Ni un sólo cambio en el guión de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, que ha decidido desoír todas las voces en contra, sin datos ni justificación técnica, y seguir adelante con la tramitación de esta peligrosa iniciativa legal. Así, el Parlamento de Andalucía ha sido el escenario donde los partidos políticos debían decidir sobre la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Partido Popular, Vox y Ciudadanos para legalizar a agricultores ilegales que están robando el agua del acuífero de Doñana. Los tres partidos han seguido adelante con el trámite.
A pesar de que la propuesta podría legalizar 1.900 hectáreas, que hoy ya se riegan ilegalmente, y la firme oposición del Ministerio de Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el PSOE andaluz ha optado por considerarla como un «engaño» y nadar en las turbulentas aguas de la abstención. La proposición de ley ha salido adelante con los votos de PP, Vox y Ciudadanos, a pesar de que diversos organismos internacionales como la Unesco o la propia Comisión Europea, han advertido muy seriamente al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía de las graves consecuencias del incumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que condenó a España por la destrucción de Doñana.
La propuesta ha abierto una brecha social e institucional a la que se vienen oponiendo frontalmente organizaciones ecologistas, sociales y sindicales, consumidores, investigadores, e incluso una parte importante de los propios agricultores del entrono de Doñana. De hecho, ahora se teme que las expectativas creadas entre los agricultores y la decisión final de la Junta de Andalucía puedan desembocar en un conflicto mayor.
Intereses electoralistas
Colectivos conservacionistas como WWF Adena han lamentado la abstención del PSOE de Andalucía, «que no ha sido capaz de defender abiertamente el Plan de la Fresa aprobado durante el mandato de su gobierno, que fijó un escenario común, y cuya aplicación defiende firmemente el Gobierno de España y están reclamando las autoridades europeas y la Unesco».
La organización denuncia que la proposición de ley «está motivada únicamente por intereses electoralistas en la provincia de Huelva y se construye sobre falsas premisas, tales como supuestos derechos históricos inexistentes que los agricultores ilegales nunca han podido demostrar. Y además se desconoce su verdadero alcance ya que no cuenta con ningún tipo de informe técnico por parte de los promotores o de la Junta de Andalucía, que sorprendentemente se ha inhibido en esta cuestión». También lamentan que el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla «haya antepuesto los intereses electorales de su partido en Huelva a su responsabilidad internacional y a su prometida Revolución Verde, que ha quedado en entredicho al exponer a Doñana a un grave peligro”. Por esta razón, WWF Adena ha anunciado que redoblará su campaña a nivel internacional «porque Doñana es un patrimonio de todos los europeos y de la humanidad y su conservación no puede verse amenazada por un interés espurio y local».
La Junta de Andalucía da la espalda a Europa
La Comisión Europea, en su dura carta del pasado 2 de febrero, daba un mes de plazo a la Junta de Andalucía para que adopten las medidas oportunas para hacer frente a la degradación de los hábitats afectados en Doñana y a la sobreexplotación del acuífero. Eso implica que se impulsen todas las medidas delPlan de la Fresay se pongan sobre la mesa nuevas acciones. Sin embargo, el Gobierno de Moreno Bonilla, al impulsar esta proposición de ley se sitúa en la dirección contraria, por lo que las autoridades comunitarias podrían acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y no se descartan fuertes sanciones a España y Andalucía.