Esto parece el Irán del ayatolá Jomeini cuando perseguían los versos satánicos de Salman Rushdie. Las asociaciones ultras Hazte Oír y Abogados Cristianos han decidido denunciar a RTVE, David Broncano, y Laura Yustres, “Lalachus”, por mostrar una estampita de la vaquilla del 'Grand Prix' como el Sagrado Corazón de Jesús durante las campanadas de nochevieja. Argumentan que se ha cometido “un posible delito de odio y contra los sentimientos religiosos”. A vueltas, de nuevo, contra esta figura delictiva que tiene los días contados. El gobierno ha decidido suprimirla. Pero mientras lo hace, la extrema derecha la sigue utilizando para contentar a los suyos: desde el presidente de la Liga de Fútbol Profesional hasta el de la Conferencia Episcopal han puesto el grito en el cielo. Dicen que el gesto de Lalachus fomenta “el odio” contra el cristianismo. Más le valdría a Tebas denunciar con mayor contundencia los cánticos racistas y homófobos en los campos de los clubes de futbol a quien dice representar. Y Luis Argüello se olvida de la defensa que hizo de un alcalde del PP que entonó un cántico pedófilo durante una fiesta local argumentando que había ocurrido "a altas horas de la madrugada, después de haber consumido alcohol".
La Constitución de este país define a España como “un estado aconfesional”. Por lo tanto, ampara todo tipo de manifestaciones incluso las que pueden herir los sentimientos de los cristianos que no es una religión que predomina sobre las demás por mucho que se empeñe la iglesia católica. Y ahora menos, en un país con cientos de miles de ciudadanos que profesan otras creencias como la musulmana, y la ortodoxa principalmente.
Pero es que, además, la estampa del Sagrado Corazón de Jesús es una imagen icónica utilizada por cantantes, deportistas y famosos de todo tipo durante muchos años. Entre las ‘estampitas’ más conocidas están las que incluyen a Belén Esteban, Fernando Alonso, Leo Messi o Cristiano Ronaldo, o artistas como Lola Índigo, Taylor Swift, Bad Bunny o Rosalía. Así se ha recordado en las redes sociales. Pero ahora las tornas han cambiado y los ultras han transformado el gesto en “ofensa al cristianismo” con el propósito de amedrentar como muy bien dijo el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Abogados Cristianos, organización fundada en 2008, dice defender “la cultura de la vida y la familia” pero, en realidad, lo que está haciendo es convertir en un infierno judicial todo aquello que ose ofender el sentimiento religioso. Presentó una querella contra la exdirectora general de la guardia Civil, María Gámez, por la publicación en Twitter de la bandera LGTBI junto a la enseña del cuerpo durante la celebración del Día del Orgullo Gay. Pidió medidas cautelares que no fueron aceptadas. Al mismo tiempo, presentó una denuncia contra el Ayuntamiento de Cádiz, entonces gobernado por José María González, “Kichi”, por poner una bandera LGTBI en el balcón principal del consistorio. En esta ocasión, el juzgado de Lo contencioso Administrativo número 1 si adoptó medidas cautelares y la bandera tuvo que ser retirada.
También se querelló contra la exministra de Educación Isabel Celaá, el colectivo Femen, el vicepresidente de Madrid en el primer gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, el actor, Willy Toledo, por llamarles fundamentalistas y trogloditas, el periodista Arcadi Espada, por lo que ellos dicen fueron declaraciones “contra las personas con síndrome de Down”, el exrector de la Universidad Complutense, José Carrillo, por haber expulsado a estudiantes de una de las capillas del centro, y la Drag Queen, Borja Casillas, por haber utilizado símbolos religiosos durante un festival en Las Palmas de Gran Canaria. Son sólo algunos de los nombres más sonados. La lista es mucho más larga.
Hazte Oír se ha convertido en la organización con mayor número de personaciones en los juzgados donde se investigan a dirigentes de la izquierda. Han ganado, incluso, a su “organización hermana” Manos Limpias. Cuenta con suficientes recursos económicos para financiar un ejército de abogados capaces de gestionar las decenas de denuncias que han puesto no sólo en España sino en el extranjero a través de su organización en el exterior, Citizen Go, con presencia en 15 países. Sus recursos económicos son suficientes para poder presentarse como acusación popular en todas las causas abiertas contra los dirigentes de la izquierda y sus familiares. Su propósito está claro. Están habilitados para acceder a los sumarios de donde extraen todo aquello que puede hacer daño a los investigados, aunque los hechos ni siquiera estén probados. Y encima cuentan con la complicidad de la caverna mediática.
Estas dos organizaciones han presentado, en los últimos años, denuncias por ultrajes a los símbolos nacionales, injurias a la Corona, el enaltecimiento del terrorismo, además de los delitos contra los sentimientos religiosos. El Código Penal distingue entre la libertad religiosa que es la que se viola impidiendo actos de culto entre otros, y el “escarnio” de las creencias religiosas, que es la ofensa de los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa a través de palabras, escritos o cualquier otro tipo de documento. Esta última conducta, penada con hasta 12 meses de multa, es la que el gobierno pretende “reformar de forma integral o derogar”, según el anuncio efectuado por el ministro Bolaños.
La idea de suprimir este delito no es nueva. Este gobierno lleva, ya, siete años intentando ponerla en marcha. El problema reside en la redacción de la nueva regulación para no desproteger el derecho fundamental de las personas a no ser discriminadas por su confesión o creencias religiosas. Los partidarios de la supresión radical consideran que este derecho está lo suficientemente amparado en la figura de los delitos de odio y en las regulaciones que castigan la intimidación a la participación en ceremonias religiosas. Y todo lo demás sobra.
El gobierno quiere incluir esta reforma en su Plan de Acción por la Democracia anunciado por Pedro Sánchez en el Congreso de los diputados. Se trata de garantizar la libertad de expresión. Los socios parlamentarios exigen la inmediata presentación de la reforma, pero en el ministerio de Justicia piden paciencia porque “se tiene que estudiar todavía a nivel técnico y político” en los órganos de coordinación del Plan. Sumar, Bildu y ERC creen que es urgente tomar decisiones sobre este asunto. Pero hay que tener en cuenta que sólo con los votos de estas formaciones es imposible sacarla adelante. Habría que contar con Junts Per Catalunya y, sobre todo, con el PNV donde muchos de sus afiliados son católicos practicantes y han visto con buenos ojos las protestas de la Conferencia Episcopal y de la ultraderecha. Por lo tanto, será difícil contar con sus votos.
Aun así, la supresión del delito contra los sentimientos religiosos es una demanda social necesaria porque esta figura es contraria a la libertad de expresión. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha advertido de esta anomalía a las autoridades de este país. Veremos cómo acaba esta iniciativa.