Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid siguen analizando la instrucción del juez Peinado, titular del Juzgado Número 41 de la capital, a cuenta del caso Begoña Gómez. Tras este examen del sumario para confirmar si se han cumplido todas las garantías constitucionales y procesales, sus señorías se verán ante dos alternativas: desestimar las dos querellas interpuestas por el matrimonio Sánchez/Gómez, una por prevaricación del líder socialista y otra por revelación de secretos de la primera dama (en cuyo caso la investigación por tráfico de influencias en el máster de la Complutense seguiría su curso), o admitir a trámite las dos o al menos una de las denuncias contra Peinado, mayormente la interpuesta por la esposa del presidente del Gobierno. Esta segunda opción apartaría al instructor, casi con toda seguridad, del expediente que impulsa desde hace casi cinco meses.
La ley establece claramente como una de las causas de “abstención” o “recusación” de un juez “estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento”. Eso, al menos, es lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 219.
Todos los escenarios están previstos, y en el caso de que el TSJ admita alguna de las querellas, a Peinado solo le quedarían dos caminos: el primero, que el propio instructor se abstenga de oficio de la causa, apartándose voluntariamente para no incurrir en una ilegalidad. Esta posibilidad es, a día de hoy, la más remota, ya que la experiencia dice que esto no suele ocurrir más que en casos excepcionales. Más plausible es que, una vez admitida a trámite la querella, las partes personadas en el procedimiento soliciten formalmente la recusación del magistrado acogiéndose a las causas y supuestos establecidos en la ley. Esa acción le correspondía, probablemente, a la defensa de Begoña Gómez, ya que tiene competencia y legitimación para hacerlo.
Apartar al magistrado instructor del sumario supondría una victoria para la familia presidencial, pero ahí no terminarían sus problemas. Según ha informado Diario16 en anteriores entregas sobre este mismo caso, la derecha judicial ya tiene prevista cuál debe ser su próxima jugada en esta laboriosa partida de ajedrez. Y el plan no puede ser otro que, a rey muerto, rey puesto. Es decir, los sectores conservadores de la Justicia de este país, en connivencia con PP y Vox –tal como ha denunciado el ministro Óscar López–, tienen ya los nombres de los posibles candidatos a sustitutos de Peinado, hombres fieles a la causa que “seguirían tirando para adelante del sumario”, tal como aseguran fuentes jurídicas consultas por este periódico. En ese mundillo nostálgico hay magistrados veteranos al punto de la jubilación y sin nada que perder dispuestos a hacer, como aplicados kamikazes, un último sacrificio para tratar de derrocar el sanchismo. La lista es larga, pero uno de los mejor posicionados sería el juez Carlos Valle quien, según fuentes de Televisión Española, ya ha tomado parte en el sumario de Begoña Gómez (fue este mismo magistrado quien, en sustitución de Peinado el pasado mes de julio, mantuvo la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid de interrogar al presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa).
Valle lleva largos años al frente del Juzgado de Instrucción Número 14 y está considerado un juez conservador de los de la vieja guardia. De hecho, ya en 1986, siendo un joven jurista, saltó a las primeras páginas de los periódicos por su actitud beligerante contra las abortistas y El País llegó a publicar: “La ingrata entrada en la historia del juez Carlos Valle”. Después de aquello, su historial de polémicas decisiones trufadas de ideología política no ha hecho más que continuar, hasta el punto de que en Plaza de Castilla se le considera uno de los jueces de guardia del PP cuando se trata de sacar a alguno de los integrantes de este partido de “algún marrón”. Su hoja de servicios así lo prueban, como cuando echó un cable a aquellos dos militantes populares arrestados por el intento de agresión al entonces ministro de Defensa, José Bono, durante una manifestación convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). En aquella ocasión, y pese a los informes policiales, el juez alegó que no había “dato alguno que permita afirmar la realización por parte de los detenidos de los hechos por los que fueron privados de libertad”. O como cuando exculpó a la expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, de su trepidante fuga por las calles de Madrid con los agentes de Movilidad pisándole los talones para ponerle una multa de tráfico.
Curiosamente, los asuntos que afectan al PP de Madrid casi siempre suelen caer en manos de un juez conservador (o incluso ultra), nunca en poder de un progresista. Son los misteriosos designios de las leyes del reparto de los diferentes asuntos que llegan a los tribunales. En cualquier caso, la nómina de peones eficaces no es precisamente corta. Si no es Valle, el juez fervientemente antiabortista, quien se hace cargo del asunto Begoña Gómez, será otro. Candidatos no faltarán. Y no solo magistrados a punto de pasar a la reserva por su avanzada edad, también jóvenes que saben que es en los juzgados de instrucción, en la trinchera y desde abajo, donde se empieza a hacer méritos y puntos para alcanzar algún día cotas más altas, incluso el Consejo General del Poder Judicial. La cantera de este movimiento conservador de la Justicia es amplia y garantiza que todo siga estando atado y bien atado. Como en tiempos del patriarca.