Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid están muy enfadados con el juez Peinado. Hoy sus señorías tenían que sentarse a decidir el futuro judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, pero no han podido hacerlo por un error de Peinado, a quien por lo visto se le ha pasado por alto remitir un recurso, el que elaboraron los abogados de la primera dama para pedir el archivo de la causa, y que el tribunal considera crucial para la investigación. Ese olvido no ha gustado en el más alto órgano jurisdiccional madrileño, tal como se desprende del tono de la providencia emitida por los integrantes del tribunal. No ha gustado nada, pero nada, nada. Primero y principal porque da la sensación de que Peinado está jugando al gato y al ratón no solo con Gómez, sino también con el órgano judicial superior.
Sin duda, hay cierto hartazgo en la Audiencia Provincial por un sumario, el impulsado por Peinado, que se ha convertido en un galimatías, un despropósito o chapuza que por momentos da la sensación de tener un solo objetivo: derrocar el sanchismo por la vía judicial. Tal es así que el asunto ha terminado convertido en un circo o vodevil para que la extrema derecha se pueda echar unas risas a costa de la familia monclovita. Y no es la primera vez que el instructor comete un dislate o metedura de pata que pone en riesgo el sumario al dañar derechos fundamentales de la investigada, el principal su derecho a su defensa. Ya ocurrió cuando fue a tomarle declaración y se le olvidó informarla de que una asociación ultra como Hazte Oír le había puesto otra querella. Otra omisión o descuido incomprensible.
El sumario está plagado de cosas raras y no solo eso: el propio Peinado, ya jubilado (aunque el Poder Judicial le haya prorrogado en su puesto durante dos años), sabe que cualquier error o abuso que pueda cometer ya no le pasará factura, puesto que su carrera profesional está casi terminada.
Ahora bien, la hipótesis de que nos encontremos ante un simple error de Peinado no es la única. También cabe la posibilidad de que el instructor esté tratando de dilatar el procedimiento, de forma que pueda tener sentada en el banquillo a Begoña Gómez durante meses. El papel que le falta a la Audiencia no es un tema menor. Puede suponer que el asunto siga eternizándose en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Más tiempo para Peinado, más tiempo para que pueda seguir investigando a la primera dama en todos sus frentes. Tanto como tarde la Audiencia en reunirse de nuevo para deliberar sobre si decreta el archivo de la causa o le da luz verde acotándole al magistrado el contenido de la indagación. En este último caso, no sería la primera vez que la Audiencia para los pies al juez instructor, limitándole lo que puede examinar y lo que no. En un primer auto, el tribunal ya le dijo que debía centrarse en la organización del famoso máster de la Universidad Complutense de Madrid, olvidándose de otras cuestiones como el rescate de Air Europa, un asunto que, aunque la Guardia Civil ya ha cerrado por falta de pruebas, Peinado ha seguido impulsando de oficio desde su juzgado. La segunda vez que los magistrados de la Audiencia Provincial se reúnan no estarán para muchas bromas. Peinado les está haciendo perder un tiempo precioso, y no solo eso: la imagen de la Justicia (también de la Audiencia) empieza a deteriorarse notablemente. En ese contexto, no extrañaría nada que el tribunal termine dando carpetazo al expediente y aquí paz y después gloria.
La sección 23 de este órgano judicial, que ya avaló hace meses la apertura de la causa contra la mujer del presidente del Gobierno, se reunía a puerta cerrada este lunes para resolver los recursos, aunque fuentes jurídicas consultadas por Efe ven poco probable que se adelante su decisión ese mismo día.
Según las fuentes, la magistrada y exministra de Justicia Pilar Llop, que forma parte de esa sección, solicitó a la presidenta, Rosario Esteban Meilán, no participar en la terna de deliberación de estos recursos, como tampoco ha hecho en ninguno de los debates jurídicos relacionados con esta causa.
Tres magistrados deben decidir si archivan la causa, la acotan o la dejan tal y como la está dirigiendo el juez Peinado, a quien a su vez el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene que decidir si investiga por prevaricación, tras las querellas presentadas por la Abogacía del Estado, en representación del presidente del Gobierno y Begoña Gómez.