El futuro de Muface atraviesa uno de sus momentos más críticos. La ampliación del plazo para adjudicar el contrato de asistencia sanitaria a los funcionarios hasta el 27 de enero refleja la profunda crisis que vive el modelo. Asisa, última aseguradora en pie tras la retirada de SegurCaixa Adeslas y DKV, evalúa si asumir en solitario la cobertura de más de un millón de mutualistas. Esta situación genera incertidumbre en miles de funcionarios y en clínicas privadas, especialmente en provincias donde Muface representa hasta el 40% de la facturación.
El modelo de mutualismo administrativo ha sido un pilar esencial para equilibrar la asistencia sanitaria entre lo público y lo privado. Sin embargo, la crisis financiera que atraviesan las aseguradoras ha puesto en jaque este sistema. La infrafinanciación del modelo, con condiciones económicas consideradas insostenibles, ha llevado a Adeslas y DKV a retirarse, acumulando pérdidas millonarias. Adeslas cifra sus pérdidas en 256 millones de euros y DKV entre 70 y 100 millones. La situación se agrava con la amenaza de demandas al Gobierno por parte de estas aseguradoras, reclamando compensaciones por sus pérdidas.
Sanidad privada: cierre de hospitales y pérdida de empleos
Las consecuencias de la posible desaparición de Muface son alarmantes. Un informe de la Fundación IDIS advierte que el cierre de este modelo podría provocar la clausura de hasta 21 hospitales privados y la destrucción de 13.000 empleos. Este impacto sería especialmente devastador en provincias con baja densidad de población, donde la proporción de mutualistas es elevada. Ávila, Jaén y Zamora, con ratios cercanas al 30%, serían las más afectadas.
Desde la sanidad privada, el temor es palpable. Grupos hospitalarios como QuirónSalud y HM Hospitales han manifestado su preocupación por el desmantelamiento de un sistema que garantiza la estabilidad de muchas de sus instalaciones. Juan Abarca, presidente de HM Hospitales y de la Fundación IDIS, advierte que el traslado de los mutualistas al sistema público podría colapsar hospitales y provocar cierres masivos en el sector privado.
Por su parte, los sindicatos muestran un creciente malestar. CSIF ha acusado al Gobierno de "dejación de funciones" y estudia medidas legales para proteger a los mutualistas. Ana Ercoreca, presidenta de Fedeca, critica la falta de transparencia y advierte de las dificultades que enfrentarían los funcionarios jubilados para acceder a seguros privados si Muface desaparece.
La postura del Gobierno
El Gobierno, a través del ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, intenta transmitir calma. Sin embargo, la falta de soluciones concretas alimenta la desconfianza. La ampliación del plazo para la licitación solo ha incrementado la percepción de incertidumbre.
La posible desaparición de Muface no solo afectaría a la sanidad privada, sino también al sistema público. Integrar a más de un millón de mutualistas supondría un aumento del 3,7% en la carga asistencial del sistema sanitario, especialmente en los tramos de mayor consumo de recursos, como los mayores de 64 años. Esta presión podría generar demoras en la atención y un deterioro en la calidad del servicio.
El dilema de Asisa y la necesidad de reformar Muface
Mientras tanto, Asisa se enfrenta a una decisión crítica. Como cooperativa médica sin ánimo de lucro, su estructura es diferente a la de Adeslas y DKV, pero asumir el concierto en solitario supone un riesgo financiero significativo. La falta de garantías y el temor a asumir pérdidas millonarias complican su participación.
La situación actual evidencia la necesidad urgente de reformar el modelo de Muface. La financiación insuficiente y la creciente insatisfacción de las aseguradoras exigen un rediseño del sistema. Incrementar la prima en un 33,5% ha sido insuficiente para atraer a las aseguradoras, que demandan una subida de al menos el 40% para cubrir costes.
El futuro de Muface pende de un hilo. Sin medidas contundentes, la desaparición de este modelo podría tener consecuencias devastadoras para la sanidad privada, los mutualistas y el sistema sanitario en su conjunto. La decisión de Asisa y la respuesta del Gobierno serán claves en las próximas semanas. El tiempo corre y la viabilidad de un modelo esencial para miles de ciudadanos está en juego.