En un firme compromiso con la defensa de la memoria histórica, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado una denuncia por presunta prevaricación contra el Gobierno de la Junta de Castilla y León. El conflicto se origina en la protección otorgada a la Pirámide de los Italianos, un monumento erigido en honor a los soldados fascistas italianos que participaron en la Guerra Civil Española apoyando el golpe de Estado de Francisco Franco.
La denuncia, formalizada ante la Fiscalía General del Estado, busca activar las diligencias necesarias para aclarar los actos detrás de la declaración del monumento como Bien de Interés Cultural. Según Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto de una víctima del franquismo, este acto de la Junta representa una afrenta inaceptable hacia la memoria de las víctimas y un enaltecimiento de figuras asociadas con el fascismo. "No se puede honrar a quienes vinieron a España para apoyar un golpe de Estado y asesinar a quienes defendían la democracia. Con dinero público no se debe erigir ni proteger monumentos que celebran la destrucción de una democracia", enfatizó Silva.
La ARMH critica a la Junta de Castilla y León por no realizar un verdadero expediente informativo sobre el monumento, sino por formalizar una decisión preconcebida de conservarlo y promoverlo, obviando su significado histórico y lo que representa. La resolución de la Junta tardó un año en formalizarse, periodo durante el cual el monumento ya disfrutaba de las protecciones especiales reservadas para los Bienes de Interés Cultural.
La Pirámide de los Italianos, ubicada en el puerto del Escudo, Valle de Valdebezana (Burgos), fue construida entre 1938 y 1939 para inhumar los restos de los combatientes italianos del Corpo Truppe Volontarie, muertos en la batalla del Escudo. Esta acción, según la ley española de memoria democrática (Ley 20/2022), representa un elogio a la sublevación militar y es, por tanto, contraria a los principios de memoria democrática que la ley busca preservar.
Además, la ARMH sostiene que al declarar el monumento como Bien de Interés Cultural y garantizar su conservación y protección, la Junta de Castilla y León no solo infringe la Ley de Memoria Democrática sino que también viola el espíritu de la ley de patrimonio cultural de la comunidad, que estipula que las administraciones públicas no deben promover ni subvencionar prácticas que atenten contra los principios democráticos.
Esta denuncia de la ARMH resalta un conflicto latente en la sociedad española sobre cómo se recuerda y honra su pasado, y cuestiona el compromiso de las instituciones gubernamentales con los principios de verdad, justicia y reparación que son esenciales para la convivencia democrática en un país todavía marcado por las heridas de su historia reciente.