El humo no es suficiente para tapar una década de políticas fallidas en materia forestal. Castilla y León no arde por casualidad, sino por una gestión que ha abandonado el medio rural y despreciado el bien común.
Mientras miles de hectáreas se consumen y miles de vecinos siguen desalojados, la Junta de Castilla y León insiste en lanzar balones fuera. Pero los datos, las leyes y la hemeroteca dejan clara una realidad incómoda: la competencia es suya y la responsabilidad también.
En medio del humo y la devastación, cuando más de 340.000 hectáreas han ardido en todo el país —con León, Zamora y Ourense como epicentros—, la Junta de Castilla y León ha optado por su viejo manual de gestión de crisis: eludir responsabilidades, cargar contra el Gobierno central y alimentar bulos para distraer de una realidad que duele.
El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado públicamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez de no enviar medios “hasta pasadas 48 horas”, una afirmación que no se sostiene. La propia ministra de Defensa, Margarita Robles, desmintió la narrativa: la UME está desplegada desde el 2 de agosto. Y a diferencia de los argumentos lanzados desde la Junta, el Ejército no tiene competencias ni medios para liderar las tareas de extinción.
Pero más allá de la guerra de declaraciones, hay una verdad difícil de tapar: la gestión forestal es competencia autonómica, como recoge la Ley de Montes. Y Castilla y León lleva años incumpliendo su parte del contrato con la ciudadanía.
Menos prevención, más propaganda
Desde 2009, la Junta ha recortado un 90% la inversión en prevención de incendios: de más de 10 millones a apenas 1,4 en 2022. El dato es demoledor, y más aún si se compara con la media estatal, donde el recorte fue del 51%. En Castilla y León, mientras tanto, el monte crece sin gestión, y con él, el combustible natural que alimenta las llamas.
El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, lleva casi una década al frente. En 2018 calificó de “absurdo y un despilfarro” mantener brigadas activas todo el año. Hoy, mientras cientos de pueblos son desalojados y se pide su dimisión en las calles de León, sigue sin rectificar.
El mito del “terrorismo pirómano”, al que también Feijóo recurre cada verano, ha regresado. Pero no hay bandas organizadas, ni enemigos invisibles. Lo que hay es abandono, falta de planificación y desprecio por el mundo rural. Lo que hay es una Junta que, lejos de fortalecer lo público, externaliza servicios, precariza plantillas y rehúye sus responsabilidades.
Bomberos forestales precarios, bosques indefensos
El deterioro no solo se nota en el presupuesto. Se nota en quienes se juegan la vida apagando fuegos. El PP y Vox votaron en contra en 2024 de una ley que buscaba reconocer a los bomberos forestales como empleados públicos, garantizarles estabilidad, formación y medios todo el año. Lo tacharon de “ideología” y “brindis al sol”. Mientras, la plantilla se fragmenta entre empresas públicas, privadas y contratos precarios. La rotación es tan alta que cada año deben formarse nuevos equipos desde cero.
Más de 4.000 profesionales trabajan en condiciones “insufribles”, según los sindicatos, sin consolidación ni horizonte laboral claro. Mientras tanto, la Junta sigue sin activar un operativo integral de prevención anual, como exige la ley.
La oposición lo ha denunciado en reiteradas ocasiones. Tras los incendios de 2022 en la Sierra de la Culebra, que dejaron 65.000 hectáreas calcinadas y cuatro muertos, toda la oposición pidió un operativo estable durante todo el año. El PP y Vox lo rechazaron. Hoy, las consecuencias vuelven a ser trágicamente visibles.
El humo no puede tapar la realidad. Castilla y León arde no por fatalidades inevitables, ni por conspiraciones climáticas, sino por años de abandono institucional, por políticas que han convertido los montes en bombas de biomasa, y por una administración que invierte más en propaganda que en prevención.
La gestión forestal no se improvisa ni se maquilla con ruedas de prensa con telón de fondo. Se planifica, se financia y se respeta. Y en ese examen, la Junta del Partido Popular lleva años suspendiendo.