En medio del aluvión de críticas y debates políticos por la falta de medios durante la ola de incendios en España, el acceso a cartas y correos electrónicos clarifican cómo se desarrollaron las solicitudes de ayuda de las comunidades autónomas gobernadas por el PP: Galicia, Castilla y León y Extremadura. Los documentos, fechados el 15 de agosto, muestran que las peticiones de asistencia llegaron tres días después de que el Gobierno activara oficialmente el Mecanismo Europeo de Protección Civil, el 12 de agosto.
Tres días después, las comunidades gobernadas por el PP empezaron a solicitar al Gobierno central ayuda militar y medios extraordinarios. A las 22.52 del viernes, la sede del Ministerio del Interior recibía un correo de la Junta de Castilla y León con la carta del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, en la que pedía “sin precedentes” el despliegue de 1.000 soldados, 30 helicópteros, 25 bulldozers y otros medios logísticos y de telecomunicaciones. En la misiva, Mañueco describía una situación crítica en Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora, con 13 incendios activos y un comportamiento “extraordinariamente virulento” de las llamas.
La cronología detrás del fuego
La información evidencia que, salvo excepciones puntuales, las comunidades no habían hecho solicitudes concretas de ayuda antes de esa fecha, aunque algunas de ellas llegaron a detallar necesidades específicas más tarde. La documentación permite recomponer la secuencia de hechos sin las confusiones que suelen generarse en la discusión política sobre responsabilidades y tiempos de reacción.
Galicia: una solicitud genérica
El viernes 15 de agosto, a las 13:42 horas, la Xunta de Galicia tomó la iniciativa con una carta dirigida al Delegado del Gobierno en la comunidad. La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, solicitaba al Estado “más medios” porque la Xunta ya había desplegado todos sus recursos disponibles. La carta, sin embargo, era general: pedía maquinaria pesada, brigadas de refuerzo y cualquier medio aéreo a disposición del Gobierno central, así como la colaboración del ejército.
Más tarde, a las 21:22 horas, la jefa del servicio de prevención de riesgos de la Xunta envió otra solicitud al Centro Nacional de Emergencias (CENEM), donde se concretaba ligeramente la ayuda requerida: Ingenieros Zapadores de la BRILAT con su maquinaria para consolidar perímetros de incendios y “otros medios que la Administración Estatal pueda aportar”. Aun así, la petición seguía siendo bastante general.
Extremadura: la primera en pedir ayuda europea
Casi una hora después, a las 22:23 horas, Extremadura envió su primera solicitud de ayuda al CENEM. Fue la primera comunidad en reclamar medios del mecanismo europeo de protección civil, y lo hizo detallando cantidades y tipos de recursos: 100 camiones ligeros, 10 aviones anfibios y 10 helicópteros ligeros procedentes de Europa.
Más tarde, a las 23:32 horas, Extremadura reiteró su petición, aunque esta vez sin entrar en detalles, limitándose a solicitar “despliegue de medios operativos, maquinaria pesada y medios aéreos del Ejército en Extremadura”.
Castilla y León: la petición más extensa
La superficie quemada en Castilla y León al cierre del viernes ascendía a 51.000 hectáreas, con focos especialmente graves en Molezuelas de la Carballeda (39.700 ha), Benuza (4.200 ha), Yeres (4.100 ha), Gallegos del Río (1.900 ha) y Villablino (1.100 ha). Ese mismo día, cuatro soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) resultaron heridos en Yeres.
Horas antes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a Mañueco, había visitado el puesto de mando avanzado de Palacios del Sil en León para exigir públicamente la intervención del Ejército en las labores de extinción y evacuación. “Debemos pedir al Ejército que esté preparado para desplegar su fuerza operativa y logística para ayudar en la vigilancia de perímetros y la evacuación de poblaciones”, señaló. La estrategia parece haber marcado un cambio radical respecto al discurso del día anterior de Mañueco, quien aseguraba contar con “suficientes medios” y atribuía la gravedad del incendio a “circunstancias meteorológicas excepcionales”.
La carta más detallada llegó desde Castilla y León, enviada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a las 22:52 horas. Mañueco solicitó primero a la Guardia Civil que pusiera todos los medios a su alcance para detener a los presuntos incendiarios. A continuación, pidió un despliegue completo del Ejército, incluyendo:
- 25 bulldozers con operadores expertos en montaña.
- 1.000 soldados para vigilancia y control de incendios, equipados con herramientas y mochilas extintoras.
- 15 vehículos nodriza.
- 15 puestos de mando avanzado con personal y telecomunicaciones.
- 20 helicópteros de transporte y 10 helicópteros bombarderos de agua.
- Cualquier otro medio material y personal adecuado para la extinción de incendios.
El presidente de Castilla y León también incluyó en su carta requerimientos logísticos, tanto para los operativos como para la población: vivacs, cocinas de campaña, control de accesos, coordinación de vuelos de reconocimiento y drones térmicos, así como alojamiento, abastecimiento de agua y luz, y operaciones de búsqueda y rescate.
Coordinación tardía y diferencias de enfoque
El acceso a estos documentos revela que ninguna de las tres comunidades solicitó de manera inmediata la ayuda europea, pese a que el mecanismo estaba activo desde el 12 de agosto. Galicia nunca llegó a pedirlo directamente, Extremadura lo hizo el 15 con precisión en cantidades, y Castilla y León presentó un listado detallado de medios y logística avanzada.
Apenas en una hora y media, las tres comunidades del PP concentraron sus peticiones simultáneamente, aunque con enfoques diferentes: Galicia más genérica, Extremadura concreta y Castilla y León exhaustiva. La directora general de Protección Civil destacó la existencia de “listados extensísimos” en el caso de Castilla y León, que daban cuenta de la magnitud de los recursos solicitados.
Los tiempos y la activación del mecanismo europeo
El Ministerio del Interior había solicitado verbalmente la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil el 11 de agosto, y oficialmente fue activado el 12. Sin embargo, tanto Castilla y León como Extremadura tardaron tres días en solicitar la ayuda, mientras Galicia ni siquiera lo hizo formalmente. Esto pone de relieve una desconexión entre la activación del sistema de asistencia internacional y las solicitudes concretas de las comunidades autónomas.
Estos documentos oficiales permiten poner claridad en medio del debate político. Mientras algunos debates se centran en quién actuó primero o en la crítica política por la falta de medios, los hechos muestran que la coordinación y las solicitudes fueron tardías y desiguales. La transparencia en el manejo de recursos y la rapidez en la solicitud de ayuda internacional son factores clave en la gestión de emergencias de gran escala, como los incendios forestales que afectan cada verano a España.
Deslealtad por parte del PP
El CENEM y la Dirección General de Protección Civil han señalado retrasos y deslealtad en estas solicitudes. Virginia Barcones, directora de Protección Civil, criticó implícitamente a los presidentes de Galicia, Castilla y León y Extremadura por crear “polémicas artificiales para no hablar de su propia gestión” y alertó de que la falta de anticipación impidió mejores resultados en la lucha contra los incendios.
Mientras tanto, el fuego arrasaba más de 391.581 hectáreas en lo que va de año según el sistema de vigilancia satelital Copernicus, con Galicia y Extremadura registrando los mayores focos activos tras Castilla y León. En Ourense, los incendios de Chandrexa de Queixa (21.000 ha), A Mezquita (7.100 ha), Oímbra (6.700 ha) y Maceda-Santiso (4.300 ha) se suman a los de Llerena (5.000 ha) y Jarilla (15.500 ha), este último convertido en el peor de la historia de Extremadura.
La cadena de correos electrónicos del 15 de agosto, que abarca de 9.54 a 23.32, evidencia la magnitud de la emergencia, la urgencia de las peticiones de las comunidades del PP y la complejidad de la coordinación interadministrativa. La tensión entre autonomías y Gobierno central se traduce en una imagen de descoordinación, mientras miles de hectáreas siguen ardiendo sin un despliegue uniforme de medios.