Una investigación impulsada por RUGE - Revolución Ugetista, la organización juvenil de UGT, ha logrado que la Seguridad Social dé de alta a 173 estudiantes que realizaban prácticas en condiciones abusivas. La Inspección de Trabajo ha sancionado a empresas y escuelas de formación privadas que empleaban a estos jóvenes como trabajadores, sin contrato ni cotización, bajo el disfraz de prácticas formativas.
Prácticas encubiertas, trabajo real
La campaña de denuncias se inició en mayo de 2022, coincidiendo con la apertura del diálogo social sobre el futuro Estatuto del Becario. Sin embargo, el trabajo de campo comenzó ya en 2019. RUGE detectó un patrón preocupante: escuelas de negocio y centros privados de formación ofrecían másteres que incluían supuestas prácticas, no vinculadas a ningún plan oficial de estudios, que en realidad escondían relaciones laborales encubiertas.
Estas escuelas, actuando como agencias de colocación ilegales, publicaban ofertas en portales de empleo. Los aspirantes, para acceder a las prácticas, debían pagar un máster impartido por la propia entidad formativa. Solo conocían el nombre de la empresa en la que iban a trabajar en el momento de firmar el convenio.
Trampas contractuales y doble fraude
Una vez firmados los convenios, los estudiantes quedaban atrapados por cláusulas abusivas: si abandonaban las prácticas antes de tiempo, debían abonar el importe total del máster, que oscilaba entre 5.000 y 10.000 euros. A esto se sumaba una segunda irregularidad: durante ese periodo, realizaban funciones laborales reales, sin estar dados de alta ni percibir una remuneración justa.
La Inspección de Trabajo ha determinado que 173 de estos estudiantes fueron utilizados como trabajadores sin contrato, lo que ha motivado la correspondiente regularización de sus cotizaciones y la emisión de actas de infracción a las empresas.
Reconocimiento tardío y falta de recursos
Desde RUGE valoran positivamente la actuación de las autoridades laborales, pero critican la lentitud del proceso, que ha tardado más de tres años desde que comenzaron las primeras investigaciones. La organización advierte, además, que estas prácticas fraudulentas continúan produciéndose en otros territorios, bajo estructuras similares.
“Se trata de un sistema que explota a jóvenes bajo la promesa de experiencia laboral, pero que en realidad los convierte en mano de obra barata y sin derechos”, denuncian desde la organización juvenil de UGT.
Un paso necesario hacia el Estatuto del Becario
Para RUGE, este caso es una muestra clara de la necesidad urgente de un Estatuto del Becario que garantice derechos laborales reales y frene la precariedad estructural. Reclaman una respuesta coordinada entre administraciones, mayor dotación de recursos para la Inspección de Trabajo, y un cambio profundo en el modelo de acceso a las prácticas formativas. “No se puede permitir que se sigan encubriendo contratos laborales con convenios de prácticas vacíos”, concluyen.