El Defensor del Pueblo ha lanzado una señal de alarma. Ante la creciente dificultad para acceder a una vivienda digna y asequible en España, ha iniciado 30 actuaciones de oficio dirigidas al Ministerio de Vivienda, a todas las comunidades autónomas, a Ceuta y Melilla y a los diez ayuntamientos más poblados del país. ¿El objetivo? Saber con claridad qué políticas se están aplicando para garantizar este derecho básico.
La institución ha pedido información concreta sobre los planes actuales y futuros en materia de vivienda pública, la ampliación del parque protegido, las ayudas al alquiler y la regulación del alquiler turístico. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria están bajo el foco.
Un derecho constitucional
El artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho a una vivienda digna. Sin embargo, para el Defensor del Pueblo, ese mandato no se está cumpliendo. El acceso a una vivienda asequible sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. "El acceso a la vivienda en España es un problema grave debido a los altos precios", señala la institución, que también advierte de retrasos en ayudas como el bono joven y de largas listas de espera para conseguir una vivienda de protección oficial.
Se ha solicitado también al Ministerio de Vivienda información detallada sobre el contenido del próximo plan estatal en esta materia, el grado de cumplimiento de los programas de construcción anunciados, y el estado del proyecto de empresa pública de vivienda.
Los datos del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio muestran una realidad preocupante: el parque de vivienda social en España apenas representa el 3,3% del total de hogares. En los Países Bajos es del 30% y en Francia del 17%. La media europea se sitúa en torno al 10%.
Este déficit estructural afecta especialmente a jóvenes, personas con bajos ingresos y familias trabajadoras, que no pueden hacer frente a los precios del mercado. Pero también impacta en personas con rentas medias o trabajadores desplazados, lo que amplía la brecha social y limita el bienestar de amplias capas de la población.
El mercado tensionado y el turismo como agravantes
Otra de las cuestiones planteadas por el Defensor es la identificación de zonas tensionadas en el mercado del alquiler, y si las administraciones aplicarán las medidas contempladas en la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda. Además, ha preguntado qué acciones se están adoptando para regular el alquiler turístico, que expulsa a residentes de sus barrios y contribuye a la escalada de precios.
También se ha solicitado información sobre cuántas personas están actualmente a la espera de una vivienda protegida, y qué estrategias se están aplicando para aumentar la oferta disponible.
El mensaje del Defensor del Pueblo es claro: el acceso a una vivienda adecuada no puede seguir siendo un privilegio. Es un derecho que debe garantizarse con políticas públicas eficaces y coordinadas. La situación actual no solo compromete el presente de miles de familias, sino que pone en juego su futuro y su capacidad de desarrollar una vida digna.
España no puede permitirse continuar a la zaga de Europa en esta materia. Es urgente actuar. Y es ahora cuando todas las administraciones deben rendir cuentas.