La Generalitat de Catalunya y el Gobierno central han alcanzado un acuerdo para avanzar en un nuevo modelo de financiación autonómica que reconozca la singularidad catalana. El pacto contempla más autonomía tributaria, una mayor participación de la hacienda catalana en la gestión del IRPF y una revisión de las aportaciones solidarias, si bien su implementación dependerá de reformas legales futuras y de consensos aún pendientes.
Un modelo aún por definir, con vocación singular
El acuerdo firmado por la Comisión Bilateral Generalitat-Estado parte de un diagnóstico compartido: el sistema de financiación autonómica lleva más de una década sin renovarse. La Generalitat apuesta por un modelo singular que reconozca su mayor grado de autogobierno, mientras el Estado insiste en que este encaje debe ser compatible con una reforma general y con principios comunes para todas las comunidades.
El texto establece principios como una financiación básica proporcional, un cálculo transparente de la solidaridad interterritorial y un fondo adicional para competencias no homogéneas. También se menciona la necesidad de respetar el principio de ordinalidad —es decir, que las comunidades con más recursos no acaben en peor posición tras las transferencias—, aunque sin detalles sobre cómo se garantizará.
Mayor protagonismo fiscal, pero sin ruptura
Uno de los aspectos más concretos del acuerdo es la progresiva asunción por parte de la Agència Tributària de Catalunya de competencias en la gestión del IRPF. En la campaña de 2024 ya se dio un primer paso, y en 2025 se prevé ampliar esta colaboración, con posibilidad de presentar declaraciones directamente a la agencia catalana. No obstante, todo se enmarca en un modelo de gestión en red con la Agencia Estatal, lo que sugiere una fórmula compartida más que una cesión plena de competencias.
También se prevé extender a otros tributos, como el impuesto especial sobre determinados medios de transporte, el mismo esquema de gestión conjunta. En paralelo, se anuncian reformas legales necesarias para habilitar estos cambios, lo que apunta a un proceso largo y no exento de complejidad jurídica y política.
Un acuerdo de mínimos que abre la puerta a reformas mayores
Aunque el documento recoge aspiraciones de autogobierno y mayor corresponsabilidad fiscal, su aplicación dependerá de desarrollos legales y de acuerdos multilaterales que aún no se han materializado. La Generalitat logra que se reconozca su especificidad, pero sin romper el marco común.
Se trata de un paso relevante pero todavía incipiente, que deja en el aire cuestiones clave como el impacto presupuestario, el equilibrio con otras comunidades y la sostenibilidad del sistema en su conjunto. Un pacto de intenciones más que un cambio cerrado.