Pedro Sánchez ha afeado a Isabel Díaz Ayuso que “de cada 10 euros que el Gobierno de España ha dado a la Comunidad de Madrid para mejorar la vida de los madrileños, el Gobierno autonómico ha usado tres para hacer regalos fiscales a los más ricos”. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero de todos los contribuyentes va a fines para los que nos han sido destinados por el Estado, como por ejemplo financiar la Sanidad privada y, por qué no decirlo, comprar a tocateja, mediante publicidad institucional y subvenciones, a los medios de comunicación regionales. Esto explicaría por qué hay tanta prensa ayusista. Viven de la mamandurria, del chupito que les da el Gobierno regional, y jamás hablan mal de la jefa.
En realidad, cuando Sánchez dijo aquello de que quería terminar con la máquina del fango se estaba refiriendo a la injerencia del poder político en la prensa, mayormente regional. Sin embargo, aquel anuncio que vendió a bombo y platillo cuando se retiró a reflexionar sobre su futuro quedó en agua de borrajas. La situación (un cáncer para la democracia, ya que, sin prensa libre, sin un cuatro poder fuerte y organizado, no hay Estado de derecho) no es única de la Comunidad de Madrid. En otras regiones gobernadas por el PP, como la Valencia de Carlos Mazón y la Murcia de López Miras, la compra de medios afines, mediante la inyección de la conveniente y jugosa propaganda institucional, está a la orden del día. Lógicamente, sobornar a los directores de los medios no solo tiene la finalidad de tenerlos bajo mano y en el redil: también sirve para contrarrestar y amordazar al periodismo libre, independiente y crítico.
“La falta de transparencia y de criterio común impide realizar una evaluación exacta de la publicidad institucional que realizan tanto el Gobierno central como los diferentes gobiernos autonómicos e incluso los ayuntamientos. Todo cuenta por separado. Y con frecuencia ese dinero es el principal soporte de medios de comunicación con una difusión limitada y un sesgo ideológico afín al Ejecutivo de turno, en detrimento de la pluralidad informativa”, asegura en una de sus informaciones el diario Público.
El mal viene de lejos, no solo de ahora. Desde hace décadas los políticos regionales han metido mano en los periódicos, radios y televisiones locales, de tal forma que, en esos lugares, en esas comunidades, no se levanta un solo caso de corrupción contra el poder. En tiempos de las vacas gordas, los jerifaltes autonómicos solían contar con la ayuda de las cajas de ahorro (que tenían bajo su dominio y control, abriendo y cerrando el grifo a su antojo), y también con los empresarios locales, generalmente del sector de la construcción, que movía en buena medida el dinero negro. Una parte de ese flujo iba a parar a los medios de comunicación en forma de publicidad.
No hace mucho, una quincena de medios independientes pidió, conjuntamente, una reforma de la Ley Acuerdo Marco de Publicidad Institucional de 2005, en la que se obligue a medios y administraciones a actuar con la máxima transparencia, así como criterios de respeto a la igualdad y la diversidad para fomentar la pluralidad y la calidad informativa. Por resumir la cuestión, el panorama general de los medios locales (serviles y amansados por el poder autonómico) muestra una falta generalizada de criterios objetivos a la hora de invertir tanto en publicidad institucional como, sobre todo, en publicidad comercial de las empresas públicas. Es decir, el político saca dinero de la caja B, lo inyecta en el medio, a dedo y sin adjudicación oficial, y el contrato se riega con un buen vino en una cena secreta entre políticos y directivos de medios. De grandes cenas están las tumbas de la prensa española llenas, por parafrasear el dicho popular.
“En los artículos generados por este proyecto y publicados hasta ahora hay un denominador común: la opacidad se extiende por todo el proceso de contratación de estos servicios. A partir de esa premisa, la posibilidad de corrupción, malversación y manipulación informativa está servida: lo que no se ve, no existe”, asegura Público.
Investigadores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Castilla La Mancha, llevaron a cabo un trabajo sobre el asunto cristalizando en una serie de recomendaciones y medidas correctoras para acabar con este cáncer. Las conclusiones se expusieron en su día a los diferentes grupos parlamentarios. Nunca más se supo.
Todo esto ha ocurrido siempre, también durante los mandatos de Felipe González, Aznar y Mariano Rajoy. En un artículo firmado por Isabel Fernández –investigadora principal– y Marc Espín Heras, se muestra que no se han detectados cambios notables ni en las políticas ni en la “enorme dificultad para acceder a los datos concretos de los contratos realizados”, aunque “varía según los ministerios a los que se requiere la información”.
Ambos autores concluyen que “los opacos procedimientos descritos refuerzan las frecuentes críticas que apuntan a que la contratación de la publicidad institucional por las administraciones públicas constituye una forma encubierta de ayudas a medios afines al poder de turno”.
El organismo encargado de vigilar la publicidad institucional de la Administración General del Estado es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), una labor que según otro artículo —firmado por la investigadora de la UAB Ana Fernández Viso— “resulta insuficiente y parcial”, dado que lo ideal sería una fiscalización por parte de una “autoridad independiente del Poder Ejecutivo”.