Prosigue la feria ultraderechista en los juzgados de Madrid. En las últimas horas la Audiencia Provincial ha remitido al juez Juan Carlos Peinado otra querella contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en este caso interpuesta por Vox por presunto tráfico de influencias en relación con un software de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense. A la familia monclovita, y también al PSOE, le están lloviendo querellas e investigaciones de todo tipo, algunas de ellas con base en indicios reales –como la que se lleva a cabo contra la trama de corrupción en el Ministerio de Transportes y que afecta al exministro José Luis Ábalos–otras admitidas a trámite sin demasiado fundamento y basadas en simples recortes de prensa sobre noticias falsas. Todo ello en un contexto de odios personales y politización extrema de la Justicia que ocasiona un grave daño a nuestra democracia.
Es cierto que las derechas políticas, judiciales y mediáticas tratan de crear un clima de descomposición del sistema que propicie la caída de Pedro Sánchez, tal como ya ocurrió con Felipe González en 1996, cuando perdió las elecciones liderando un PSOE carcomido de escándalos de corrupción. Pero cabría preguntarse si la estrategia de Moncloa de plantar cara al alzamiento nacional de los togados es la más apropiada. Destacados miembros del Gobierno entienden que no estamos, ni de lejos, en aquella época convulsa que preparó la llegada de Aznar al poder y no se han callado, pasando a la ofensiva contra la Brunete judicial supuestamente al servicio de los intereses políticos del Partido Popular y de Vox. Todo ello ha ido creando un ambiente de guerra total entre dos poderes fundamentales del Estado que hoy por hoy es ya irrespirable. La situación empezó a gangrenarse con aquel pertinaz e insistente bloqueo del PP a la renovación de los altos cargos del CGPJ, pero con el tiempo se ha ido agravando con la sucesiva admisión de querellas contra Moncloa presentadas por grupos declaradamente franquistas. A esta hora, el choque institucional, de proporciones gigantescas y sin precedentes en nuestra democracia, enfrenta a una parte del Poder Judicial, la conservadora, con el Ejecutivo en manos de la coalición de izquierdas. A los jueces nostálgicos les ha sentando como un tiro que ministros como el de Justicia, Félix Bolaños, la portavoz, Pilar Alegría, o el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, hayan salido a la palestra para denunciar el lawfare o guerra sucia judicial que está teniendo lugar en nuestro país (solo les ha faltado poner nombres y apellidos a los jueces cloaqueros).
Casos como el de Begoña Gómez y el hermano de Sánchez, así como la última caza de brujas contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por la filtración a la prensa del expediente judicial del novio de Isabel Díaz Ayuso, han terminado por agotar la paciencia del Gobierno, que ha decidido defenderse con todos los medios a su alcance ante lo que considera un caso flagrante de lawfare o guerra sucia judicial. Sánchez tiene de uñas, como suele decirse, a ese sector radical conservador de la judicatura española y en esa cruenta batalla entre dos poderes del Estado perdemos todos los españoles, que vemos cómo nuestra democracia se degrada en el barro. Ayer mismo, sin ir más lejos, fue un día negro. El ministro Marlaska (exjuez de carrera, no lo olvidemos) volvía a la carga contra sus excompañeros al asegurar que “disiente” de la decisión del juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado de imputar al fiscal general del Estado por la presunta filtración del dosier sobre los supuestos delitos fiscales que afectan a la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Marlaska fue aún más lejos al señalar a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, como principal responsable y filtrador del asunto, ya que fue el primero en airear la negociación entre el abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, y la Fiscalía para llegar a un acuerdo de conformidad con rebaja de penas. En sus críticas directas, el ministro llegó a sugerir que Hurtado no ha fundamentado suficientemente su decisión de imputar al fiscal general y recordó que, antaño, durante su etapa de juez antes de enrolarse como ministro de Interior con el Gobierno socialista, junto a cada imputación contra un acusado, el instructor debía aportar una “motivación jurídica” fundamentada, cosa que a su juicio no ha ocurrido en este caso. Todo un dardo envenenado contra el magistrado del Supremo que trata de llevar a juicio al máximo responsable del Ministerio Público.
En parecidos términos se pronunció el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien defendió la gestión de García Ortiz en el asunto del novio de Ayuso, y aseguró que “la verdad se abrirá paso” hasta demostrarse que “el Tribunal Supremo acreditará que el fiscal persiguió el delito”. “El fiscal general del Estado cumplió su función, persiguió el delito y contó la verdad”, aseguró antes de sentenciar que “desde luego España es un Estado de Derecho con todas las garantías, donde no se puede condenar a nadie si no existen pruebas”. Bolaños, además, ha anunciado una reforma legal para evitar que grupos fascistas tomen parte en procesos judiciales en calidad de acusaciones populares, o como él mismo ha dicho, para acabar de una vez por todas con “la feria de ultras” en los juzgados. La medida no ha gustado nada a las asociaciones judiciales conservadoras, que se rasgan las vestiduras y denuncian el intento del Gobierno de controlar la Justicia y sus asuntos de incipiente corrupción. O como ha dicho Ayuso, Sánchez quiere dar un “golpe de Estado” en España.
Mientras tanto, Pilar Alegría recordaba que el Gobierno apoya al fiscal general del Estado y cree que el Supremo lo imputa “sin ninguna prueba concreta”, calificando de “elucubraciones” las menciones que Hurtado hace sobre la participación de Moncloa en la filtración del correo electrónico cruzado entre Fiscalía y el despacho de abogados que defiende al novio de Ayuso. Otra andanada más que ha enervado los ánimos de los jueces conservadores (tanto los de la plana mayor del CGPJ y el Supremo como los que están abajo, en la trinchera, en la primera línea de los juzgados de instrucción).
Lógicamente, todas estas puyas lanzadas desde el Gobierno, y que ponen en cuestión la imparcialidad de nuestra Administración de Justicia, han escocido a sus señorías togadas, que han pasado otra vez a la acción. En ese escenario de refriega constante entre poderes hay que entender la última decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de admitir a trámite una querella de Vox contra la esposa del presidente que había sido desestimada por el Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid. No hace falta ser un avezado analista para sospechar que lo que hace la Audiencia es decirle a Sánchez aquello “por si no querías café, toma dos tazas”. La batalla es cruenta y sin cuartel y es evidente que la caverna judicial ha decidido apretarle las clavijas al presidente crítico para que caiga de una vez por todas y cuanto antes. En realidad, el Gobierno resiste en las encuestas y no parece en las últimas. Pero en esas estamos. Ante cada intento del Ejecutivo de coalición por poner en su sitio a los jueces nostálgicos, estos reaccionan con un auto o providencia aún más letal que el anterior contra el presidente y sus colaboradores comunistas, contra el PSOE o contra el Consejo de Ministros. Ya no se callan como antes, reaccionan sin complejos, escriben tuits incendiarios, redactan artículos para la prensa facha y toman parte en movilizaciones antisanchistas a las puertas de los juzgados. Y es que es mal negocio meterse con la camarilla jurídica. Tienen poder para acabar con todo un Gobierno y pueden hacerlo con solo apretar el botón. Una cosa es segura, Sánchez ya es persona non grata en el siempre hermético, oscuro y turbio mundo de la judicatura. No lo invitarán a la apertura del año judicial.