La Audiencia Provincial de Madrid ha aplazado la decisión sobre el futuro judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. El tribunal madrileño ha alegado que le falta documentación sobre el expediente que instruye el juez Juan Carlos Peinado en el Juzgado de Instrucción Número 41, en concreto la resolución de un recurso del que la Audiencia no tenía constancia.
Fuentes judiciales han calificado de “extraña” la decisión, o al menos “inédita”, ya que no suele ocurrir que la Audiencia vaya a resolver sobre un asunto y no tenga en su poder todo el papel que ha salido del juzgado instructor. Estamos, por tanto, ante otro episodio anómalo en un sumario ya plagado de “cosas raras”, tal como añaden las mismas fuentes consultadas. Un incidente que alargará todavía más el procedimiento. O quizá los magistrados empiezan a entender la gravedad de un asunto que comenzó como una especie de boutade del sindicato ultraderechista Manos Limpias contra la primera dama y que ha llegado demasiado lejos, con numerosas personas implicadas cuya reputación se está poniendo en entredicho. De ahí que ahora sus señorías se anden con pies de plomo para no atropellar derechos fundamentales de los investigados. En cualquier caso, no se entiende que a última hora falten papeles en la Audiencia Provincial. ¿Se le ha pasado al juez Peinado remitir todo el dosier? ¿Se ha perdido por el camino esa documentación parcial? Más preguntas sin respuesta.
El tribunal tenía que abordar hoy lunes el devenir de la investigación abierta por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez al estudiar los recursos en los que su defensa y la Fiscalía piden que archive o acote la causa, informa Efe. Tanto los abogados como el Ministerio Público entienden que la investigación de Peinado puede ser prospectiva, es decir, que el magistrado podría estar buscando indicios contra la esposa del presidente en todos los frentes sin tener en cuenta el objeto concreto de la causa.
La Audiencia concluye que existe un recurso de apelación directo que presentó la defensa de Gómez contra un auto que el juez instructor Juan Carlos Peinado dictó el pasado 1 de julio de 2024. Ese papel no lo tienen, de manera que suspenden su deliberación al entender que “al tener relevancia para la deliberación señalada en el día de hoy el estado de tramitación del citado recurso” debe suspenderse la deliberación.
Se trata de un día clave en el procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias a raíz de una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias. Una causa que empezó dirigiéndose únicamente contra Begoña Gómez, por su presunto papel en procedimientos de adjudicaciones públicas al empresario Juan Carlos Barrabés, y que ya acumula otros dos imputados más: este empresario y el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache.
Ante los intentos de la Fiscalía y del abogado de Begoña Gómez, el exministro y exfiscal Antonio Camacho, para que el juez Peinado aclarase qué es lo que estaba investigando y limitase sus pesquisas, ambos recurrieron a la Audiencia Provincial de Madrid.
La sección 23 de este órgano judicial, que ya avaló hace meses la apertura de la causa contra la mujer del presidente del Gobierno, se ha reunido a puerta cerrada este lunes para resolver los recursos, aunque fuentes jurídicas ya veían poco probable que se adelantara su decisión a los medios de comunicación.
Según las fuentes, la magistrada y exministra de Justicia Pilar Llop, que forma parte de esa sección, solicitó a la presidenta, Rosario Esteban Meilán, no participar en la terna de deliberación de estos recursos, como tampoco ha hecho en ninguno de los debates jurídicos relacionados con esta causa.
Tres magistrados decidirán si archivan la causa, la acotan o la dejan tal y como la está dirigiendo el juez Peinado, a quien a su vez el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene que decidir si investiga por prevaricación, tras las querellas presentadas por la Abogacía del Estado, en representación del presidente del Gobierno y Begoña Gómez.
La defensa de Gómez solicita a la Audiencia el archivo, al sostener que se trata de una investigación prospectiva y universal, prohibida por la ley, aunque subsidiariamente también pide acotarlo. Muy crítico con el procedimiento que dirige el juez, el abogado Antonio Camacho recurrió la resolución en la que Peinado señaló que investiga “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial”.
El magistrado añadía que quedaban excluidos los contratos adjudicados a la unión temporal de empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos y que investiga la Fiscalía Europea. Pero la defensa de Gómez denuncia que el juez ha seguido investigando hechos ajenos a los que se pronunció la Audiencia de Madrid, como el rescate de Air Europa, o el máster de la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid.
La Fiscalía, por su parte, solicita acotar la investigación en los términos que la Audiencia planteó en el citado auto, tras el que –dice– “daría la impresión de que la causa se habría quedado sin hechos sobre los que indagar”.