que suponen un 91,7% del total adjudicado”, informa El Plural.