El próximo lunes la Audiencia Provincial de Madrid decidirá si archiva el caso Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o permite que el juez Peinado siga con la investigación sobre el polémico máster de la Complutense organizado con capital privado. Fuentes judiciales han avanzado a Diario16 que lo más seguro es que el tribunal dé luz verde a Peinado, aunque acotándole el contenido de la indagación, es decir, diciéndole que debe limitarse al objeto del sumario sin abrir buenas pesquisas prospectivas.
En el fondo, lo que se juega Peinado es el contenido mismo de su instrucción, ya que hasta ahora ha examinado a la esposa de Pedro Sánchez por “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo, por la investigada, desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España”, siendo el delito principal el tráfico de influencias.
Prestigiosos juristas de este país ya han adelantado que probar el delito de tráfico de influencias le va a resultar extremadamente complicado al juez Peinado, ya que ese tipo delictivo requiere que quien lo comete sea una autoridad, así como una relación jerárquica entre ambos actores. Hasta donde se sabe, Begoña Gómez no es funcionaria de ningún departamento oficial o ministerio. Pero Peinado no dispara ya contra Gómez, sino contra el mismo presidente del Gobierno. En ese contexto se explica que el instructor denegara que el inquilino de Moncloa declarase por escrito y que ordenara hacerlo presencialmente, para lo cual él mismo, en comisión judicial, se desplazó al palacio presidencial. Sánchez se aferró a su derecho a no declarar como testigo en esa causa porque se acogía “a la dispensa del artículo 416” de la ley de procedimiento criminal. Y cuando el juez insistió de nuevo en si no deseaba “prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado”, Sánchez insistió: “Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley”.
Peinado sugirió que el silencio del presidente era cuando menos relevante, haciendo una sorprendente interpretación inédita en la historia judicial española (nunca antes un magistrado había plasmado por escrito sus intuiciones o presentimientos sobre lo que un testigo dice o deja de decir, ya que el juez debe atenerse a los hechos). Fue la conversión implícita de la condición de Sánchez de testigo a imputado de facto. Eso es exactamente lo que andaba buscando Peinado, preparar el terreno para un posible cambio a la categoría de investigado del premier socialista. “Y es precisamente esto lo que buscaba el juez Peinado con la citación de Pedro Sánchez al citarle en calidad de esposo de Begoña Gómez, para que este, al desdoblar su personalidad, la parte testigo esposo realice unas declaraciones que comprometan a la otra personalidad, la de presidente del Gobierno. Genio y figura el juez Peinado”, asegura Miguel García Tarrio en un interesante artículo en el diario Infolibre.
¿A dónde nos lleva todo esto? Sin duda a que el juez instructor tiene una idea en la cabeza: formular una acusación oficial contra el jefe del Ejecutivo español. “Analizando las prácticas de este juez en esta instrucción, es obvio que al final de la misma va a elevar, sí o sí, la causa al Tribunal Supremo para el procesamiento de Pedro Sánchez (…) Pues este es el final que le espera al presidente del Gobierno, terminará ante el juez Marchena y solamente le librará el Tribunal Constitucional cuando resuelva que se han conculcado todos sus derechos fundamentales”, añade el articulista.
En esa misma línea va el periodista Juanma Romero, quien en El Independiente escribe: “Todo puede pasar a partir de ahora. (…) La posibilidad de que el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, llegue a elevar una exposición razonada para que analice si debe imputar al jefe del Ejecutivo, aforado ante el Supremo. Si el magistrado diera ese paso, la convulsión será mayúscula. El cerco sobre Sánchez, más estrecho”.
Todo dependerá del paso que dé la Audiencia Provincial el próximo lunes. De momento, los magistrados que van a revisar la instrucción de Peinado son los mismos que vieron una posible revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. También los mismos que han avalado que Peindo pueda decidir si investiga una supuesta apropiación indebida por parte de Begoña Gómez del software de la Universidad Complutense de Madrid ligado a su cátedra, aceptando una querella presentada por la asociación ultraderechista Hazte Oír que en principio había recaído en el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, que a su vez se inhibió en el Juzgado de Instrucción número 41, dirigido por Peinado, al entender que hay conexión con la causa principal contra Gómez. La Fiscalía recurrió esa inhibición tratando de que Peinado no siguiera adelante. No pinta bien para Sánchez.