La nueva hoja de ruta presentada por el Ministerio de Juventud e Infancia pone de manifiesto una preocupante falta de solidaridad entre comunidades autónomas en la acogida de menores migrantes no acompañados. Salvo contadas excepciones, la mayoría incumplen su responsabilidad proporcional, lo que sobrecarga a regiones como Canarias y las ciudades autónomas, y plantea una urgente revisión del reparto de competencias y recursos.
Un sistema descompensado e injusto
Según el documento presentado esta semana a las comunidades autónomas, solo unas pocas regiones cumplen ,o superan con creces, la capacidad ordinaria de acogida establecida en función del número de habitantes. La cifra de referencia, 32 menores por cada 100.000 habitantes, ha sido ampliamente ignorada por la mayoría de los territorios peninsulares, lo que genera una desigualdad estructural alarmante en la atención a la infancia migrante.
Mientras Canarias alberga más de 5.500 menores no acompañados —frente a las 718 plazas que le corresponderían—, otras comunidades, como Castilla y León, Castilla-La Mancha o Galicia, están lejos de cumplir con su parte. Algunas, como Aragón, ni siquiera han facilitado los datos requeridos, dejando en evidencia una actitud evasiva que no puede excusarse bajo ninguna lógica institucional.
Una carga desproporcionada
Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, junto con los archipiélagos, se encuentran en una situación límite. Ceuta, por ejemplo, acoge a 526 menores, cuando en función de su población solo debería tener capacidad para 27. Lo mismo ocurre con Melilla, que alberga a 193 menores, superando en más de seis veces su capacidad proporcional.
Estas cifras no son anecdóticas: reflejan un modelo roto, en el que unos pocos territorios están asumiendo una responsabilidad colectiva sin el respaldo ni la corresponsabilidad del resto. Esta disparidad pone en riesgo tanto la calidad de la atención como el bienestar de los menores, y mina los principios de equidad territorial y justicia social que deberían guiar la política migratoria en un Estado descentralizado.
Falta de transparencia y voluntad política
El Ministerio ha señalado además que algunas comunidades han entregado datos incompletos o incorrectos, dificultando aún más la planificación de una respuesta adecuada. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha comunicado el porcentaje de ocupación total del sistema de protección sin discriminar a los menores migrantes, confundiendo así el criterio solicitado. Cantabria ha incurrido en un error similar.
Este tipo de actitudes, además de entorpecer la gestión coordinada, denota una preocupante resistencia política a colaborar en un asunto que afecta a derechos fundamentales. La protección de menores no debería ser objeto de disputa partidista ni relegada por consideraciones territoriales o presupuestarias.
Egoísmo institucional
Es ineludible señalar la falta de solidaridad de muchas comunidades autónomas en este ámbito. En lugar de adoptar una postura colaborativa ante una realidad humanitaria compleja, optan por eludir responsabilidades o escudarse en tecnicismos. Este egoísmo institucional no solo compromete el principio de corresponsabilidad, sino que también erosiona la cohesión del sistema autonómico.
Si, como afirma el secretario de Estado Rubén Pérez, 32 plazas por cada 100.000 habitantes es una carga "perfectamente asumible", cabe preguntarse por qué tantas regiones se resisten a cumplir con un mínimo exigible. Más allá de los números, está en juego la dignidad y el futuro de miles de menores que llegan a España huyendo de la miseria, la violencia o la guerra.
El reto del verano
El Gobierno prevé iniciar este verano el traslado de 4.400 menores desde los territorios saturados, un paso necesario pero insuficiente si no se garantiza una redistribución equitativa y sostenible en el tiempo. El desarrollo de un real decreto específico para emergencias migratorias podría ofrecer un marco más ágil, pero requerirá, sobre todo, voluntad política y compromiso ético de todas las partes.
En definitiva, la acogida de menores migrantes no es solo una cuestión de cifras, sino un test de madurez democrática para nuestras instituciones. De su respuesta dependerá no solo la protección de estos niños y niñas, sino también el modelo de sociedad que aspiramos a construir.