La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha asestado otro golpe a la trama de fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos que tiene en el punto de mira al empresario Víctor de Aldama. Cuatro personas han sido detenidas este lunes en el marco de una operación que busca desentrañar las redes de blanqueo y corrupción vinculadas a un fraude estimado en más de 182 millones de euros. Entre los arrestados se encuentran figuras clave del sector y vinculadas al caso Koldo, como María del Carmen Pano Sánchez, directora de la empresa Have Got Time, y su hija, Leonor María González Pano.
Estas detenciones no solo amplían el alcance de las pesquisas, sino que reavivan acusaciones directas contra altos cargos del PSOE, incluyendo al exministro José Luis Ábalos. Según declaraciones previas de Pano Sánchez, en 2020 entregó dos bolsas con 90.000 euros en la sede del partido en Ferraz como supuesta condición para obtener una licencia de operador de hidrocarburos. Estas acusaciones, negadas por el partido, han intensificado las sospechas sobre la presunta connivencia entre la trama y el ámbito político.
Del fraude fiscal al blanqueo internacional
La operación ha revelado una “estructura empresarial paralela” diseñada para blanquear las ganancias ilícitas. Los investigadores han identificado transferencias por valor de más de 73 millones de euros a países como Portugal, Colombia y China. La trama utilizaba una compleja red de empresas y cuentas bancarias que iban rotando para “asegurar la perfección del fraude”.
Entre los implicados destaca Luis Alberto Escolano, socio de Aldama y presunto intermediario en la ocultación de bienes a través de sociedades pantalla. Escolano figura también como investigado en el caso Koldo, donde se le acusa de financiar el alquiler de una vivienda para una de las parejas del exministro Ábalos. Este empresario, administrador de varias empresas registradas en Calatayud (Zaragoza), ha negado en repetidas ocasiones su implicación en las tramas corruptas. Sin embargo, la Guardia Civil sostiene que su relación con Aldama es clave para entender el entramado de fraude y blanqueo.
Registros y conexiones
Durante la jornada, la UCO ha efectuado registros en Madrid, Sevilla, Toledo y Zaragoza, en busca de pruebas que fortalezcan el caso. Entre los domicilios intervenidos está la sede social de varias empresas administradas por Escolano. Por su parte, Carlos del Castillo, otro de los detenidos, aparece como gestor de compañías vinculadas al sector de hidrocarburos y al comercio internacional.
La investigación señala que estas empresas habrían servido para canalizar los beneficios del fraude fiscal, incluyendo la adquisición de bienes inmuebles. Uno de ellos, un chalé en La Línea de la Concepción, habría sido utilizado por Ábalos, según las declaraciones de Aldama y otros testigos.
Polémicas declaraciones y vínculos inesperados
Víctor de Aldama, considerado uno de los cerebros de estas tramas, ha añadido más leña al fuego con su última declaración en el Tribunal Supremo. Afirmó haber entregado 15.000 euros al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, acusación que este último niega tajantemente. Aldama también ha aportado supuestos mensajes de WhatsApp que implicarían preadjudicaciones de contratos a cambio de comisiones.
El empresario no ha dudado en rodearse de personajes controvertidos como Daniel Esteve, propietario de Desokupa, quien le acompañó al tribunal en su última declaración. Esteve, conocido por sus acciones extrajudiciales y críticas a la izquierda, asegura que su relación con Aldama es puramente amistosa. Sin embargo, su presencia ha levantado sospechas sobre la relación entre ambos y su posible implicación en actividades cuestionables.
Escándalo político y judicial
La conexión entre las tramas de los hidrocarburos y el caso Koldo subraya la magnitud de los escándalos que salpican a figuras del ámbito político y empresarial en España. El juez Santiago Pedraz, encargado de la instrucción, ha destacado la complejidad de estas redes y la necesidad de reforzar las pruebas para llevar a los responsables ante la justicia.
Mientras tanto, las acusaciones contra el exministro Ábalos y otros cargos del PSOE ponen en entredicho la transparencia en la gestión pública durante los años de la pandemia. Las investigaciones continúan, y se espera que los nuevos arrestos arrojen más luz sobre un caso que amenaza con destapar uno de los mayores entramados de corrupción de los últimos años en España.