El Gobierno de España y Junts han alcanzado un acuerdo que permitirá a la Generalitat de Cataluña gestionar competencias en materia de inmigración. Este pacto, que ha sido negociado durante más de un año y estuvo bloqueado en varias ocasiones, se hará oficial en los próximos días. Sin embargo, el control de fronteras seguirá siendo competencia exclusiva del Estado, a pesar de las exigencias de Junts de que los Mossos d'Esquadra asumieran este rol.
El acuerdo se produce justo después de que Junts retirara una iniciativa parlamentaria que ponía en jaque la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, con la posibilidad de una cuestión de confianza. Además, llega tras la reciente decisión del Ejecutivo de condonar más de 17.000 millones de euros de deuda a Cataluña, así como el traspaso de la gestión de los trenes de cercanías a la Generalitat, que se hará efectiva en 2026.
¿Qué implica este traspaso de competencias?
El principal cambio que introduce el acuerdo es que la Generalitat tendrá mayor capacidad para gestionar la acogida e integración de personas inmigrantes en Cataluña. Esto incluye la asignación de recursos para albergues, programas de inserción laboral y acceso a servicios públicos, como sanidad y educación. Además, podrá participar en la emisión de informes previos a la concesión del NIE (número de identificación de extranjeros), aunque la decisión final seguirá dependiendo del Gobierno central.
Pese a que Junts presionó para que los Mossos d'Esquadra asumieran la vigilancia de fronteras y la gestión de expulsiones de personas en situación irregular, el Gobierno ha mantenido que esas competencias son exclusivas del Estado. Esto significa que la Policía Nacional y la Guardia Civil seguirán siendo las encargadas del control de entradas y salidas en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.
Un acuerdo que refuerza el autogobierno catalán
Desde Junts, aunque no han conseguido todas sus demandas, ven el pacto como un avance en su lucha por aumentar las competencias autonómicas. "Hemos conseguido un traspaso que era impensable hace unos años", afirman fuentes de la formación. En cambio, el Gobierno de Sánchez defiende que el pacto está dentro de los límites constitucionales y que es un paso lógico en la descentralización de ciertos servicios públicos.
El acuerdo se fundamenta en el artículo 150.2 de la Constitución, que permite la delegación de competencias a las comunidades autónomas mediante una ley orgánica. El Ejecutivo también destaca que la nueva ley abrirá la posibilidad de que otras comunidades autónomas soliciten competencias similares en materia de acogida e integración de inmigrantes, aunque no en control de fronteras ni en política de extranjería.
El modelo Schengen y el control de fronteras
Una de las razones por las que el Gobierno central ha rechazado ceder el control de fronteras a Cataluña es que España forma parte del espacio Schengen, que establece normas comunes para la gestión de fronteras exteriores de la UE. En este contexto, las políticas de control de inmigración están coordinadas a nivel europeo, lo que impide a una comunidad autónoma asumir funciones que afectan al conjunto del país.
A pesar de esto, el acuerdo podría incluir una fórmula que permita a los Mossos participar en labores de apoyo a la Policía Nacional en determinadas operaciones fronterizas. Además, podrían emitir informes previos sobre expulsiones, aunque la decisión final seguiría estando en manos del Ministerio del Interior.
Reacciones políticas: críticas desde el PP y Vox
El acuerdo ha sido recibido con duros críticos por parte del Partido Popular y Vox, que lo consideran una "cesión inaceptable" a los independentistas catalanes. Alberto Núñez Feijóo ha acusado a Pedro Sánchez de "vender la integridad del Estado por unos votos" y ha anunciado que su partido estudiará recurrir la delegación de competencias ante el Tribunal Constitucional.
Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido que el traspaso "cumple escrupulosamente la legalidad" y ha insistido en que el Gobierno mantiene el control sobre las competencias esenciales, como la regulación de extranjería y las expulsiones. "Es un acuerdo en línea con lo que ya ocurre en otros países europeos, donde las regiones tienen un papel clave en la integración de los inmigrantes", ha asegurado.
Una estrategia de estabilización política
El pacto con Junts forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para asegurar la estabilidad parlamentaria en una legislatura marcada por la necesidad de pactos con fuerzas independentistas y nacionalistas. Tras las concesiones a ERC, como la condonación parcial de la deuda catalana y el traspaso de cercanías, este acuerdo con Junts refuerza la posición de Sánchez de cara a la gobernabilidad.
No obstante, también deja abierta la puerta a futuras tensiones con sus socios independentistas, que ya han advertido que seguirán presionando para obtener nuevas concesiones en materia de autogobierno.
El acuerdo entre el Gobierno y Junts marca un nuevo hito en la descentralización de competencias en España. Aunque no supone una cesión total del control migratorio, sí da a la Generalitat un papel más relevante en la gestión de la acogida e integración de inmigrantes en Cataluña. Ahora queda por ver si este modelo será adoptado por otras comunidades y cómo se desarrollará su aplicación en los próximos meses.