El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a cargar contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien ha acusado de actuar como "un delincuente común" por haber borrado los mensajes de su teléfono el día en que el Tribunal Supremo abrió una investigación en su contra. Sin embargo, en medio de la polémica, está pasando desapercibido un hecho aún más grave: la filtración de datos personales del fiscal y de periodistas, en lo que se interpreta como una coacción para evitar que los medios sigan investigando ciertos casos.
Feijóo insiste en criminalizar al fiscal general
En una entrevista en la cadena COPE, Feijóo ha insistido en que García Ortiz "borró las pruebas que le incriminan" y que su actitud es "insólita en cualquier democracia occidental". El líder del PP, sin presentar pruebas de que esos mensajes contenían algo incriminatorio, ha concluido que el fiscal debería haber dimitido "el mismo día en que se abrió la investigación".
Al mismo tiempo, Feijóo ha expresado su desconfianza hacia el Tribunal Constitucional, sugiriendo que podría estar controlado por el Gobierno. "Espero que no manosee las sentencias del Supremo", ha afirmado, en referencia a la posibilidad de que el Constitucional revise el caso.
Una filtración que pone en peligro la seguridad de fiscales y periodistas
Mientras la oposición centra su discurso en desprestigiar al fiscal general, ha pasado casi inadvertida una revelación de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil): la filtración de datos personales de García Ortiz, de la exfiscal general Dolores Delgado, de miembros de las fuerzas de seguridad y, lo que es aún más grave, de periodistas.
Los datos filtrados incluyen números de teléfono, direcciones particulares y otros detalles que pueden comprometer la seguridad de las personas afectadas. En el caso de los periodistas, esta práctica no solo pone en riesgo su integridad, sino que supone un ataque frontal contra la libertad de prensa.
Uno de los afectados, el periodista Miguel Ángel Campos de la Cadena SER, ha denunciado que ha comenzado a recibir llamadas anónimas desde que sus datos aparecieron en el proceso. Campos fue el periodista que reveló que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, había solicitado un acuerdo con la Fiscalía tras reconocer un fraude fiscal. La filtración de su información personal no puede interpretarse de otro modo que como una represalia.
La Agrupación de Periodistas de UGT ha mostrado su apoyo a al periodista Miguel Angel Campos tras la filtración de sus datos personales e insta a las autoridades competentes a que adopten todas las medidas de protección personal y de la intimidad que procedan.
La @AgrupacionUgt muestra su apoyo al periodista de @La_SER Miguel Angel Campos tras la filtración de sus datos personales e insta a las autoridades competentes a que adopten todas las medidas de protección personal y de la intimidad que procedan.https://t.co/90kzIFitpn
— Agrupación de Periodistas de UGT (@AgrupacionUgt) February 11, 2025
El precedente que abre la puerta a la intimidación
Que se expongan datos personales de fiscales y periodistas en un procedimiento judicial es algo sin precedentes en la historia reciente de España. No solo vulnera el derecho a la privacidad, sino que envía un mensaje inequívoco: quien investigue ciertos asuntos puede acabar siendo el siguiente en la lista.
Es inaudito que un Estado de derecho tolere esta situación. La libertad de prensa es una de las piedras angulares de la democracia, y cuando los periodistas son intimidados de esta manera, se erosiona el derecho de la ciudadanía a estar informada. Sin prensa libre, no hay control sobre el poder.
La UCO desmonta la teoría del PP sobre el fiscal general
Mientras Feijóo insiste en que García Ortiz "borró pruebas", el informe de la UCO revela una realidad diferente: en los días clave de la supuesta filtración, el fiscal general no tuvo contacto con periodistas. El análisis de las llamadas entrantes y salientes en su teléfono móvil entre el 8 y el 14 de marzo confirma que no habló con nadie ajeno a la Fiscalía.
La misma investigación también revela que el borrado de mensajes era una práctica habitual de García Ortiz por razones de seguridad, ya que manejaba información altamente confidencial. Por tanto, la acusación de Feijóo de que "borró pruebas incriminatorias" carece de base.
Además, el testimonio de Miguel Ángel Campos refuerza la versión del fiscal general. En su declaración ante el juez, el periodista insistió en que no recibió ninguna filtración de la Fiscalía, sino que contrastó la información con diversas fuentes antes de publicarla. "Llamé a muchas personas para verificar la información, entre ellas al fiscal general, pero nunca me respondió", declaró Campos.
La estrategia de distracción del PP
Resulta llamativo que el PP haya convertido a García Ortiz en su principal objetivo político mientras ignora un hecho tan grave como la filtración de datos de periodistas. En un país donde la libertad de información está protegida constitucionalmente, el silencio de Feijóo sobre este asunto es ensordecedor.
Esta estrategia no es nueva: el PP ha utilizado el "lawfare" (uso político de la justicia) como arma para erosionar al Gobierno y desviar la atención de otros escándalos, como la corrupción en el Ayuntamiento de Madrid o las investigaciones sobre contratos durante la pandemia.
La exposición de datos personales de periodistas con la intención de amedrentarlos no puede normalizarse. Es una amenaza directa contra la democracia, y quienes la toleran o la justifican se convierten en cómplices de un ataque frontal a la libertad de prensa.
Es imprescindible que se investigue quién facilitó estos datos y que se garantice la seguridad de los periodistas afectados. Si no se pone freno a esta práctica, se estará enviando un mensaje peligroso a la sociedad: que la intimidación y la coacción son válidas cuando el objetivo es silenciar a quienes investigan el poder.
Mientras tanto, la oposición seguirá centrada en desgastar al Gobierno y atacar a un fiscal general que, según las pruebas disponibles, no hizo nada ilegal. Pero la pregunta clave sigue sin respuesta: ¿quién protege a los periodistas que hoy ven sus datos expuestos por hacer su trabajo?