La libertad de prensa no puede ser un escudo para el acoso. En los últimos meses, el Congreso de los Diputados ha visto cómo determinados agitadores de extrema derecha, acreditados como supuestos periodistas, han convertido los pasillos de la Cámara en su escenario de provocaciones, amenazas y campañas de linchamiento contra trabajadores de medios de comunicación. El último episodio, en el que un activista ultra amenazó con difundir datos personales de periodistas, ha sido la gota que ha colmado el vaso y ha llevado a los grupos parlamentarios a impulsar una reforma del reglamento para frenar estos comportamientos.
La presión de los periodistas y la respuesta de la Mesa del Congreso
Hace una semana, una periodista parlamentaria fue amenazada por uno de estos agitadores con la frase: "Cuando lo comparta yo sí que te vas a cagar", en referencia a un vídeo que otro ultra había publicado para acusarla falsamente de impedir su trabajo. El acoso en redes sociales se multiplicó, acompañado de insultos y ataques machistas. Ante este clima de intimidación, los profesionales de la información exigieron medidas urgentes.
El pasado miércoles, decenas de periodistas se concentraron en la escalinata del Congreso, en una convocatoria de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), para pedir una solución inmediata. "Nos insultan, nos amenazan y nos señalan sin ningún tipo de consecuencias", denunciaron en un comunicado. Reclamaron a las Mesas del Congreso y el Senado que tomen medidas sin limitar el derecho a la información, pero dejando claro que la intimidación y el acoso no son periodismo.
Hoy hemos leído este manifiesto en defensa del periodismo parlamentario. #señalarnoesperiodismo#señalarnoesinformarpic.twitter.com/En1yS5wseT
— APP (@APP_Cortes) February 26, 2025
En paralelo, la Agrupación de Periodistas de UGT emitió una nota de prensa denunciando el intrusismo de ciertos personajes que, sin ejercer el periodismo, han logrado acreditaciones parlamentarias para acosar y desestabilizar. La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) se ha adherido al manifiesto publicado por la APP, sumándose así a la exigencia de medidas concretas contra estas prácticas.
El vicepresidente primero de la Mesa del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha liderado las negociaciones para establecer un régimen sancionador y nuevos criterios de acreditación. La propuesta incluye la creación de un comité de acreditaciones compuesto por representantes de los grupos parlamentarios, periodistas y funcionariado del Congreso. También se plantea una reforma del reglamento para establecer normas de comportamiento y sanciones graduales según la gravedad de las infracciones.
Un vacío legal que ha favorecido la impunidad
Uno de los mayores problemas para frenar estos ataques ha sido la falta de normas claras que regulen las acreditaciones y sancionen su uso indebido. En 2020, el Tribunal Supremo obligó al Congreso a devolver la acreditación a un periodista de OkDiario que había grabado sin permiso en dependencias privadas del grupo parlamentario de Podemos, alegando que no existía una norma que tipificara su infracción. Esta laguna legal ha permitido que agitadores ultras utilicen sus credenciales para hostigar a periodistas sin consecuencias.
Conscientes de esta situación, los impulsores de la reforma buscan alinear la normativa con el reglamento europeo de libertad de medios de comunicación. Se establecerán criterios claros para definir qué es un medio de comunicación y bajo qué circunstancias se puede perder la acreditación. También se incluirá un régimen sancionador que contemple desde advertencias hasta la retirada definitiva del permiso de acceso.
PP y Vox se desmarcan, Junts pone condiciones
A pesar de la gravedad de los hechos, PP y Vox han evitado respaldar la reforma, argumentando que podría restringir la libertad de prensa. Sin embargo, el resto de grupos parlamentarios han cerrado filas en torno a la propuesta, aunque Junts ha puesto condiciones en la negociación. Su apoyo es clave para que la medida salga adelante sin que sea utilizada como moneda de cambio en otros debates ajenos al problema.
Por su parte, el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley para la creación de un registro de medios controlado por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). La norma, basada en la legislación europea, obligará a los medios a informar sobre su estructura de propiedad y los fondos públicos que reciben en concepto de publicidad. Esta medida busca garantizar la transparencia y evitar la financiación encubierta de portales propagandísticos.
Un Congreso libre de acoso y desinformación
La lucha contra la impunidad de los agitadores ultras no es solo una cuestión de protección a los periodistas, sino de garantizar un espacio de información libre de acoso y manipulación. La libertad de prensa no puede ser utilizada como excusa para difundir odio y amenazas.
Los grupos parlamentarios que apoyan la reforma han dejado claro que el objetivo no es limitar la labor informativa, sino poner freno a quienes, bajo la apariencia de periodistas, usan su acreditación para sembrar el caos y silenciar a quienes hacen su trabajo de forma honesta. El Congreso se juega mucho más que unas simples credenciales: se juega la integridad del periodismo y el derecho a la información de toda la ciudadanía.
