El juez Juan Carlos Peinado tiene la costumbre de acabar por imputar a personas que llama como testigos por lo que Alfredo González Gómez, el alto cargo de Moncloa que propuso nombrar asesora de la mujer del presidente a Cristina Álvarez, investigada también en la causa, puede darse por señalado cuando comparezca el próximo 26 de febrero. El instructor tiene esa costumbre. Acaba por imputar a los que interroga como testigos. Hay que tener en cuenta que estos tienen la obligación de decir la verdad. Peinado no lo duda y cuando dicen algo que no lo ve claro en sus testimoniales cambia su condición. Lo hizo con Juan Carlos Barrabés, Joaquín Goyeche, Juan José Güemes y Cristina Álvarez. Y estos “excesos” empiezan a alarmar a las partes personadas como acusación popular. Porque lo que, en principio, iba a ser una causa penal contra la esposa de Pedro Sánchez se está convirtiendo en algo más. Se están investigando a funcionarios de presidencia y, lo más alarmante para la derecha judicial, a personas influyentes en el seno del Partido Popular.
Alfredo González Gómez era, en julio de 2018 cuando Álvarez fue nombrada asesora de Gómez, vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno. Firmó de su puño y letra, el 11 de julio de 2018, la carta en la que ordenaba el nombramiento de María Cristina Álvarez Rodríguez como personal eventual, un puesto de nivel 26, como “directora de Programas”. Su cometido, en realidad, era el de llevar la agenda personal de Begoña Gómez y de asistirla en sus comunicaciones y eventos.
Vox, Manos Limpias, Hazte Oír y el resto de acusaciones han presentado un recurso contra la decisión del juez de imputar a Cristina Álvarez sin haberlo argumentado lo suficiente. Están de acuerdo con el fondo, pero temen que una nulidad termine arruinando la causa. Las acusaciones populares que han tenido un papel importante a la hora de la filtración de datos del sumario, siempre manipulándolos para desgastar al gobierno progresista, se están dando cuenta de que las diligencias de Peinado tienen escaso recorrido jurídico a pesar de haber sido avaladas por sus superiores de la sala de Lo Penal de la Audiencia de Madrid. Todas menos una, la más relevante de cara a la opinión pública, el registro del domicilio y las oficinas de uno de los imputados, Juan Carlos Barrabés, cuando éste se encontraba ingresado hospitalariamente debido a la enfermedad que padece. La Audiencia anuló este registro, y dio un buen tirón de orejas al juez cuando le advirtió que “no todo vale para buscar la verdad”. Rechazó "ciertas diligencias de investigación por considerar que no se había justificado o motivado suficientemente la necesidad de las mismas, o su urgencia".
La acusación popular está coordinada por la asociación ultraderechista Hazte Oír. Su abogado ha hablado con el resto de las partes y les ha explicado que, tal y como se están poniendo las cosas, no se puede descartar que prospere un recurso contra la imputación de Cristina Álvarez. Hazte Oír indica que el auto de inculpación debería remitirse a la relación de puestos de trabajo de Moncloa, así como la publicación en el Boletín Oficial del Estado del nombramiento de Álvarez porque "hacen ver que su categoría profesional de directora de Programas al servicio del gobierno es totalmente incompatible con su supuesta actuación como asesora de Begoña Gómez". Pero el magistrado no señala esta circunstancia. Es más, todavía no ha justificado, en ninguno de sus autos, la petición de la relación de funcionarios que trabajan en Moncloa. En la presidencia se apresuraron en cumplir el mandato del juez. Y no ha servido para nada. Si Juan Carlos Peinado quería establecer una “conexión política” de los hechos que imputa a Begoña Gómez en materia de tráfico de influencias, no ha encontrado nada.
Tal vez por eso, el magistrado, de un tiempo a esta parte, centra la investigación en el posible delito de apropiación indebida en torno al software de la cátedra de Transformación Social Competitiva. Porque en lo que se refiere al presunto tráfico de influencias no acaba por cerrar las investigaciones que lleva a cabo. No encuentra ni indicios, y menos pruebas, que le permitan ordenar la apertura de juicio oral.
Y en el asunto del software la cosa se encuentra en punto muerto a pesar de que en el rectorado de la Universidad Complutense insisten en señalar a Gómez como la persona que se apropió de ese programa con el propósito de eludir sus responsabilidades. No olvidemos que el rector, Joaquín Goyeche, está imputado en la pieza separada abierta por el juez quien trata de averiguar, ahora, si Google, Indra y Telefónica financiaron la confección de este dominio de internet para obtener, a cambio, contrapartidas del gobierno. Responsables de las tres compañías ya han comparecido y han señalado que, efectivamente, lo financiaron independientemente de que la responsable de la cátedra fuese la esposa del presidente. Las tres compañías niegan haber recibido trato de favor ni deducciones y bonificaciones fiscales. Las donaciones se hicieron dentro de los programas de ayudas a las universidades que llevan a cabo.
Por lo tanto, en ninguna de las piezas que investiga Peinado se ha encontrado indicio alguno que permita mantener la imputación a Gómez. Y, además, la trascendencia de esta investigación ha decaído. Ya no ocupa lugares relevantes en las informaciones diarias de la caverna mediática, la más empeñada en seguir dando publicidad a la causa. A Peinado no le va a quedar más remedio que empezar a sacar sus propias conclusiones y remitirlas a la Audiencia Provincial por si se puede proceder a la apertura del correspondiente juicio oral. Es lo único que le queda para completar el espectáculo: ver a la esposa de Pedro Sánchez sentarse en el banquillo de los acusados, aunque sólo sirva para que el tribunal la absuelva de los inconsistentes delitos que se la imputa.