Un juez que, por obra y gracia “del reparto”, se hace cargo de una de las investigaciones del “Caso Koldo”, precisamente la que relaciona a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que unos días antes se había negado a llamar al orden a un diputado que le estaba acusando de prevaricar. Un tribunal que dicta orden de busca y captura contra un condenado por las protestas del procès cuando de sobra es conocido que será amnistiado. Una sala de la Audiencia Nacional que no admite a trámite la apertura de un sumario sobre el Caso Catalunya. Un juez de esa misma instancia que descarta imputar al PP en una causa abierta por la persecución policial a Podemos durante la etapa de Mariano Rajoy. Y una asociación conservadora de fiscales que vota en contra de que el Consejo Fiscal asuma la petición de amparo de un afiliado al que la caverna mediática le situó “al servicio del poder”. Que no hable Esteban González Pons de las “humillaciones a los jueces” que pone como excusa para mantener bloqueado el Consejo General del Poder Judicial. Porque si alguien está humillando a la ciudadanía son los jueces y fiscales de este país.
Nunca se ha cuestionado públicamente el sistema de reparto de las causas en los juzgados. Y va siendo hora de que se denuncie un sistema injusto que da lugar a corruptelas El reparto de casos entre los jueces se hace discrecionalmente de tal manera que si a un magistrado le interesa un asunto puede presionar lo suficiente para que se le asigne. El caso de Manuel García Castellón no tiene nada de especial. El titular de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, se ha hecho cargo de actuar como juez de garantías de las investigaciones de la fiscalía europea en los contratos de mascarillas en Baleares y en Canarias durante el estado de alarma. La extraña coincidencia es que el magistrado había sido acusado por un diputado de Junts de prevaricar durante un pleno del Congreso, y su presidenta, Francina Armengol, se había negado a llamarle al orden. Da la casualidad de que a Armengol se la quiere responsabilizar de la contratación irregular que investiga la fiscalía del viejo continente. En realidad, en el sistema de instrucción europeo un juez sólo actúa para garantizar los derechos fundamentales. Pero también puede decretar una imputación o un ingreso en prisión. Demasiada competencia para alguien al que sus propios superiores le han sacado los colores por llevar a cabo “investigaciones prospectivas”.
García Castellón parece haberse convertido en “el ingrediente de todas las salsas”. Está en todos esos asuntos que tienen que ver con el independentismo catalán. Ha pedido a la policía un informe que archivó hace unos años sobre las relaciones de los servicios rusos de espionaje con dirigentes independentistas. No se sabe bien a lo que quiere jugar el magistrado teniendo en cuenta que su colega del juzgado número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, tiene abierta una investigación sobre esas relaciones. El juez acaba de obtener el respaldo de sus superiores que han desestimado la petición de Jordi Pujol Ferrusola para que se investiguen las actividades contra la familia del expresident por parte de la policía política que creó el ministerio del Interior en la época en la que el titular era Jorge Fernández Díaz. García Castellón tardó dos años en resolver el recurso que presentó Pujol Ferrusola en el que pedía personarse para aclarar el origen de cuatro notas aparecidas en la documentación intervenida al excomisario, José Manuel Villarejo, en las que se ordenaba el inicio de una campaña periodística de desprestigio contra su familia.
Mientras tanto, en otro despacho de las dependencias de la AN en Génova, el juez Santiago Pedraz rechaza citar como investigado al Partido Popular en la causa que sigue por las maniobras del Ministerio del Interior contra Podemos durante el Gobierno de Mariano Rajoy. “No basta decir que las actividades presuntamente delictivas pretendían conllevar un correlativo beneficio para dicha formación política, participando en los hechos objeto de la querella, altos cargos institucionales del mismo”, contesta en un auto a la petición del abogado que representa a uno de los personados, el exdirigente de la formación morada, Pablo Iglesias. La querella, de momento, queda circunscrita al exsecretario de Estado para la Seguridad, Francisco Martínez, a Eugenio Pino, exdirector general operativo de la policía, y a otros cargos policiales. Como viene ocurriendo en otras causas, nadie se atreve a apuntar más alto.
No sólo la campaña contra el independentismo catalán se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional. La Audiencia de Madrid ha dictado orden de busca y captura contra Dani Gallardo, condenado a cuatro años de cárcel por haber agredido a un policía durante unos disturbios que tuvieron lugar en Madrid en octubre de 2019 en protesta por las sentencias del procès. El condenado cumplió un año de prisión preventiva y ahora el tribunal ha ordenado el cumplimiento del resto de la pena sin esperar a que se apruebe la ley de amnistía a la que, con toda seguridad, se podrá acoger. Dani Gallardo ha huido. Está en paradero desconocido.
Y, por último, la vergüenza de ver cómo en el seno del Consejo Fiscal, la conservadora Asociación de Fiscales votó en contra de amparar a uno de sus afiliados, el fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, el artífice del primer informe en el que descartaba que hubiera base para procesar a Carles Puigdemont por un delito de terrorismo en el caso Tsunami Democràtic. Un columnista de la derecha mediática le acusó de ser “cómplice de un canje corrupto que suspende la aplicación de la ley y blinda la impunidad” al tiempo que denunciaba el “espectáculo obsceno de un servidor de la Justicia degradado a servidor del Poder”. El fiscal pidió amparo al Consejo fiscal, el máximo órgano asesor del fiscal general del Estado. Sus compañeros de asociación votaron en contra. El amparo salió adelante gracias a los votos de los progresistas, los vocales natos y del propio Álvaro García Ortiz.
Esta es la guerra que está llevando a cabo la derecha judicial en este país. ¿Dónde está la “humillación” al estado de derecho de la que habla González Pons? Da la sensación de que es la enésima excusa del Partido Popular para seguir manteniendo un Consejo General del Poder Judicial a su medida. Ya lo hicieron cuando se aprobó la reforma del Código Penal suprimiendo el delito de sedición y ahora vuelven a las andadas. Veremos lo que dice el comisario Reynders.