El Congreso de los Diputados despide el curso político con una sesión cargada de contenido legislativo que impulsa reformas clave en derechos sociales e institucionales. Mientras tanto, la imputación del exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, por una presunta trama corrupta con empresas energéticas, proyecta una sombra sobre quienes, desde la oposición, claman por ejemplaridad sin haber rendido aún cuentas por su propio legado.
El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, un símbolo de la política económica de los años más duros, ahora vinculado a una supuesta red de favores legislativos a grandes compañías a cambio de comisiones. La sombra de la corrupción vuelve así a proyectarse sobre quien abanderó los recortes sociales con mano de hierro.
Mientras tanto, en el hemiciclo, el debate gira en torno a reformas que apuntan a ensanchar derechos y modernizar la institución, como la incorporación del lenguaje inclusivo en el Reglamento del Congreso, que pasará a llamarse simplemente “Congreso”, o la creación de un nuevo sistema de acreditación de medios basado en criterios éticos y de comportamiento.
La Cámara avanza en derechos mientras la oposición se agita
En el conocido como pleno escoba, se votarán además tres decretos aprobados por el Gobierno, incluidas medidas para el refuerzo del sistema eléctrico, la financiación territorial y la declaración de determinados programas como de excepcional interés público. También se debatirán tres leyes, entre ellas la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, paso relevante hacia una estructura sanitaria más sólida y preparada frente a futuras crisis.
La jornada legislativa supone, en muchos sentidos, un cierre de curso centrado en políticas públicas tangibles, mientras la bancada del PP trata de desviar el foco con una ofensiva parlamentaria basada en el caso Koldo. El grupo que lidera Ester Muñoz ha registrado 64 preguntas dirigidas a 13 ministerios, en un intento por instalar el relato de una supuesta trama generalizada en el seno del Ejecutivo. Sin embargo, los hechos y las responsabilidades siguen su curso en sede judicial, lejos del ruido interesado.
La ironía no escapa a quienes observan la actualidad política: mientras el PP exige explicaciones por una investigación en curso, la propia figura de uno de sus referentes económicos, Cristóbal Montoro, se ve ahora empañada por una causa judicial de gravedad, que no hace sino remover los cimientos de la austeridad impuesta y los privilegios concedidos desde las alturas del poder económico.
El Gobierno, firme en su agenda legislativa
Con el presidente Pedro Sánchez de viaje oficial en Latinoamérica, la mayoría progresista en el Congreso prevé sacar adelante las principales iniciativas del día. Destaca la reforma del voto telemático, que ampliará los supuestos en que podrá emplearse, incorporando causas familiares, de fallecimiento o necesidad de cuidados, dotando de mayor flexibilidad y humanidad al funcionamiento parlamentario.
El nuevo sistema de regulación de las credenciales de prensa, por su parte, responde al objetivo de frenar el uso abusivo y desinformador del espacio institucional por parte de medios que no responden a los principios básicos del periodismo democrático.
Lejos de lo que intentan proyectar ciertos sectores, el cierre del periodo de sesiones no es un punto muerto: es la constatación de que el Congreso sigue legislando, ampliando derechos y reforzando el Estado social. Y también de que los fantasmas del pasado, aquellos que se presentaban como garantes de la ortodoxia económica, hoy se ven envueltos en las mismas prácticas que durante años denunciaron.