Los negocios de Enrique Arnaldo, el magistrado propuesto por Pablo Casado para renovar el Tribunal Constitucional, están dando que hablar. Nos encontramos ante un jurista que llegó a figurar como imputado en el sumario Palma Arena, que ha firmado negocios varios con el PP y que mantenía trato comercial con un testaferro confeso de Zaplana. No solo ha sido un asiduo a las conferencias de la FAES (el laboratorio de ideas de Aznar) sino que también aparece en una sospechosa grabación del sumario Lezo en la que comunica al expresidente madrileño Ignacio González (otro que tal baila) que estaba moviéndose para colocar a “un fiscal bueno”. Incluso se permitía compadrear con el preboste balear Jaume Matas, a quien dejó caer aquella sugerencia que quedará para la historia de la infamia: “No te olvides de mí para los temas jurídicos”. O sea, eso tan español y tan feo de “qué hay de lo mío”.
Pues este es el hombre que Casado ha elegido para regenerar el maltrecho y caducado Tribunal Constitucional. ¿Acaso no había otro candidato que diera el perfil de jurista algo más imparcial, independiente y libre de toda sospecha? La propuesta es un sarcasmo en toda regla, un insulto no solo a la inteligencia de los españoles sino a la democracia misma. Durante todos estos meses de pandemia Casado ha estado bloqueando, por sistema y con las excusas más peregrinas, la renovación del Alto Tribunal. Nos ha dado la matraca con todos los argumentos posibles para no sentarse a negociar con Pedro Sánchez, entre ellos que el sistema de elección de los magistrados estaba viciado por el cambalache de los partidos (lo cual es de un cinismo supino, ya que el primero que manosea a la Justicia es él). No deja de ser paradójico que Casado lance la novedosa idea de que sean los jueces quienes elijan a sus representantes de la cúpula judicial y que a la hora de la verdad, llegado el momento de proponer a los miembros del TC, ponga encima de la mesa el nombre de un jurista que se relacionaba con lo peor del Partido Popular.
No se está juzgando en esta columna los conocimientos de Arnaldo como entendido en leyes, que seguramente acredita un currículum de relumbrón. Aquí lo que se está debatiendo es la ética, la estética, la decencia y la moral que debe impregnar cada despacho y cada rincón del Tribunal Constitucional. Últimamente la imagen de nuestra Administración de Justicia está por los suelos, no solo ante la ciudadanía que ya no cree en sus jueces y magistrados, sino en Estrasburgo, donde cada vez que a sus señorías de las pelucas blancas les llega un asunto español donde se cuestiona la limpieza del procedimiento y el respeto a la ley y a los derechos humanos les entra la risa floja y acaban con una hernia para operar. Ningún juez con el historial que acumula Arnaldo debería terminar sus días en la cúspide del Poder Judicial. En el TC tienen que aterrizar no solo los juristas de más reconocido prestigio y competencia profesional, o sea, las mentes más preclaras del Derecho patrio, sino los más limpios, los más aseados y los más libres de toda sombra de sospecha. Hay cien nombres en la bolsa de trabajo que reúnen tales requisitos profesionales, no como el cuestionado Arnaldo.
Dicho lo cual, es preciso entrar en el asunto político. La responsabilidad de este pastel, de este sucio enjuague, no incumbe solo a Casado. Sánchez también tiene su buena cuota de culpa, ya que acordó con el jefe de la oposición el plantel de los nuevos cargos que debían sustituir a los ya caducados. Cuando le pusieron la ficha del personaje en cuestión delante de las narices, el presidente del Gobierno debería haberse llevado las manos a la cabeza y haber zanjado la cuestión con un honroso “yo no firmo esto”. Sin embargo, el líder socialista se tragó el sapo y rubricó el mangoneo, un craso error del inquilino de Moncloa, ya que ha caído de lleno en la trampa de Casado y de paso se ha convertido en cómplice de las sentencias ultraconservadoras que vaya dictando el TC a partir de ahora. Porque, no lo olvidemos, con este triunfo el líder popular se asegura la mayoría conservadora en el tribunal (siete magistrados elegidos a propuesta del PP, frente a cinco del PSOE).
Por descontado, entre los muñidores de este cabildeo escandaloso e infumable habría que incluir al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que fue quien selló el pacto con Teodoro García Egea. El ministro vendió el acuerdo como un gran éxito que pone fin al bloqueo y a la caducidad de los cargos institucionales cuando en realidad fue todo lo contrario: Casado le coló un gol por la escuadra al presidente. No todo vale en política y mucho menos llegar a acuerdos con la nariz tapada por puro pragmatismo y propia supervivencia. Pero ese es el estilo Sánchez.
El disparate que supone colocar a un señor como Arnaldo con semejante cartel en el Constitucional será refrendado hoy, como toca, en la comisión de nombramientos del Congreso de los Diputados. Previsiblemente, la designación contará con el rechazo de todos los grupos nacionalistas y también de Ciudadanos y Vox. Todos ellos tienen más razón que un santo al denunciar que el reparto es “infame”, “obsceno” y producto de un bipartidismo caduco y trasnochado. Aitor Esteban ya ha expresado su enorme malestar por el “alucinante” trapicheo o componenda en “un plis plas”. La cosa apunta a que el presidente del Gobierno firmará lo que haya que firmar, primero porque así se quita el problema de encima y segundo porque ya no puede hacer otra cosa, puesto que el acuerdo con Casado prohíbe el veto a los candidatos propuestos. Así que este plato envenenado se lo come el César. Suma y sigue.