Izquierda Unida (IU) ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra el auto del Supremo por el que se archivó la querella que presentó junto al Partido Comunista de España (PCE) y el Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas (FAIRADE) contra Juan Carlos de Borbón, por presuntos delitos relacionados con el cobro de comisiones ilegales y con ingresos no declarados a Hacienda.
En el recurso se considera que se ha vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva y a obtener «una resolución judicial motivada, razonada y razonable», así como el derecho a que se siga una investigación eficaz y efectiva, según ha precisado en un extenso escrito que ha sido publicado por eldiario.es.
Archivo polémico
El Supremo decidió archivar la querella de IU al entender que estaba basada solamente en el relato periodístico y que para abrir una causa penal se precisa algo más.
Los magistrados del Supremo señalaron que, «con carácter general, una noticia por sí sola, no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal. Los juicios de valor de quien pretende ejercer la acción popular no convierten la noticia en delito», afirmaba el auto de archivo.
Juan Ignacio Campos, teniente fiscal del Supremo, llevaba más de un año al frente del equipo que investiga las tres diligencias sobre Juan Carlos I por posibles comisiones procedentes del AVE a La Meca, por el supuesto uso de tarjetas black por parte del rey emérito y de otros miembros de su familia, y por presuntos delitos fiscales.
Apertura de diligencias
Izquierda Unida ha reclamado al Constitucional que declare no ajustados a la Constitución los autos de 15 de febrero y 5 de mayo emitidos por el Supremo y, en consecuencia, que declare su nulidad.
Asimismo, el partido pide al Constitucional que «ordene la retroacción de todas las actuaciones al momento procesal anterior a la violación del derecho fundamental citado, debiendo la Sala Segunda del Tribunal Supremo acordar la práctica de todos los medios probatorios propuestos en los sucesivos escritos interpuestos» por Izquierda Unida y cuantos sean necesarios.
Reconocimiento del uso de tarjetas black
Juan Carlos I presentó en diciembre de 2020 en la Agencia Tributaria una declaración para regularizar su situación fiscal. El escrito estaba relacionado con la utilización por parte del rey emérito y de su familia de tarjetas de crédito con fondos opacos procedentes del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause que están siendo investigados por la Fiscalía del Tribunal Supremo. Sin embargo, no se hacía mención ni a fondos en el extranjero o al presunto cobro de comisiones.
Este hecho fue importante, puesto que se trató de un reconocimiento implícito de la utilización de esas tarjetas de crédito con fondos opacos y, en realidad, esa regularización tenía la intención de evitar responsabilidades penales para el rey emérito, siguiendo los pasos de otros grandes evasores que evitaron causas judiciales pagando la correspondiente multa y la devolución del dinero ocultado al fisco.
Reconocimiento de ocultación de fondos
Juan Carlos I reconoció de manera implícita en febrero de 2021 que ocultó parte de su dinero a Hacienda. Lo hizo a través de una segunda regularización fiscal por rentas no declaradas que suman más de ocho millones de euros de pagos en especie, por los que abonó más de cuatro millones a la Agencia Tributaria.
En concreto, el rey emérito presentó una declaración voluntaria por ocho millones de euros en concepto de vuelos de una compañía de jet privados pagados hasta el 2018 por la fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans.