Un centenar de referentes de la izquierda, entre ellos Pedro Almodóvar, Ana Belén, Serrat, exministros y antiguos presidentes autonómicos, firman un manifiesto en defensa del actual Gobierno de coalición, reclamando medidas efectivas contra la corrupción y alertando del riesgo de un retroceso democrático alentado por sectores reaccionarios.
Un amplio grupo de cien personalidades vinculadas al pensamiento progresista, procedentes del mundo de la cultura, la política, el periodismo y el ámbito jurídico, ha suscrito un manifiesto que reclama la continuidad del actual Gobierno y la puesta en marcha de un programa concreto y contundente contra la corrupción, sin renunciar por ello a los avances en derechos civiles y justicia social.
Con el título “Por los avances en derechos sociales y políticos y contra los intentos de involución”, el texto ha sido respaldado por figuras como Pedro Almodóvar, Ana Belén, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Loles León, Rosa Montero o Luis García Montero, así como por numerosos exministros socialistas , entre ellos, Alberto Garzón, Carmen Montón, Magdalena Álvarez o Jesús Caldera, y expresidentes autonómicos como Manuel Chaves y José Montilla.
Defensa de la legalidad y rechazo a una caída política anticipada
El manifiesto parte del reconocimiento de que los presuntos delitos investigados en el llamado 'caso Cerdán' son graves y evidencian fallos en la designación y control de ciertos cargos. No obstante, los firmantes rechazan tajantemente que estos hechos puedan utilizarse como argumento para forzar una caída anticipada del Ejecutivo.
“Es inadmisible que un Gobierno elegido democráticamente sea derribado por un informe policial antes de que se celebre juicio alguno con todas las garantías”, sostienen, recordando que la única vía legítima para cesar a un Gobierno es a través de una moción de censura o la convocatoria de elecciones, ninguno de los cuales se ha producido.
Los firmantes advierten de que pretender acortar la legislatura por otras vías supondría “un golpe inconstitucional” y apuntan que quienes promueven esta vía, tanto desde la derecha como desde sectores de la izquierda, persiguen “la llegada de un Gobierno PP-Vox”.
El texto va más allá y afirma que la presión sobre el Ejecutivo se asemeja más a una operación coordinada para derribarlo que a la crítica política habitual en una democracia. Citan como ejemplo el cuestionamiento sistemático del resultado electoral por parte de las derechas, en sintonía con estrategias empleadas en su día por Donald Trump o Jair Bolsonaro.
Rechazo a la crispación, a los ataques a migrantes y a la instrumentalización judicial
Los firmantes alertan del clima de tensión creciente, con expresiones como “Gobierno criminal” o “mafioso” que consideran inaceptables en los parlamentos europeos. Denuncian, además, los ataques a sedes de partidos progresistas y las campañas contra las personas migrantes, que comparan con las agresiones fascistas del pasado.
También muestran su preocupación por la utilización partidista del Senado a través de comisiones de investigación con un objetivo político claro: socavar la legitimidad del Ejecutivo. En la misma línea, critican la movilización de sectores del poder judicial contra leyes aprobadas por el Congreso, como la reforma judicial o la ley de amnistía, actuaciones que consideran fuera de la legalidad institucional.
El manifiesto pone el foco igualmente en la proliferación de informaciones sesgadas, bulos y medias verdades, tanto en medios tradicionales como en redes sociales, que buscan crear “un clima político irrespirable” desconectado de la realidad social y económica del país.
Por ello, los firmantes exigen la implementación de una agenda renovada de lucha contra la corrupción, pero reclaman también que no se utilicen presuntos casos para deslegitimar proyectos políticos que han traído avances en derechos sociales, laborales, feministas, civiles y democráticos.
Frente al ruido, concluyen, es necesario reforzar la democracia con más derechos, más justicia social y mayor responsabilidad institucional.