España encara este martes una votación decisiva en el Consejo de Asuntos Generales de la UE con el objetivo de lograr el reconocimiento oficial del catalán, euskera y gallego como lenguas comunitarias. Con una propuesta que plantea su entrada en vigor en 2027, una implementación limitada y el compromiso de asumir los costes, unos 132 millones de euros anuales, según estimaciones preliminares, el Gobierno intenta despejar las dudas de varios socios europeos y evitar el veto a una iniciativa con fuerte carga política.
Una propuesta con cifras, excepciones y garantías
La reforma del reglamento lingüístico de la UE, impulsada por España, figura en el orden del día del Consejo como punto “para adopción”. Esto implica que será aprobada si ningún Estado miembro vota en contra. Las abstenciones no impiden la unanimidad, por lo que la clave estará en neutralizar la oposición activa de delegaciones reticentes, como las de Italia, Francia, los países bálticos o Bulgaria.
España propone que el catalán, euskera y gallego sean oficiales en la UE desde el 1 de enero de 2027, pero con una derogación inicial que limite su uso a la traducción de los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo. Esto supone menos del 3 % de los actos jurídicos comunitarios por mandato, lo que permitiría una implementación escalonada.
A diferencia del resto de lenguas oficiales, el Gobierno español asumiría en solitario el coste económico, que Bruselas estimó en 132 millones de euros anuales, basándose en la experiencia del gaélico. Aunque no existe aún una cifra oficial detallada por parte de España, esta asunción presupuestaria busca eliminar uno de los principales obstáculos de la negociación.
La portavoz del PSOE, Esther Peña, subrayó este lunes que “el 40 % de la población española, cerca de 20 millones de personas, vive en comunidades con lenguas cooficiales”, por lo que consideró “lógico” que estas lenguas sean reconocidas por las instituciones europeas.
Reticencias legales y diplomáticas
A pesar del compromiso económico y político de España, varios Estados miembros han expresado reservas jurídicas y estratégicas. Entre los temores, figura el riesgo de que la medida siente un precedente invocable por minorías lingüísticas en otros países, como los rusoparlantes en los países bálticos o los corsos en Francia.
Los servicios legales del Consejo de la UE han trasladado oralmente sus dudas sobre la base jurídica de la propuesta, aunque su dictamen no es vinculante. El debate no ha pasado por los grupos técnicos habituales ni ha sido acompañado de una evaluación formal del impacto de la medida.
Frente a estas inquietudes, el Gobierno español insiste en la singularidad de su caso, dado que las lenguas cooficiales están reconocidas en la Constitución Española, son utilizadas en el Congreso y el Senado, y ya se han traducido a ellas los Tratados de la UE, así como buena parte de la legislación nacional que transpone normas comunitarias.
Además, el Ejecutivo ha ofrecido incorporar al reglamento una cláusula de salvaguarda para que cualquier futura solicitud de oficialidad de otra lengua sea evaluada caso por caso, y deba cumplir criterios estrictos como su arraigo histórico y su reconocimiento constitucional durante al menos dos décadas.
Una batalla política de largo recorrido
La petición española de oficialidad lingüística tiene un claro trasfondo político: fue registrada en agosto de 2023 como parte del acuerdo del PSOE con Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, a cambio del apoyo a la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso.
Desde entonces, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha liderado un intenso proceso de negociación bilateral con diversas capitales europeas. Este martes, será el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, quien defienda la propuesta en Bruselas.
Albares ha calificado el plan como una “propuesta sólida y mejorada”, que ha tenido en cuenta las inquietudes de los socios comunitarios. El objetivo es claro: conseguir la unanimidad necesaria sin renunciar al principio político de fondo. Porque, como ha repetido el propio Albares, la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la UE es una prioridad irrenunciable para el Gobierno español.