David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, es la nueva presa de esa parte de la Justicia que se ha propuesto derribar el Gobierno acabando con los familiares del jefe del Ejecutivo. Si bien David Sánchez es una persona privada que nada tiene que ver con el mundo de la política, se está utilizando como chivo expiatorio para arremeter contra el dirigente socialista. Lo mismo sucede con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que está siendo sometida a una cacería sin cuartel. Dice Isabel Díaz Ayuso, para defender a su novio implicado en fraudes fiscales, que las familias deberían quedar al margen del juego sucio de la política. Pero, una vez más, el doble rasero juega un papel fundamental en la Justicia, que ha abierto una causa general prospectiva contra la familia del líder del PSOE mientras protege a la de la lideresa madrileña y a otros clanes como el de Alberto Núñez Feijóo, salpicados con casos de nepotismo similar.
En los últimos tiempos la caverna ha lanzado diversas teorías sobre la influencia o las conexiones familiares entre Sánchez y su hermano, hasta el punto de sugerirse que el presidente lo colocó como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Una juez, Beatriz Biedma, dio por buena la enésima denuncia del sindicato pseudofascista Manos Limpias por un delito contra la Hacienda Pública, malversación de fondos públicos y fraude, alegando que David Sánchez estaba cobrando sin “sin asistir a su puesto de trabajo” y que reside en Portugal para ahorrarse impuestos. La jueza de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, dio credibilidad a las noticias de prensa aportadas por Manos Limpias y abrió un procedimiento.
Llama la atención la caza de brujas contra la familia de Pedro Sánchez cuando la Asamblea regional de Galicia ha abierto una comisión de investigación por la adjudicación a dedo de decenas de contratos, por cantidades millonarias, a Eulen, la empresa de la que es un alto cargo directivo Micaela Núñez Feijóo, la hermana del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ningún juez ha decidido actuar de oficio para aclarar este affaire, lo que demuestra que en este país la Justicia es conservadora y que las causas generales prospectivas contra políticos a los que se considera enemigos a batir, por lo civil o lo criminal, siempre operan en el mismo sentido: contra la izquierda.
Es evidente que un sector de la Justicia ha decidido, por su cuenta y riesgo, dar por buenas las insinuaciones, conspiranoias, sospechas infundadas e “inventadas” que contra la familia de Sánchez se lanzan a diario en las redes sociales controladas por los grupos de extrema derecha. En ambos casos, el que afecta a Begoña Gómez (un procedimiento abierto por el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid), y al hermano de Sánchez, hay aspectos que los hacen parecerse como dos gotas de agua. En los dos, la investigación comienza con la interposición de una denuncia de una asociación ultra; en los dos, la Fiscalía se ha opuesto a la apertura de una causa por falta de indicios racionales de criminalidad; y en los dos, la policía o la Guardia Civil no encuentran pruebas contundentes de corrupción. Podría decirse que en uno y otro sumario se están aplicando técnicas y patrones casi idénticos con la intención de politizar el asunto y causar el mayor daño posible al Ejecutivo de coalición. Dos magistrados han decidido convertirse en justicieros, en brazos ejecutores de grupos nostálgicos del Régimen anterior, y han tirado “p’alante”, como diría el asesor de Ayuso Miguel Ángel Rodríguez, con los dosieres. La sombra del lawfare vuelve a planear peligrosamente.
La última decisión que ha tomado la juez Biedma es calcada a la que ya tomó en su día Peinado: hacer oídos sordos a los informes de la Fiscalía. Así, “la jueza contesta a la Fiscalía que hay correos que apuntan a posibles delitos sobre el cargo del hermano de Sánchez”. Cabe recordar que el pasado 3 de diciembre la Fiscalía recurrió ante la Audiencia Provincial de Badajoz el auto de la jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez por el que acordó su citación como investigado el próximo 9 de enero.
En un auto judicial, del que informa La Sexta, la jueza contesta a la Fiscalía que la Audiencia ya rechazó que instruya “una investigación prospectiva” y añade que existen correos que apuntan a posibles delitos en “la creación y posterior modificación” del puesto de trabajo de David Sánchez. Curiosamente, la Audiencia Provincial de Madrid también rechazó que la causa del juez Peinado contra Begoña Gómez sea prospectiva, aunque paradójicamente le ordenó al juez instructor que no saliera de pesca con la mujer del presidente, es decir, que no buscara delitos indiscriminadamente y se limitara a investigar el objeto de la instrucción. Este acotamiento de las respectivas Audiencias ha sido, en realidad y a fin de cuentas, un aval o luz verde para que los dos jueces de instrucción lleguen hasta donde tengan que llegar, ya que el auto del tribunal superior nunca se cumple, ni por parte de Peinado ni por Biedma.
Fiscalía y UCO
La fiscal del caso David Sánchez argumenta que “no hay en la causa, ni por remisión a otras actuaciones previas, una singularización de comportamientos con trascendencia penal para cada uno de los investigados”, lo cual, a su juicio, es “esencial” para la defensa de los imputados. Esa “omisión”, que la Fiscalía atribuye a la jueza Biedma, debe ser resuelta, a juicio del Ministerio Público, “con anterioridad al despliegue de declaraciones”. Y añade la acusación pública: “La genérica referencia que se realiza a los delitos contra la Administración Pública investigados no puede colmar satisfactoriamente el derecho de defensa”.
Pero no solo la Fiscalía no ve delito, tampoco la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tal como ya ocurrió en el caso Begoña Gómez. Los agentes se personaron hasta en tres ocasiones en dependencias de la Diputación de Badajoz para recabar información e incautar el contenido de los correos electrónicos relacionados con el caso. La Comandancia en ningún momento se ha pronunciado sobre un posible delito pero tras analizar el informe policial, el pasado 27 de noviembre la jueza decidió imputar al hermano de Sánchez y al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, al constatar “indicios racionales” de delitos contra la Administración Pública (prevaricación y tráfico de influencias) y contra la Hacienda Pública. La jueza entiende que su puesto sufrió una modificación de “coordinación” a “jefe” que estuvo “eximida del trámite de negociación y dictamen de la Comisión Técnica de Puestos de Trabajo”.
Lejos de parar su indagación, la jueza ha decidido seguir por su cuenta y riesgo, como también ha hecho Peinado en Madrid. “Como puede observarse, no solamente se detallan los hechos, sino que se determina expresamente el cargo ocupado por cada uno de los investigados y su concreta participación en el procedimiento de creación del Puesto de Trabajo investigado y/o en la modificación posterior del mismo”, indica la titular del juzgado de Badajoz.
El puesto de David Sánchez sufrió una modificación a mejor que, según la jueza, estuvo “eximida del trámite de negociación”, informa Efe. Por esa supuesta contratación irregular, también se investiga al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, al que se le imputan además delitos contra la Administración pública y Hacienda. Gallardo es secretario general del PSOE en Extremadura desde el pasado marzo, informa Newtral.
El hermano del presidente fue seleccionado entre 11 aspirantes al puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de música del área de Cultura, Juventud y Bienestar Social en la Diputación de Badajoz. Años después, este puesto cambió su nomenclatura a jefe de la oficina de artes escénicas. La diputación aseguró que ese cambio no supuso un aumento en su sueldo y que los incrementos que experimentó desde 2017 fueron los mismos que los del resto de funcionarios. La operación de acoso y derribo antisanchista prosigue, esta vez alimentada desde la judicatura.