El próximo 2 de febrero, UGT y CCOO han convocado movilizaciones en toda España para denunciar el uso político y oportunista de los derechos sociales y laborales. Los sindicatos han alzado la voz contra los intentos de algunos partidos de bloquear medidas fundamentales que afectan a millones de ciudadanos.
"Los derechos de la gente no pueden ser rehenes de estrategias políticas a corto plazo", afirman los organizadores, quienes consideran que la reciente no convalidación del Real Decreto Ley 9/2024 fue un ataque directo contra la protección social.
Pensiones, vivienda y transporte: derechos en peligro
Las consecuencias de este bloqueo parlamentario han sido graves y han puesto en riesgo avances cruciales:
- Más de 10 millones de pensionistas vieron amenazada la revalorización de sus pensiones.
- 2 millones de personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV) quedaron en la incertidumbre.
- El incremento de las pensiones mínimas entre un 6% y un 9% estuvo en peligro.
- La moratoria de desahucios para familias vulnerables se paralizó.
- El apoyo al transporte público para más de 20 millones de usuarios fue puesto en duda.
- Las ayudas a las víctimas de la DANA y el volcán de La Palma quedaron bloqueadas.
Ante este panorama, UGT y CCOO consideran que no se trata de un simple debate sobre la presentación de medidas en uno o varios decretos, sino de una estrategia política que perjudica a la mayoría social en favor de intereses partidistas.
La presión sindical obliga a rectificar
Gracias a la presión social y sindical, el Gobierno ha aprobado el nuevo Real Decreto Ley 1/2025, que recupera las medidas bloqueadas. Ahora, la responsabilidad está en manos de los grupos parlamentarios, que han asegurado que esta vez sí respaldarán la protección social:
- Subida de las pensiones contributivas y no contributivas.
- Refuerzo del Ingreso Mínimo Vital.
- Paralización de desahucios.
- Financiación del transporte público asequible.
- Ayudas a afectados por catástrofes naturales.
Un paso adelante, pero la lucha continúa
Los sindicatos advierten que esto no es suficiente. La falta de presupuestos generales para 2025 mantiene en la cuerda floja muchas políticas esenciales, como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, la financiación de los servicios de atención a la dependencia y la implementación de los fondos europeos para la recuperación económica.
Por ello, UGT y CCOO reiteran su llamamiento a la movilización:
- Exigen que los partidos cumplan su palabra y aprueben las medidas sociales sin más dilaciones.
- Reclaman que se prioricen las necesidades de la ciudadanía y no los intereses políticos.
- Piden que nunca más se ponga en riesgo la protección social.
El 2 de febrero, las calles hablarán
La presión ciudadana ya ha demostrado ser efectiva. Ahora, UGT y CCOO convocan a la sociedad a unirse a las movilizaciones del 2 de febrero para defender lo que es de todos: un sistema de protección social justo y garantizado. Porque los derechos no son un favor ni una concesión, son una conquista que no se puede negociar.