El modelo sanitario de Muface, que garantiza a más de 1,5 millones de funcionarios y familiares la posibilidad de elegir entre atención pública o privada, enfrenta su mayor crisis en décadas. El contrato vigente con las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV expira el 31 de diciembre, y la reciente licitación para el periodo 2025-2026 quedó desierta, desatando una tormenta política y social que pone en jaque la continuidad del sistema.
Las demandas de las aseguradoras
El Ministerio de Función Pública, liderado por Óscar López, propuso un aumento del 17% en las primas, elevando el presupuesto a 1.337 millones de euros para 2025 y 1.344 millones para 2026. Sin embargo, las tres aseguradoras rechazaron la oferta, argumentando que las condiciones eran insuficientes frente a las crecientes demandas del colectivo mutualista, envejecido y con un mayor uso de servicios médicos. DKV ha sido la más clara en sus demandas: exige un aumento del 40,6% y un contrato anual para evitar riesgos financieros a largo plazo. Por su parte, Asisa y Adeslas han mantenido la discreción, aunque el sector especula que sus expectativas también se encuentran por encima de la propuesta gubernamental.
Los mutualistas, rehenes del conflicto
Mientras el Gobierno busca una solución, los mutualistas se enfrentan a una creciente incertidumbre. CSIF ha denunciado que cientos de trabajadores reportan retrasos y cancelaciones en citas y tratamientos médicos, señalando que las aseguradoras ya han comenzado a reducir servicios ante la falta de un nuevo convenio. Mari Carmen Espejo, consejera de CSIF en Muface, alerta: “Estamos recibiendo centenares de quejas de mutualistas que se sienten desamparados y angustiados”.
La postura del Gobierno
Desde el Ministerio de Función Pública se insiste en transmitir tranquilidad. Han garantizado que, de no llegar a un acuerdo antes del 31 de enero, activarán una prórroga forzosa que obligará a las aseguradoras a continuar prestando servicios hasta septiembre de 2025. Sin embargo, esta medida podría desencadenar una batalla legal. Las aseguradoras argumentan que la prórroga es una medida coercitiva que podría acabar deteriorando aún más el modelo mutualista.
El Ministerio también estudia alternativas como la obligatoriedad para los mutualistas de elegir de manera definitiva entre sanidad pública o privada, así como la posibilidad de firmar contratos de tres años con primas más elevadas para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Movilizaciones y tensiones políticas
El conflicto no solo afecta a los mutualistas, sino que también pone en aprietos a las comunidades autónomas, que deberían absorber a los pacientes en caso de un colapso del modelo. Consejeros de salud de regiones como Madrid, Andalucía y Castilla y León ya han manifestado su preocupación por el impacto en las listas de espera.
Ante la gravedad de la situación, sindicatos de distintos sectores públicos han convocado movilizaciones para el 11 de diciembre, exigiendo al Gobierno y a las aseguradoras que lleguen a un acuerdo que garantice la continuidad del modelo. También se ha pedido un plan a largo plazo que proporcione certidumbre a los mutualistas.
La perspectiva de las aseguradoras
Las aseguradoras argumentan que el modelo está infrafinanciado y que han acumulado pérdidas de 600 millones de euros en los últimos tres años. Fuentes del sector también critican la falta de previsión del Gobierno, que ignoró recomendaciones previas de aumentar las primas en un 25% para evitar esta situación. En paralelo, tanto Adeslas como Asisa han participado en los concursos de las mutualidades de Justicia (Mugeju) y Defensa (Isfas), lo que indica que su negativa se limita exclusivamente a las condiciones propuestas para Muface.
Un modelo en la cuerda floja
El conflicto también ha reabierto el debate sobre la viabilidad del modelo mutualista. Desde el Ministerio de Sanidad, controlado por Sumar, se han mostrado partidarios de desmantelar el sistema y trasladar a los mutualistas al Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta medida, sin embargo, enfrenta una fuerte oposición por parte de los sindicatos y las comunidades autónomas, que consideran inviable la absorción de más de un millón de nuevos pacientes en un sistema ya sobrecargado.
Con el 31 de diciembre cada vez más cerca, el tiempo para encontrar una solución se agota. La nueva licitación exprés que prepara el Gobierno deberá conciliar las demandas de las aseguradoras con la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema y la tranquilidad de los mutualistas. El desenlace de esta crisis marcará no solo el futuro de Muface, sino también el modelo de colaboración público-privada en la sanidad española.
En un contexto de tensión creciente, queda claro que todas las partes tendrán que ceder para evitar el colapso de un modelo que ha sido pilar de la sanidad para millones de funcionarios durante décadas.