El Gobierno impulsa una reforma de la ley electoral que obligará a todas las televisiones públicas a celebrar, como mínimo, un debate plural en cada elección y exigirá publicar los microdatos de las encuestas.
Adiós a los cara a cara exclusivos: llega el debate obligatorio y plural
La política española se prepara para un giro significativo en la forma en que se comunican las campañas electorales. El Gobierno ha presentado un anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que promete acabar con los tradicionales cara a cara entre líderes políticos en medios públicos y establecer nuevas normas para garantizar más pluralidad y transparencia en los procesos electorales.
La propuesta está en fase de audiencia pública hasta el 26 de junio, tras lo cual pasará por segunda vuelta en el Consejo de Ministros y comenzará su tramitación en el Congreso. Entre sus principales novedades, destaca la obligación de los medios de titularidad pública de organizar, al menos, un debate electoral en cada campaña y la asistencia obligatoria de todos los partidos con representación previa.
Debates más abiertos, menos exclusividad
Una de las medidas estrella de esta reforma es la eliminación práctica de los cara a cara exclusivos en las televisiones públicas. A partir de ahora, los debates organizados por RTVE o cadenas autonómicas como Telemadrid, Canal Sur o À Punt deberán incluir a todas las formaciones con representación parlamentaria en las anteriores elecciones equivalentes. Es decir, ya no será posible celebrar encuentros televisivos con solo dos candidatos en los medios públicos.
La asistencia a estos debates será obligatoria. Si un partido que obtuvo representación en los comicios anteriores vuelve a concurrir, tendrá que acudir salvo que alegue una causa justificada que deberá validar la Junta Electoral. Si alguien se ausenta sin motivo aceptado, el medio público deberá informar de ello de forma explícita durante la campaña.
Con esta medida se busca evitar polémicas como la ocurrida en las elecciones generales de 2023, cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se negó a participar en el debate organizado por RTVE junto a Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal. Este tipo de ausencias voluntarias dejarán de ser una opción sin consecuencias.
Todas las televisiones públicas deberán organizar debates
La obligatoriedad no se limita solo a RTVE. El nuevo texto afectará también a las cadenas públicas autonómicas. De aprobarse esta reforma, cualquier convocatoria de elecciones generales obligará a Telemadrid, Aragón TV, IB3, Canal Sur o cualquier otra televisión pública regional a organizar, al menos, un debate electoral.
Esta decisión se basa en la intención del Gobierno de reforzar el pluralismo político y la igualdad de oportunidades entre candidatos, sin importar el territorio en el que se presenten. Así, por ejemplo, una formación que supere el 5% de los votos en una comunidad autónoma podrá reclamar su presencia en el debate organizado por el medio público de esa comunidad, aunque no tenga representación a nivel estatal.
Cobertura sujeta a revisión y encuestas con más transparencia
Otra de las novedades destacadas es que los órganos de dirección de los medios públicos deberán enviar sus planes de cobertura electoral a la Junta Electoral competente, que podrá validarlos o pedir modificaciones. Esto afectará tanto a debates como a entrevistas o cualquier contenido especial relacionado con las campañas.
Además, el anteproyecto refuerza los requisitos de transparencia sobre las encuestas electorales. Las empresas encargadas de realizar sondeos estarán obligadas a publicar los microdatos anonimizados, es decir, los datos individuales de las respuestas recogidas, siempre sin incluir información personal. Esta medida tiene como objetivo mejorar la fiabilidad de las encuestas, permitiendo que cualquier persona o medio pueda analizar de forma independiente cómo se han obtenido y tratado los resultados.
No obstante, el Gobierno ha decidido mantener la restricción que impide publicar encuestas durante los cinco días previos a las elecciones, una medida que algunos expertos consideran desfasada en plena era digital, pero que sigue vigente.
¿Quién tiene derecho a participar en los debates?
La reforma establece claramente quién podrá estar presente en los debates organizados por medios públicos. Tendrán ese derecho todas las formaciones políticas que hayan obtenido representación parlamentaria en las elecciones anteriores del mismo ámbito. Pero también podrán participar los llamados “grupos políticos significativos”.
Este concepto, ya utilizado por la Junta Electoral Central, se refiere a aquellas formaciones que, aunque no tengan representación parlamentaria previa, hayan obtenido al menos el 5% de los votos válidos en unas elecciones recientes dentro del ámbito territorial del medio que organiza el debate.
Por ejemplo, el partido “Se Acabó la Fiesta”, liderado por Alvise Pérez, no podría participar en un debate nacional en RTVE al no haber superado el 5% de los votos a nivel estatal. Sin embargo, sí podría estar presente en debates organizados por cadenas autonómicas donde haya superado ese umbral en las elecciones europeas.
UGT: “Los debates deben celebrarse en RTVE y EFE”
Desde la Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT) se ha valorado positivamente la medida, pero también han lanzado una petición clara: que los debates electorales obligatorios se celebren en los medios públicos estatales, como RTVE y la agencia EFE, en el caso de elecciones generales y europeas.
"Es fundamental que estos debates se celebren en plataformas de titularidad pública y con criterios profesionales, imparciales y de servicio público", han señalado desde el sindicato. UGT defiende que este tipo de espacios garantiza el derecho a la información y evita manipulaciones interesadas por parte de medios privados.
En el caso de comicios autonómicos, la agrupación propone que los debates se realicen en las cadenas públicas de cada comunidad. Y, en las regiones donde no existan estas cadenas, que se usen los centros territoriales de RTVE y EFE.
Desde UGT también han insistido en que los debates no pueden quedar al arbitrio de los candidatos. "No puede permitirse que los partidos decidan si quieren o no participar. La ley debe exigir su presencia como parte de sus deberes democráticos", subrayan.
Además, la agrupación defiende que no se limite la celebración de debates a un único encuentro obligatorio. "Cuantos más debates haya, más oportunidades tiene la ciudadanía de conocer y comparar propuestas políticas de forma plural y directa", concluyen.
Un cambio esperado
La reforma de la LOREG forma parte del Plan de Acción por la Democracia, aprobado en septiembre de 2024, que incluye un total de 31 medidas para mejorar la transparencia y la calidad democrática en España hasta 2027. La modificación actual responde también a la presión creciente sobre el Gobierno para adoptar medidas que refuercen la regeneración democrática, especialmente tras los recientes escándalos que han afectado al PSOE.
Aunque la norma necesitará mayoría absoluta para ser aprobada, el Ejecutivo confía en reunir los apoyos necesarios en el Congreso. La medida busca responder a una demanda social amplia: que los debates electorales no estén al arbitrio de los partidos o las cadenas, sino que formen parte de una cobertura obligatoria, plural y transparente.
Con esta reforma, el Gobierno pretende garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una información electoral más equitativa, clara y completa. Los debates ya no serán un privilegio limitado a los grandes partidos ni dependerán del interés mediático de los cara a cara. A partir de ahora, todos los partidos con representación —y aquellos que demuestren un respaldo significativo— deberán ser escuchados en igualdad de condiciones en los medios públicos.
En definitiva, una reforma que moderniza el sistema electoral en materia de comunicación y que pretende devolver a la ciudadanía el protagonismo en el debate democrático.