La declaración de Juan Lobato ante el Tribunal Supremo sobre el caso de la filtración a la prensa de los fraudes fiscales de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha sido un serio varapalo para el PP y la propia presidenta en el intento por incriminar a Pedro Sánchez, al PSOE y a la Fiscalía General del Estado en un delito de revelación de secretos. El exlíder del PSOE de Madrid entró en el juzgado como testigo y salió con la misma condición cuando todo el mundo en Génova 13 esperaba que fuese imputado. “Otro caso promovido por el PP que se desinfla”, informan fuentes judiciales. Y es cierto, tras la euforia inicial de los populares por la imputación del fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, en un delito de revelación de secretos, la declaración de Lobato ha venido a ser un jarro de agua fría que incluso invalida la tesis de destacadas figuras del Partido Popular como Alfonso Serrano, portavoz madrileño y mano derecha de la presidenta castiza, que había llegado a llamar “delincuente” a Lobato por airear datos fiscales del contribuyente Amador.
De momento, el magistrado Ángel Hurtado no ha visto indicio alguno de delito en la conducta de Lobato, que el 14 de marzo recibió un wasap de Pilar Sánchez, jefa de Gabinete de Moncloa, con un pantallazo del correo electrónico cruzado entre Fiscalía y los abogados del novio de Ayuso en el que el implicado en fraudes fiscales solicitaba un pacto con el Ministerio Público para rebajar sus posibles penas de prisión. En ese wasap, la asesora monclovita informa al exlíder socialista de que ahí tiene el material sensible para que lo utilice como crea conveniente, incluso en su cara a cara con Ayuso en la Asamblea regional. “Cuidado con los datos personales”, llega a decirle para que se ande con cuidado en el tratamiento de una información altamente peligrosa y confidencial.
"La jurisprudencia del Supremo concluye que ningún secreto se desvela si antes ha sido difundido ampliamente por medios de comunicación”
La secuencia de la película desmonta las coartadas del PP. La asesora monclovita envía el citado wasap a Lobato a las 8.29 horas de la mañana del 14 de marzo, cuando la historia sobre el novio de Ayuso ya estaba en el mercado periodístico, puesto que algún medio, como la Cadena Ser, ya había publicado, ocho horas antes, entrecomillados íntegros del polémico correo intercambiado entre los abogados de Amador y la Fiscalía en el que el compañero sentimental de la lideresa confiesa sus delitos tributarios y pide un pacto con el Ministerio Público. Con la doctrina del Tribunal Supremo en la mano, no habría delito de revelación de secretos, ya que la jurisprudencia del alto tribunal concluye que ningún secreto se desvela “si antes ha sido difundido ampliamente por medios de comunicación”. Todo un varapalo para las pretensiones de Isabel Díaz Ayuso.
Es de prever que el magistrado Hurtado siga tirando del hilo hasta aclarar de dónde partió la información tributaria sobre el novio de la presidenta de Madrid que obraba en poder de Pilar Sánchez, es decir, de Moncloa. Pero de momento la declaración de Lobato ha tranquilizado en buena medida a un agitado y algo nervioso PSOE, que encara este fin de semana su Congreso de Sevilla, uno de los más convulsos que se recuerdan por la cantidad de casos que planean sobre el partido y la fractura que puede haberse abierto después de que Sánchez haya cesado a Lobato por su nefasta gestión de este caso. Cuando la asesora de Presidencia remitió la documentación sobre el escándalo al dirigente del PSOE-Madrid probablemente nunca llegó a imaginar que este saliera corriendo a un notario, asustado por una filtración que le quemaba en las manos, y para exculparse de cualquier responsabilidad en un delito de revelación de secretos. Fue, sin duda, una torpeza y también una deslealtad que Sánchez castigó duramente con el cese fulminante de su delfín, cuestionado desde hace meses por su escasa efectividad electoral en la lucha política para desbancar a Ayuso del poder.
La secuencia cronológica de los hechos del caso, confirmada por la declaración de Lobato en el Supremo, viene a darle la razón al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien siempre ha negado que la filtración haya partido de su oficina. En realidad, el origen de esa filtración será aclarada, de una forma o de otra, por la Justicia. Hay medios telemáticos para seguir el rastro de los correos y wasaps, no solo el que Moncloa envió a Lobato, sino también los que recibieron los diferentes periodistas que tuvieron acceso al “dosier Amador” sobre supuestos delitos fiscales. Es más que probable que los profesionales de los diferentes medios de comunicación sean llamados a declarar en breve por el caso de García Ortiz (el primer fiscal general del Estado de la democracia que se sienta en el banquillo de los investigados tras la implacable y feroz persecución del PP ayusista), pero sin duda todos ellos se acogerán a su derecho al secreto profesional y a no revelar sus fuentes de información. Por ahí lo van a tener complicado Ayuso y su novio para continuar con su descabellada huida hacia adelante. Y en cuanto a la implicación del máximo responsable de la Fiscalía, tampoco parece fácil que García Ortiz termine siendo inhabilitado y condenado, ya que cuesta creer que, de haber partido de su despacho la filtración, haya sido tan imprudente como para hacerlo a través de su propio correo electrónico. Los fiscales son expertos en el Código Penal y saben cómo hacerlo a la hora de facilitar una noticia a la prensa, así que, quizá, a fin de cuentas, todo quede en un caso cerrado por falta de pruebas. Mucho ruido para que no se hable de lo importante, los desfalcos a Hacienda del tal Amador, y pocas nueces.
Lógicamente, no es García Ortiz el primer fiscal jefe que filtra noticias ni será el último. Todos lo han hecho, los de la cuerda del PSOE y del PP. Así funciona la democracia y la libertad de prensa. El derecho a la intimidad de un presunto delincuente cede siempre ante el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad. La diferencia en este caso ha estado en que el afectado es la pareja de Ayuso y la mujer, en su disparatado delirio, ha decidido convertir un caso de fraude fiscal que afecta de lleno a su pareja en una conspiración judeomasónica contra ella y su familia. El mundo al revés. Lo normal es que toda la cortina de humo que ha alimentado desde el Gobierno de Madrid, toda la polvareda que ha levantado estos días solo para que no se hable de las trapacerías de su novio, termine disipándose finalmente. La verdad resplandecerá, aunque Ayuso haya tratado de morir matando, llevándose por delante las carreras de personas bastante más honorables y decentes que la maltrecha reputación de aquel con quien comparte el calor del hogar.