Arrecia la operación política para derrocar a Pedro Sánchez y convocar elecciones anticipadas. El caso Koldo, con el cese del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha puesto al Gobierno contra las cuerdas y cualquier cosa puede ocurrir, desde que Sánchez decida someterse a una cuestión de confianza hasta que disuelva las Cortes y convoque elecciones anticipadas. La pinza es total contra el sanchismo. Todos los medios de comunicación, salvo excepciones, se han sumado a la campaña para obligar a Presidencia a poner las urnas. Es una operación antidemocrática de inspiración ultraderechista. Estamos ante un Gobierno legítimamente constituido que tiene todo el derecho del mundo a seguir con su agenda política y social. Y por supuesto todo el derecho del mundo a agotar la legislatura. Cuestión distinta es que Feijóo logre reunir los escaños suficientes para impulsar una moción de censura, pero no parece el caso. Los nacionalistas catalanes y vascos, PNV, Bildu, Esquerra y Junts, no le van a prestar a sus diputados una semana después de que Isabel Díaz Ayuso haya faltado al respeto a las lenguas cooficiales.
Y tampoco parece muy lógico que los regionalismos periféricos se suban al barco de la moción de censura de la derecha española sabiendo que en el próximo Gobierno estará Vox, un partido franquista que apuesta por acabar con el modelo de descentralización de las comunidades autónomas. Si, pese a lo que parece, Feijóo logra armar una mayoría parlamentaria, tendrá el aval democrático necesario para desalojar a Sánchez del poder. Mientras tanto no. Y cualquier otra iniciativa será catalogada de golpismo civil.
Esta tesis resulta impecable desde el punto de vista político, ético y filosófico, pero pese a todo, los medios de comunicación de este país (salvo contadas y honrosas excepciones, como decimos) piden urnas alegremente. El discurso de Feijóo, el váyase señor Sánchez, es profundamente antidemocrático. Como lo es también lanzar a la horda fascista contra Ferraz para, con amenazas graves e insultos, tratar de intimidar a los militantes del PSOE. La democracia tiene unos procedimientos y unos tiempos que es preciso respetar. Por muy grave que sea el caso Koldo, y los audios de la UCO que hablan de mordidas y comisiones para Santos Cerdán, Ábalos y Koldo García, solo hay una forma de acabar con el sanchismo: derrotarlo en el Parlamento. Todo lo demás podrá ser considerado movimientos antidemocráticos propios de otros tiempos felizmente superados. ¿Hasta dónde piensa llegar Feijóo, hasta un asalto a la Moncloa como hicieron en su día los acólitos de Trump con el Capitolio de Estados Unidos? El ambiente político está enrarecido, crispado al máximo. PP y Vox han calentado la caldera, agitando el odio antisanchista en la calle. Que abandonen toda esperanza de llegar al poder desde las barricadas. La democracia tiene sus propios medios para defenderse.
El final del sanchismo llegará cuando el presidente del Gobierno decida convocar elecciones, tal como ordenan la ley y la Constitución. Y si en las próximas semanas aparecen nuevos indicios de corrupción que puedan salpicar a Moncloa será ese el momento, y solo ese, de que el dirigente socialista se plantee la dimisión y la convocatoria de comicios. Pero conviene insistir: en un país democrático es el Gobierno quien decide, con arreglo a los tiempos marcados en su Carta Magna. El competente para abrir un nuevo proceso electoral. Lo demás, cualquier intento de subvertir el normal desarrollo del Estado de derecho y el imperio de la ley, no es más que lawfare, cloaca policial, retorno al autoritarismo y matonismo callejero falangista (los últimos incidentes de acoso político a las puertas de Ferraz no auguran nada bueno).
Por tanto, más allá de esas operaciones cloaqueras, cabe preguntarse qué es mejor para el país, que siga Pedro Sánchez en el poder hasta agotar la legislatura o que se instale un Gobierno del PP apoyado en Vox, un partido ultra nostálgico del régimen anterior, antieuropeísta, machista, anticientífico, negacionista y xenófobo. Gente que no cree en la democracia, tal como la conocemos. Sería un paso atrás de más de cincuenta años, un salto atrás en el tiempo, una derrota para este país que, con tanto esfuerzo y con trabas de los poderes fácticos reaccionarios, ha alcanzado elevadísimas cotas de libertad y derechos cívicos en las últimas décadas. Con Vox en el Consejo de Ministros todo lo que ha avanzado la sociedad española quedaría destruido, como está pasando en Estados Unidos, donde los norteamericanos están teniendo que salir a la calle a defender la democracia. Si Feijóo no tuviese detrás el lastre de los neofascistas ya sería presidente del Gobierno.
Sánchez ha tomado medidas drásticas contra la corrupción, cosa que el PP nunca hizo. Primero apartando a las manzanas podridas, después anunciando medidas de regeneración. Hay una diferencia, no todos los políticos son iguales. Si se desmuestra que Sánchez estaba enterado de la trama Koldo tendrá que presentar la dimisión. Antes no. Ni siquiera hay una acusación formal contra él. En los papeles de Bárcenas aparecía un tal Mariano Punto Rajoy como receptor de sobresueldos en negro y nada se hizo por investigar al anterior presidente. Contra el actual inquilino de Moncloa no hay nada, de momento, en el juzgado, lo cual no quiere decir que no lo haya en los próximos días.
No dan los números
El PP de Alberto Núñez Feijóo necesita 176 votos en el Congreso para desalojar a Sánchez de Moncloa mediante una moción de censura. Con la actual composición de la Cámara Baja, la suma del Partido Popular (137 diputados) y el partido de ultraderecha Vox (33) no es suficiente (170), por lo que ambos necesitarían el apoyo de un tercer grupo.
Junto con Vox, el apoyo de Sumar con 27 diputados, ERC con 7, Junts con 7 o EH Bildu con 6 daría para sacar a Sánchez de la Moncloa, es decir, bastaría con que uno de esos grupos apoyase la moción. Sin embargo, en el caso de las dos primeras formaciones y la coalición abertzale, políticamente parece poco probable o imposible esa vía.
En el caso de los de Carles Puigdemont sería posible por mayor afinidad y cercanía política en sus posicionamientos sobre algunas cuestiones. De hecho, Feijóo ha intentado presionar a Junts en más de una ocasión en esta legislatura.
En ese sentido, el líder del PP también ha intentado acercarse al PNV (5 diputados) para sumarlo a una posible iniciativa conjunta con Vox, pero los jeltzales se han negado hasta el momento, afirmando que no apoyarán una iniciativa con el partido ultraderechista en la ecuación. En todo caso, pese a recibir el refrendo del PNV, en ese supuesto haría falta un único diputado más para que la moción prosperase, que podría provenir del grupo mixto, donde convergen fuerzas antagónicas como UPN, BNG, Podemos o CC.
La moción de censura, recogida en el artículo 113 de la Constitución española de 1978 y en los artículos 175 a 179 del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene que ser propuesta al menos por la décima parte de los miembros del Congreso de los Diputados (actualmente 35), y ha de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.