Todavía se va a hacer una última intentona para acordar la renovación con el PP por aquello de tener un gesto de cortesía con Bruselas. Pero el equipo del ministro de Justicia, Félix Bolaños, trabaja, ya, en un plan b para la elaboración de una nueva ley orgánica del Poder Judicial que cambiará radicalmente las competencias y atribuciones del órgano de gobierno de los jueces. La principal novedad es que no se va a contar, para nada, con el parecer de las asociaciones judiciales conservadoras las cuales han sido beligerantes con la izquierda y a las que se consideran responsables del bloqueo del CGPJ por parte de la derecha conservadora durante cinco años y medio por la postura maximalista que mantienen tendente a que sean los jueces los que designen a los vocales en elección directa. Se manejan otras alternativas parecidas a las vigentes en los países europeos.
En cuanto a los tipos de sistemas predominantes en la Unión Europea, por un lado, están los sistemas nórdicos en los que el “consejo del poder judicial” hace una labor administrativa y de gestión y, por otro, “el modelo del sur”, como el de España, en el que el consejo funciona como un “gobierno de los jueces”. El ministerio de Justicia baraja la posibilidad de confeccionar un sistema mixto. Por una parte, mantener la estructura vigente del Consejo General del Poder Judicial, pero reduciendo sus competencias a la mínima expresión limitándolas a labores administrativas y disciplinarias. Se recuperaría la fórmula que se manejó en 2021 mediante la cual los vocales serían elegidos por tres quintos de los diputados y senadores y, si no se alcanza el mínimo requerido, por mayoría absoluta. Eso sí, se mantendría el número actual de designaciones de seis vocales para cada una de las cámaras, mientras que los ocho restantes se escogerían de una lista de candidatos procedentes de la magistratura, el mundo judicial y el estamento académico. De esta manera se cumpliría con el mandato constitucional rechazando el modelo que propone la APM de acuerdo con el Partido Popular de una elección directa por parte de los 5.408 jueces en activo.
El renovado órgano de gobierno de los jueces perdería la competencia en materia de designación discrecional de los miembros de los tribunales superiores. El modelo anglosajón, es el preferido por la izquierda. Se crearía una comisión de nombramientos judiciales, un cuerpo independiente, que se encargaría de seleccionar candidatos para cargos judiciales y magistrados de las instancias superiores, desde el Supremo hasta las audiencias territoriales pasando por la Audiencia Nacional y los tribunales superiores de justicia. Es un sistema parecido al propuesto por el actual presidente del CGPJ en funciones, Vicente Guilarte. La designación se llevaría a cabo mediante una especie de “concurso de méritos” en el que se tendría en cuenta el historial del candidato. Se separarían las figuras de presidente del Consejo y del Tribunal Supremo. Este último lo elegiría el parlamento buscando algo parecido a lo que en el sistema británico se denomina “lay member”, un juez “laico” es decir, no profesional.
A semejanza del sistema francés, se crearía un nuevo organismo, un Consejo Superior de la Magistratura, que constaría de dos salas: la de los jueces, de la que serían miembros los presidentes del Congreso y del Senado, y un número indeterminado de vocales representantes de las asociaciones judiciales, y la de los fiscales. Se reformaría el Estatuto Fiscal carrera que mantendría su estructura jerárquica.
Para los expertos del ministerio de Justicia lo menos relevante es la fórmula de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. En el departamento de Félix Bolaños se dice que si Bruselas quiere que sean los jueces los que designen a los vocales de su órgano de gobierno, se buscará la fórmula adecuada para ello. Lo fundamental es reconsiderar las competencias del organismo de tal manera que no vuelva a suceder lo ocurrido durante los mandatos de Aznar y Rajoy cuando los presidentes designaron a discreción a los jueces del Tribunal Supremo afines a la derecha. Esa es la clave de la reforma.
Y otra competencia que perderá el CGPJ es la de la Escuela Judicial que pasaría a depender de ese Consejo Superior de la Magistratura que se pretende crear a imagen y semejanza del sistema francés. Algunos líderes de los socios de coalición vienen advirtiendo que uno de los males de la justicia en España es la politización de los jueces casi todos de extracción conservadora. Aquí mismo se ha dicho en alguna ocasión que para opositar a juez se requieren, al menos, entre dos y cinco años de formación con dedicación exclusiva. Eso supone disfrutar de un importante colchón económico lo cual limita el acceso a la carrera judicial de las clases más desfavorecidas.
El profesor de derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y exletrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, cree que “en el proceso de selección para convertirse en juez se va asentando cierto conservadurismo. Cuando logran pasar las oposiciones nace un sentimiento muy fuerte de corporativismo, de pertenencia a una élite. Tienen que pasar cuatro o cinco años encerrados, estudiando ocho o diez horas diarias, sin tener casi contacto con el mundo exterior, memorizando más de 300 temas para luego recitarlos de memoria. Es casi inevitable que se tenga una visión conservadora del mundo".
El gobierno progresista pretende dar un vuelco a la carrera judicial de tal manera que se acabe con la idea del juez vitalicio que no tiene que responder de sus actos y que se acaba por convertir en un instrumento de la derecha para sus fines. La reforma se va a llevar a cabo con cierta cautela para evitar la sensación de que se quiere represaliar al colectivo. Se va a dar una última oportunidad al PP de acordar la renovación del CGPJ. Pero sin excusas. Si pasadas las elecciones europeas no se ha logrado una aproximación se pasará a poner en marcha el plan b. Lo que no se va a seguir consintiendo es la utilización de la judicatura con fines políticos.