Las calles de toda España han sido testigo de la indignación de miles de personas que han respondido al llamamiento de CCOO y UGT para exigir la protección de los derechos sociales y denunciar la instrumentalización política de medidas que afectan a millones de ciudadanos. Las concentraciones, que se han celebrado en más de 60 ciudades, han reunido a trabajadores, pensionistas y colectivos vulnerables que rechazan la paralización de ayudas esenciales y la incertidumbre generada en torno a las pensiones. En Madrid, la concentración ha tenido lugar en la Plaza de Jacinto Benavente, donde han participado todos los partidos políticos madrileños, a excepción del PP y Vox.
"Con los derechos de la gente no se juega"
Desde la cabecera de la concentración en Madrid, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha sido tajante: "La sociedad no puede ser rehén de los intereses políticos. No permitiremos que se juegue con los derechos de las personas más vulnerables". A su lado, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha subrayado que "es inadmisible que se utilicen los derechos sociales como arma de negociación partidista. Las pensiones, el transporte público y la protección de los hogares vulnerables no pueden estar en la cuerda floja por estratagemas políticas". También ha participado la recién elegida secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas, quien ha añadido que "los sindicatos estaremos vigilantes para evitar que se repita esta situación". "La sociedad no puede ser rehén de los intereses políticos. No permitiremos que se juegue con los derechos de las personas más vulnerables". A su lado, la secretaria general de CCOO de Madrid, Paloma López, ha subrayado que "es inadmisible que se utilicen los derechos sociales como arma de negociación partidista. Las pensiones, el transporte público y la protección de los hogares vulnerables no pueden estar en la cuerda floja por estratagemas políticas".
La convocatoria de movilizaciones se produjo tras la no convalidación del Real Decreto-Ley 9/2024 en el Congreso de los Diputados, lo que provocó la caída de medidas cruciales como la revalorización de las pensiones, el refuerzo del Ingreso Mínimo Vital, la prórroga de la moratoria antidesahucios y las ayudas a los afectados por la DANA y el volcán de La Palma. La presión social ha obligado al Gobierno a aprobar un nuevo decreto que recoge la mayor parte de estas medidas, pero los sindicatos mantienen su movilización para evitar futuras maniobras que perjudiquen a la mayoría social.
Los sindicatos, en pie de lucha
La indignación sindical se debe a la estrategia de algunos grupos parlamentarios, que han intentado dividir las medidas sociales en distintos decretos para facilitar su bloqueo. "No vamos a permitir que la derecha y la ultraderecha desmantelen el escudo social mientras intentan debilitar el sistema público de pensiones en favor de la privatización", ha advertido Huertas. Desde CCOO, Unai Sordo ha asegurado que "la presión de la calle ha sido clave para la aprobación del nuevo decreto, pero no vamos a bajar la guardia".
Las protestas también han contado con el respaldo de organizaciones vecinales y plataformas sociales, que han coincidido en denunciar el deterioro de las condiciones de vida de la población más vulnerable y el riesgo de que las medidas de protección social sigan siendo utilizadas como moneda de cambio en el Congreso. "La sociedad está harta de estrategias políticas que solo buscan el desgaste del Gobierno sin importar las consecuencias para la ciudadanía", han manifestado los portavoces de las asociaciones convocantes.
Un llamamiento a la responsabilidad política
El nuevo Real Decreto-Ley 1/2025, aprobado por el Consejo de Ministros, ha recogido la mayor parte de las medidas del decreto anterior, incluyendo:
- Revalorización de las pensiones contributivas y no contributivas.
- Prórroga de la moratoria antidesahucios.
- Ampliación de las ayudas al transporte público.
- Refuerzo del Ingreso Mínimo Vital.
- Ayudas para los afectados por desastres naturales.
Sin embargo, los sindicatos advierten que aún quedan pendientes cuestiones fundamentales, como la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional y la implementación de medidas en materia de vivienda. "Seguimos en la calle porque hemos visto lo fácil que es que los derechos sociales queden en suspenso por cálculos electorales", ha declarado Sordo.
Un mensaje claro: la lucha sigue
Las movilizaciones han servido también como una advertencia al Gobierno y al Congreso. "No se trata solo de aprobar el decreto, sino de garantizar que no vuelva a ocurrir una situación como esta. No permitiremos que las pensiones y las ayudas sociales sean utilizadas como chantaje político", ha afirmado Huertas.
Con miles de personas en las calles de toda España, el mensaje de los sindicatos ha sido claro: la protección de los derechos sociales no está en venta. Y si la clase política no actúa con responsabilidad, la movilización continuará.