El PSOE y Junts han registrado en el Congreso una proposición de ley para delegar a la Generalitat de Cataluña importantes competencias en materia de inmigración. El acuerdo prevé que los Mossos d'Esquadra asuman la seguridad en puertos y aeropuertos catalanes, en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Además, la Generalitat se convertirá en la "ventanilla única" para tramitar autorizaciones de residencia y gestionar la situación de los extranjeros en su territorio.
Un cambio sin precedentes en la gestión migratoria
Según el texto presentado, Cataluña tendrá capacidad para expedir documentos de identidad para extranjeros a partir del Registro del NIE del Estado español. También gestionará las devoluciones de aquellas personas extranjeras que tengan prohibida la entrada al país, asumiendo un papel clave en el control migratorio.
Otro de los puntos más relevantes del acuerdo es que la Generalitat pasará a administrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), instalaciones donde se mantiene retenidas a personas migrantes en situación irregular antes de ser expulsadas del país. La medida ha generado controversia, ya que estos centros han sido objeto de críticas por sus condiciones y el trato a los internos.
Refuerzo de los Mossos y competencia sancionadora
El acuerdo también prevé un refuerzo de los Mossos d'Esquadra, con la incorporación de 1.800 agentes adicionales, lo que elevará la plantilla total a 26.800 efectivos. Además, el cuerpo policial catalán asumirá la investigación y persecución de la trata de personas y otros delitos relacionados con la inmigración.
En materia de sanciones, la Generalitat tendrá la potestad para resolver y ejecutar expulsiones de extranjeros en determinadas situaciones. Según el documento, las devoluciones sin expediente podrán ser instruidas y ejecutadas directamente por la administración catalana, mientras que las expulsiones que requieran un procedimiento formal se tramitarán con base en criterios fijados por la Junta de Seguridad de Cataluña.
Reacciones encontradas
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido el acuerdo asegurando que “garantiza el respeto de los derechos humanos y es plenamente constitucional”. Desde el PSOE también insisten en que la titularidad de la competencia seguirá residiendo en el Estado, aunque la Generalitat asumirá su gestión.
Sin embargo, la oposición ha criticado la medida con dureza. El PP ha denunciado que “Pedro Sánchez está rompiendo la unidad de España para mantenerse en el poder”, mientras que Vox ha calificado el acuerdo como “una cesión inaceptable de soberanía”. Por su parte, ERC y la CUP consideran insuficiente el traspaso de competencias y reclaman una gestión aún más amplia de la inmigración en Cataluña.
¿Qué implicaciones tiene este acuerdo?
El pacto entre PSOE y Junts marca un antes y un después en la gestión de la inmigración en España. Por primera vez, una comunidad autónoma asumirá la responsabilidad directa en la expedición de permisos de residencia, la seguridad en infraestructuras clave y la gestión de los CIE.
No obstante, quedan preguntas abiertas: ¿Tendrá Cataluña los recursos necesarios para asumir estas competencias? ¿Cómo se coordinará con las autoridades estatales para evitar conflictos administrativos?
Lo que es seguro es que este movimiento abre un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno central y la Generalitat, con implicaciones políticas y jurídicas que aún están por verse.