El Gobierno ha dado diez días a las comunidades autónomas para que actualicen sus datos de capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados. La medida, anunciada tras una tensa Conferencia Sectorial, pretende ordenar una respuesta solidaria y eficaz a una emergencia humanitaria creciente, pero se enfrenta a un bloqueo político por parte de varias autonomías del Partido Popular.
Una cuestión de responsabilidad compartida
Mientras Canarias y Ceuta alertan del desbordamiento de sus sistemas de acogida, el Gobierno central ha optado por un paso que busca romper la inercia: exigir a todas las comunidades autónomas cifras reales y verificables sobre su capacidad de acogida. Con esta información, se pretende establecer una base objetiva que permita redistribuir de manera proporcional a los menores migrantes no acompañados.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, explicó que esta solicitud se enmarca en el decreto-ley ya convalidado por el Congreso, el cual establece un reparto de menores sin necesidad de votación, aunque abierto a modificaciones si hay consenso unánime entre las comunidades. El objetivo, según señaló, es construir un modelo de acogida estable, basado en criterios técnicos y no en coyunturas políticas.
Esta medida no es un mero ejercicio burocrático. En un contexto donde la presión migratoria en algunos territorios se ha vuelto insostenible, conocer con exactitud los recursos disponibles en cada comunidad resulta esencial para evitar improvisaciones y desigualdades en la atención. Sin ese paso previo, cualquier plan de reparto quedará lastrado por la falta de información.
Del bloqueo político a la acción coordinada
La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada esta semana, lejos de acercar posturas, evidenció una fractura política profunda. Varias comunidades gobernadas por el Partido Popular denunciaron que el Ejecutivo no permitió votar el real decreto y acusaron al Gobierno de "imponer" criterios sin negociación.
Desde Castilla y León, la vicepresidenta Isabel Blanco criticó la falta de participación, mientras que desde la Comunidad Valenciana, Susana Camarero pidió una política migratoria integral con financiación adecuada. Catalina Cirer, en Baleares, habló directamente de una "tomadura de pelo", y la Junta de Extremadura denunció que se evitara la votación ante una “previsible derrota”.
Sin embargo, algunas comunidades sí mostraron disposición a cooperar. Andalucía, por ejemplo, reafirmó su compromiso con la acogida, aunque pidió proteger la atención a los menores ya integrados en su sistema. Y desde Canarias, epicentro del colapso, la consejera Candelaria Delgado expresó su frustración por la falta de acuerdos, pero también valoró la convocatoria de una nueva reunión dentro de dos meses donde sí se debatirán y votarán los criterios de reparto.
Un sistema al límite en territorios frontera
La saturación de los centros en Canarias y Ceuta ha convertido esta cuestión en una verdadera emergencia humanitaria. En 2024, el volumen de menores migrantes no acompañados ha desbordado todas las previsiones y ha tensado la capacidad de respuesta de los servicios sociales. El Gobierno pretende que el resto de comunidades asuma una parte equitativa del esfuerzo, en un intento por territorializar la solidaridad y evitar que la carga recaiga siempre sobre los mismos.
Sira Rego reprochó a las autonomías del PP su falta de propuestas en la conferencia: “Cero aportaciones, solo bloqueo”, lamentó. Pese a la tensión, insistió en que el decreto es modificable si hay voluntad política y reclamó “humanidad” y cooperación institucional para afrontar este reto de Estado. La iniciativa del Gobierno, más allá del ruido político, abre la puerta a un sistema de acogida más justo y planificado. La pregunta ahora es si los responsables autonómicos estarán dispuestos a anteponer el interés de los niños migrantes a las diferencias partidistas.