El PP no va a variar ni un milímetro su actual estrategia política. Bloquear todo lo que proponga Sánchez sin miramiento ni piedad. Los populares llevan así toda la legislatura del Gobierno de coalición y si deciden llegar hasta el final en su hoja de ruta, dentro de otros cuatro años seguirán en las mismas y llevarán casi una década de filibusterismo con el consiguiente perjuicio para los españoles.
Un país necesita una oposición constructiva tanto o más que un buen Gobierno, pero no hay nada de que hacer. Esta misma semana, el PP rechazaba la propuesta de Sánchez para crear una “comisión de trabajo” para abordar la financiación autonómica, la reforma del artículo 49 de la Constitución y la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La portavoz de la formación, Cuca Gamarra, afirmó sin titubear que el PP “no requiere ninguna mesa de diálogo como la que ha creado con los independentistas”. Un soberano desplante a Moncloa y a los principios más elementales de la democracia. No obstante, el líder del PP ya avanzó este miércoles que sí atenderá a la llamada que el presidente ha avanzado para invitarle a Moncloa y tratar estos asuntos.
Sánchez anunció su intención de llamar al líder de la oposición antes de que acabe el año para hablar de estas cuestiones. “Le voy a plantear una comisión de trabajo”, aseguró, al tiempo que reivindicó la importancia de que “los dos grandes partidos políticos” trabajen “con un horizonte de acuerdo”. “Espero que podamos llegar a algún tipo de acuerdo”, dijo, aunque ni él mismo se lo creía. El PP no va a firmar nada que Sánchez pueda atribuirse como una victoria personal, así que el bloqueo está más que servido. Feijóo ya ha trazado la ruta a seguir para los próximos cuatro años en los que tendrá que cumplir una dura travesía en el desierto como principal partido de la oposición. De este PP trumpizado solo cabe esperar dos cosas: obstruccionismo y lawfare, es decir, más guerra sucia judicial para frenar cualquier tipo de ley puesta en marcha por el Gobierno de coalición. Así que los dos ejércitos se han posicionado ya para la batalla final.
De todos modos, Sánchez ha optado por mostrar su perfil más conciliador, tendiendo la mano a los populares para llegar a acuerdos de Estado. Así, cuando llegue la máquina trituradora de Génova dispuesta a romper cualquier tipo de consenso no se le podrá echar en cara que no intentó ponerse de acuerdo con Feijóo y los suyos. Una jugada inteligente, aunque no servirá para mucho más que para que pueda esgrimir una coartada ante el vendaval de bloqueos que se le viene encima. El primer torbellino ya ha tenido lugar. No ha pasado ni un mes desde la constitución del gabinete de ministros y la derecha judicial ya ha empezado a trabajar. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, decretado en octubre del año pasado, por considerar que no reúne el requisito de “jurista de reconocido prestigio” exigido por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado.
Además, esta misma semana el Poder Judicial decidía no avalar el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Una decisión –inaudita en democracia– que evidencia hasta qué punto el Consejo General del Poder Judicial, cuya mayoría conservadora teledirigida por el PP lleva cinco años en funciones, se ha propuesto boicotear las instituciones. Y por último, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anulaba el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala (la máxima categoría de la carrera) que realizó el Gobierno en octubre de 2022, por considerar que supuso un ejercicio de “desviación de poder” y que la única finalidad de esa designación era ascender a Delgado después de que esta hubiera dejado el cargo de fiscal general del Estado en julio del mismo año. Tres muestras de lo filibustera que va a ser la derecha a la hora de torpedear por tierra, mar y aire la acción de Gobierno.
El pasado día 4, el presidente del Gobierno cargaba contra el PP al acusar al partido de Feijóo de secuestrar el CGPJ y añadió que este es un “caso paradigmático de lawfare y politización de la justicia”. “¿Por qué al PP se le plantea una ley del embudo? Muy ancho para ellos y muy estrecho para el resto”, se pregunta Sánchez. De este modo, el premier socialista defiende que en primer lugar habrá que exigirle al PP que cumpla con la Constitución y, a partir de ahí, “si tiene una mayoría parlamentaria para cambiar el método de elección del CGPJ”, que la saque adelante.
“El planteamiento que está haciendo el PP es primero que se cumpla con nuestras condiciones para cumplir con la Constitución”, insiste Sánchez, que reitera que este bloqueo supone “un caso de libro” de guerra sucia judicial.