En una comparecencia sin preguntas, Alfonso Villares anunció su dimisión como conselleiro do Mar de la Xunta tras ser notificado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de que figura como investigado en una causa por agresión sexual. A pesar de declararse “totalmente inocente”, se ve obligado a renunciar en un gesto que, lejos de atenuar la crisis, destapa una grieta profunda en la ética institucional gallega.
La mancha que ya no se borra
La dimisión de Alfonso Villares, conselleiro do Mar, no es una decisión ejemplar, sino la consecuencia inevitable de un hecho demoledor, que está siendo investigado por un presunto delito de agresión sexual. La gravedad del caso, que ya ha sido admitido a trámite por el TSXG, es de tal calibre que hace insostenible su permanencia en el cargo. Ni la supuesta “vida privada” ni su condición de aforado pueden ser excusas válidas cuando lo que está en juego es la integridad moral del poder público.
Su comparecencia, cuidadosamente medida y sin admitir preguntas, no fue un acto de transparencia, sino un ejercicio de control de daños. “Soy inocente”, repitió, como si la sola proclamación bastase para disipar la alarma social y política. Pero la confianza en las instituciones no se preserva con palabras huecas, sino con responsabilidades claras. Y cuando un alto cargo se ve implicado en un caso de esta naturaleza, no se trata de una cuestión privada, es un asunto público de máxima relevancia.
Complicidades silenciosas y un Gobierno tocado
Que Villares estuviera flanqueado por altos cargos de su consellería, aplaudiéndole al final de su discurso, retrata con crudeza una política que sigue confundiendo lealtad con impunidad. El gesto, aparentemente de apoyo, es en realidad una muestra de cómo se normaliza lo inadmisible en las altas esferas. La dimisión no borra ni la sospecha ni el daño institucional. Y menos aún lo hace el silencio oficial del presidente Rueda, que ha dejado pasar esta crisis con una tibieza preocupante.
El vínculo personal entre ambos, amistad reconocida y compartidas jornadas ciclistas, no debería tener cabida en la gestión de una situación que exige distancia, firmeza y ejemplaridad. Pero el relevo de Villares, según fuentes de la Xunta, será “inminente”, como si lo urgente pudiera eclipsar lo importante: la falta de un pronunciamiento político claro sobre la tolerancia cero frente a delitos sexuales, incluso, y especialmente, cuando afectan a los suyos.
Una gestión marcada por la polémica
Más allá de esta investigación, el mandato de Villares ya acumulaba polémicas. La caótica gestión del vertido de pélets, el desmantelamiento del equipo heredado de Rosa Quintana y su escasa eficacia al frente de la consellería ya hacían tambalear su credibilidad. Pero ahora no es la incompetencia lo que precipita su caída, sino un presunto delito que pone en tela de juicio su propia condición para ejercer cualquier responsabilidad pública.
La Xunta necesita una depuración, no un relevo temporal. La ciudadanía merece algo más que cambios apresurados. Necesita explicaciones, transparencia y una actitud proactiva ante cualquier caso de violencia sexual, sin escudos ni privilegios, sin pactos de silencio ni gestos teatrales.
La dimisión de Alfonso Villares no cierra el capítulo, lo abre. Y lo hace con una incómoda pregunta para el conjunto del Gobierno gallego: ¿hasta cuándo se protegerá a los suyos antes que a los ciudadanos? El poder no puede seguir operando bajo la sombra del silencio corporativo. Galicia necesita instituciones limpias, no aforamientos usados como trincheras. La renuncia era obligada, pero llega tarde y mal. Lo verdaderamente urgente es reconstruir la confianza perdida, con hechos, no con gestos.