Diario16 siempre se ha caracterizado por ser una publicación crítica con el funcionamiento de la Justicia española. Pero ya no es que lo digamos nosotros. Hasta la Cadena Cope, medio de comunicación de los obispos y gran abanderado de la caverna mediática, se atreve a denunciar la situación de descomposición que vive nuestro Poder Judicial y por ende nuestros juzgados y tribunales. Así, en un editorial del pasado 23 de junio, la radio episcopal aseguraba: “La situación en la que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial está despertando preocupación y perplejidad en Europa. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se ha sumado a las críticas del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea con una sentencia en la que establece que algunas decisiones del Gobierno español sobre los procesos de renovación del CGPJ suponen una conculcación indirecta del Tratado Europeo de Derechos Humanos. La imposibilidad de un acuerdo entre el PSOE y el PP sobre esta cuestión tiene consecuencias para uno de los pilares del Estado de Derecho, la independencia judicial. La situación ha provocado un daño evidente para la autonomía y el reconocimiento institucional de una de las bases de nuestro sistema democrático”.
Hasta se permiten darle un palito al Partido Popular por tener bloqueada la renovación del CGPJ. Desde que llegó a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo no ha movido un solo dedo para desbloquear la situación. Tiene la Justicia apestillada sabedor de que quien controla la sartén de la Justicia por el mango posee la mitad del poder en sus manos.
Más tarde, el 7 de septiembre de este mismo año, la Cope volvía a denunciar la situación de preocupante degeneración de nuestro sistema judicial. “Safira Cantos, abogada y Directora General de la Fundación 'Hay Derecho', explica en La Linterna qué consecuencias tiene que el sistema continúe bloqueado: ‘Hay un problema de descarada politización para querer capturar el poder de la cúpula del poder judicial. Está en funciones y hay parte de sus competencias que no pueden ejercer. No se puede proceder a los nombramientos del Tribunal Supremo y, ahora mismo, hay un 30% de vacantes entre los magistrados del TS porque es el CGPJ quien les nombra’. O sea, que se reconoce que la Justicia española está politizada, algo que viene denunciando desde hace años Diario16sin que se nos haga caso y tachándonos de subversivos, peligrosos comunistas o revolucionarios antisistema.
Según la Memoria Anual del Ministerio Público, correspondiente a 2022, el 53 por ciento de los juicios previstos en los juzgados de lo penal se suspendieron, superando las cifras de años anteriores, cuando la actividad judicial se paralizó a raíz de la pandemia y los estados de alarma. Además, de media, se tarda cerca de 362 días para poder resolver una resolución en primera instancia de un litigio de naturaleza civil o mercantil. A todo eso hay que sumar los problemas que existen con el bloqueo del CGPJ y las vacantes dentro del Tribunal Supremo, dice la Cope.
Como consecuencia de la situación actual, se estima que se han cancelado “más de 1.300 sentencias debido a la falta de cobertura de vacantes”. Safira Cantos apunta que “el sistema tiene unos problemas de retraso muy graves. Ahora mismo, los juzgados ordinarios tienen juicios en primera instancia que se están poniendo en vista de 2026/27. Esto es una barbaridad, mientras a los ciudadanos se nos exige que cumplamos escrupulosamente los plazos”. Lo dicho, no somos nosotros. Hasta la caverna reconoce que la Justicia española, pilar básico del sistema democrático, tocó fondo hace ya mucho tiempo.